Reactivar la mina sin contrato-ley ni la Asamblea, la estrategia de Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó en el pódcast OliMezaTV que la reapertura de la mina en Donoso, Colón, podría concretarse mediante una asociación entre el Estado y la empresa privada, descartando completamente la figura de un contrato-ley como el utilizado en la gestión anterior.

“¿Cómo concluye la solución de la mina? No me atrevo en este momento a adelantar porque será parte de una negociación, en la que el Estado, puedo asegurar, jugará el papel de dueño”, afirmó Mulino en la entrevista con el creador de contenido Oli Meza.

El mandatario hizo hincapié en que el modelo anterior no se repetirá: “Cero contrato ley. Eso no va para la Asamblea con un contrato ley”. En su lugar, propone que el Estado estructure un mecanismo legal que permita la creación de una entidad estatal, en asociación con capital privado, para la explotación de la mina.

Mulino también criticó el manejo político del tema en el pasado, al manifestar que “la mina pagó los platos rotos del descalabro de la anterior administración sin capital político”, y acusó que el rechazo al contrato se convirtió en una “bandera politizada” en vez de un debate técnico.

El cierre de la mina, según el presidente, ha tenido un impacto directo en la economía nacional: “De la noche a la mañana Panamá perdió el 5 % del PIB, eso lo estamos viviendo y sufriendo”, dijo. Añadió que miles de empleos bien remunerados desaparecieron, afectando de forma grave a muchas familias.

“Todos aquellos que se oponen, ¿cuál es la opción? ¿Negarle el empleo digno y bien remunerado a toda esa gente que quedó guindada por ahí?”, cuestionó Mulino, al subrayar que su prioridad es responderle al país, “no a un grupito”.

La Estrella de Panamá consultó a juristas sobre lo comentado por el mandatario. El abogado Juan Ramón Sevillano, que también participó en la demanda de inconstitucionalidad del pasado contrato minero, declaró a este diario que la figura de la cual habla el presidente “no se da en cuanto a concesiones mineras”.

También explicó que es una forma de evadir el fallo dado por la Corte Suprema de Justicia. Aclaró que aunque la Constitución no prohíbe de forma explícita la minería, esta actividad es perjudicial para la salud y el medio ambiente, lo que es incompatible con la carta magna panameña.

Finalizó diciendo que si el presidente presenta esta figura como una opción para volver a reactivar las operaciones de la mina, se llevarán a cabo las acciones legales que deban darse.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) recibió la notificación formal de First Quantum Minerals que suspendió el arbitraje contra el Estado panameño.

De acuerdo con el MICI, en la tarde del 8 de abril de 2025 recibió la confirmación “formal” sobre decisiones adoptadas por First Quantum Minerals y su filial Minera Panamá, S. A.

First Quantum Minerals suspendió el arbitraje que mantenía en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Mientras que Minera Panamá desistió del arbitraje presentado contra la República de Panamá ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

El MICI indicó que sigue dándole seguimiento a esos procesos y comunicará oportunamente cualquier cambio o novedad en el tema.

La entidad aseguró además que las acciones realizadas por la administración de Mulino se llevaron dentro del “marco legal” del Estado de derecho.

En noviembre de 2023, la Corte declaró inconstitucional el contrato entre la minera y el Estado, luego de multitudinarias protestas por casi tres meses, que dejaron cuatro fallecidos.