Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...
- 04/02/2026 12:54
La iniciativa fue aprobada con cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, y será discutida en primer debate en el pleno
El anteproyecto de ley 295, que busca regular y limitar el servicio de escolta y seguridad personal a expresidentes de la República, avanzó a primer debate tras ser aprobado en comisión con cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
La iniciativa establece que el servicio de escolta financiado por el Estado tendrá un plazo máximo de 10 años, contados a partir del cese de las funciones presidenciales, salvo en casos excepcionales debidamente sustentados por razones de seguridad.
El anteproyecto fue presentado por el diputado Jhonathan Vega, del circuito 4-5, y plantea una modificación al esquema vigente, que actualmente permite a los expresidentes contar con escolta de manera indefinida, conforme a la Ley 55 de 19 de julio de 1996.
Fin a beneficios indefinidos
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca actualizar la normativa para adecuarla a las condiciones actuales del país, tanto en materia de seguridad como de control del gasto público.
“El objetivo es armonizar este beneficio con los principios de racionalidad del gasto, proporcionalidad, igualdad ante la ley y transparencia administrativa”, señala el documento que sustenta la iniciativa.
El texto argumenta que el plazo de 10 años permitiría garantizar la protección durante un periodo en el que aún podrían existir riesgos derivados de decisiones adoptadas durante el ejercicio del cargo, sin que ello se traduzca en privilegios permanentes financiados por el Estado.
Aplicación retroactiva
Uno de los aspectos centrales del anteproyecto es su aplicación retroactiva. La propuesta establece que la nueva normativa alcanzará a todos los expresidentes y expresidentas, independientemente del periodo en el que hayan ejercido el cargo.
Según el proponente, esta disposición refuerza el principio de igualdad ante la ley y evita tratamientos diferenciados entre exmandatarios.
Condiciones y límites del servicio
El anteproyecto fija límites claros al servicio de escolta. El número de agentes asignados no podrá exceder de cuatro por expresidente, y podrá reducirse progresivamente según evaluaciones de riesgo realizadas por las autoridades competentes.
Además, se prohíbe el uso del servicio de escolta para fines políticos, empresariales o personales ajenos a la seguridad. El uso indebido del beneficio podría conllevar su suspensión inmediata, sin perjuicio de otras responsabilidades legales.
Prórrogas solo por amenazas comprobadas
Una vez vencido el plazo de 10 años, el servicio de escolta cesará de forma definitiva. No obstante, el anteproyecto contempla la posibilidad de prórrogas temporales, únicamente cuando exista una amenaza comprobada, previa evaluación del Ministerio de Seguridad Pública y con autorización del Presidente de la República.
La propuesta también reconoce el derecho de los expresidentes a contar con un servicio de secretaría por dos años tras dejar el cargo. Este personal será considerado servidor público y estará adscrito al Ministerio de la Presidencia, entidad que fijará su remuneración.
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