Las pugnas en el Comité

PANAMÁ. Lidia González dice que fue envenenada y que, antes de saberlo, era una dirigente que escaló hasta la vicepresidencia en la Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal. En su agenda, anotó que el 27 de julio de 2010 fue sacada del Comité por faltar al reglamento interno.

Ella afirma que ese Comité se ha convertido en una ONG, en la que se puede atraer donaciones de la empresa privada y pueden haber componendas que no se reporten a los directivos de la agrupación. En medio de la charla, Lidia llora por ella y por sus dos hermanas muertas por causa del veneno. Retoma el tono de voz para calificar de espurio al Comité y a los estatutos que, dice, no fueron consensuados con los pacientes. Critica que quienes acopian fuerzas para cerrar la calle lo hagan solamente para que reintegren a Pascual en el Centro de Toxicología o para gritarle vulgaridades al director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez Llorens.

En el ojo de la tormenta está Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, quien fue retirado por Guillermo Sáez Llorens del Centro de Toxicología (Oficina de Censo, porque este centro aún no se ha inaugurado y estará ubicado en el viejo edificio de calle 17). Sobre estas acusaciones, Pascual asegura que se le puede preguntar lo que sea y narra el comienzo de la batalla.

Relata que el Comité surgió hace cuatro años con 17 miembros y que ahora son más de 20 mil en todas las provincias y que ya tienen personería jurídica; por ende, estatutos claros que serán una camisa de fuerza para quienes pertenezcan al grupo.

Gabriel habla de las expulsiones. Son unos cinco miembros que han sido eliminados porque han violentado el reglamento: algunos eran espías de las autoridades de la CSS, otros falsificaron documentos para ser incluidos en la lista de los afectados, además de ciertos individuos que insultaron y realizaron agravios a otros envenenados.

Pascual revela que el Comité no tiene patrimonio y que se financia ‘con el cuara a cuara’ de las reuniones semanales. De la actual directora de la Oficina de Censo de Afectados, Celia Cantón, Pascual sostiene que a ella se le solicitó ayuda para los envenenados que fueron apaleados por los agentes del SPI, y que la doctora se negó a hacerlo.

En las últimas protestas, los afectados han pedido la destitución de Cantón y de Guillermo Sáez Llorens de la institución.

Javier Díaz, director Nacional de Prestaciones Médicas de la CSS, comenta que Pascual sólo representa a un grupito de los afectados. Agrega que quien pide la destitución de la Dra. Cantón es Pascual, que ahora se queja de que el centro no atiende a los afectados, pero que cuando él estuvo en ese cargo nunca se quejó.

En la última reunión, recuerda Díaz, Pascual dirigía a un grupo pequeño y la otra masa de perjudicados no estaba de acuerdo con la decisión de él. Agrega que ha sacado a afectados del Comité, porque no están de acuerdo con él y que en la Asamblea dio la orden de sacar a tres perjudicados.

Pedro Montañez, uno de los expulsados de la agrupación, asegura que a Pascual lo siguen personas que ya fueron indemnizadas por el gobierno del ex presidente Martín Torrijos. Cita como ejemplo a su hermana, que recibió la suma de 80 mil dólares.

EXPEDIENTE Y REUNIONES

A mediados de diciembre, el fiscal primero superior Dimas Guevara remitirá a la Corte Suprema el expediente donde registra a 2,884 afectados, de los cuales 224 dieron positivo en la ingesta del veneno, 163 han fallecido y 61 son sobrevivientes.

Guevara llamó a rendir declaración a siete miembros de los once que integraban la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en 2006. Luego, la semana pasada, ordenó la separación de tres de los llamados a declarar de la actual Junta Directiva: Guillermo Puga, Manuel Tajú y Lastenia Canto.

Giuseppe Bonissi, procurador encargado, se reunió con 80 miembros del Comité para exponerles el estatus del expediente. Allí, los familiares le solicitaron que continúe con la certificación de los afectados.

Mientras esto ocurre, la pugna entre los miembros podría afectar la fuerza del movimiento.