Qué dice el decreto que declara el estado de emergencia en Bocas del Toro

En el decreto que declaró el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro, el cual fue aprobado por el Consejo de Gabinete este 27 de mayo, se destaca que se autoriza hasta 10 millones de dólares la suma total para la contratación especial a los ministerios y entidades públicas.

El Gabinete declaró el estado de emergencia en Bocas del Toro por las jornadas de protestas y huelga “ilegal” del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines.

Para atender esta crisis se designó una comisión especial que estará conformada por los ministros:

De la Presidencia, Juan Carlos Orillac;

El de Comercio, Julio Moltó;

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz;

Salud, Fernando Boyd Galindo;

Seguridad, Frank Ábrego,

Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

También estará la administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria De León.

La norma recordó que la huelga del sindicato fue declarada ilegal por las autoridades judiciales y laborales.

Por tal motivo, la empresa Chiquita Panamá, S. A. inició un proceso de despidos masivos al amparo de la ley, lo cual “agravará el desempleo en la provincia y la merma de actividades económicas en la región”.

Reglamentación

En la norma se establece que cada representante legal de ministerios o entidades públicas serán responsables por sus actos u omisiones durante la ejecución de estas contrataciones, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además, la Comisión de Alto Nivel, junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), serán responsables de coordinar las acciones necesarias para la ejecución de estas contrataciones, garantizando el cumplimiento de los objetivos y de las disposiciones legales.

En tanto, se autorizó al MEF para realizar la asignación y traslado de partidas presupuestarias o créditos extraordinarios que se requieran para estas contrataciones, sin perjuicio del rol fiscalizador de la Contraloría General de la República.

En caso de ser requerido, también se faculta al MEF para solicitar a la Asamblea Nacional la suspensión temporal de los límites financieros establecidos en la Ley No. 34 de 2008, relacionados con el artículo No. 11.

Finalmente, todos los ministerios y entidades deberán presentar informes detallados de los bienes y servicios adquiridos, incluyendo contratistas, montos y objetivos del gasto.

Esa información deberá subirse al portal de Contrataciones Públicas PanamaCompra dentro de los cinco días hábiles posteriores a la aprobación de cada contratación, garantizando así la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Esta resolución de gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación.