Ministerio Público puede investigar, aseguran juristas

PANAMÁ. Las voces que exigen al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación de oficio se multiplican, frente al margen de críticas e interrogantes que han surgido tras las acusaciones reveladas a La Estrella por la ex jueza suplente Zulay Rodríguez en contra del grupo Pamago.

Rodríguez se mantiene firme en su disposición de aportar, bajo declaración jurada, todas las pruebas necesarias que confirman el complot maquinado por el grupo denominado ‘Perseguidos por Ana Matilde Gómez —PAMAGO)’, montado para lograr que la entonces procuradora de la Nación fuera separada de su cargo.

Sin embargo, preocupa el letargo que las autoridades competentes de los tres órganos del Estado—en especial las judiciales— le han dado a las acusaciones que destapan otro escándalo de corrupción en la era del gobierno del Cambio.

Reconocidos juristas panameños sostienen que los hechos denunciados tienen suficientes méritos para que se indague a los actores involucrados, entre ellos el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Abel Almengor y el constitucionalista Italo Antinori, así como también el presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Así lo considera el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Molino Mola, al sustentar que tanto la Asamblea Nacional como el Ministerio Público (MP) deben realizar las investigaciones pertinentes.

En el caso de la Asamblea —explicó— el cuerpo de diputados tiene que esperar que se presente la denuncia, porque así lo establece el Código Judicial.

Molino Mola agrega que cuando se involucra a un magistrado de la Corte y además la parte denunciante alega que se utilizaron instalaciones de la Presidencia para maquinar el presunto complot contra la ex procuradora Ana Matilde Gómez, hasta el mandatario de la nación podría ser llamado a rendir declaración indagatoria.

La legislación es clara al señalar que cualquier ciudadano panameño puede presentarse a realizar la denuncia con sus respectivas pruebas sumarias, que confirman la veracidad de que los hechos ocurrieron.

Mientras que por el lado del Ministerio Público —añade Molino Mola— las autoridades pueden realizar una investigación de oficio sin ningún inconveniente, porque en el artículo 1992 del Código Judicial se establece que ‘cuando un agente del MP tenga noticia, por cualquier medio, que en el territorio nacional donde ejerce sus funciones se ha cometido un delito deberá iniciar, de inmediato, la investigación sumaria respectiva...’.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, el procurador José Ayú Prado ya debió haber iniciado una investigación de oficio.

El jurista se mostró convencido de que si las investigaciones no se realizan se confirmaría que en realidad sí existen connotaciones políticas.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, instó a la parte denunciante a que presente formalmente una denuncia, aunque consideró que ‘no cree que el MP decida asumir una investigación sobre algunos hechos que se han estado ventilando a la luz pública, y que requieren una acreditación mucho más contundente’.

Maribel Jaén se unió a las voces que exigen se inicie una investigación de oficio que contribuya a recobrar la confianza en las instituciones de justicia.

Pero en medio de las presiones de la sociedad civil, ayer el procurador José Ayú Prado solo se limitó a decir que será ‘sumamente prudente y cauto, porque nosotros no podemos iniciar una investigación en contra de un magistrado de la Corte porque eso está prohibido’.

En tanto, el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea, Miguel Fanovich, dijo que está a la espera de que llegue la denuncia, adelantando que José Abel Almengor podría ser investigado mediante dicha comisión o a través de un comité especial.