Reestricciones de la AMP: administrador habría ignorado recomendaciones de junta directiva

La resolución de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que restringe por 10 años la información sobre concesiones, licencias de operación e investigaciones marítimas enfrenta el rechazo del presidente José Raúl Mulino y crecientes cuestionamientos de expertos y organizaciones de transparencia, que advierten que la medida vulnera el acceso a la información pública y puede afectar la confianza en uno de los sectores clave de la economía panameña.

El mandatario pidió a la entidad “reconsiderar” la medida publicada el pasado 28 de agosto en la Gaceta Oficial.

La Estrella de Panamá conoció por parte de un miembro de la junta directiva de la AMP que la resolución fue emitida bajo ordenes del director de la AMP, Luis Roquebert, sin acoger las recomendaciones realizadas por la misma en su momento.

Durante la discusión de la resolución, en marzo pasado, se había planteado solo considerar como confidenciales la documentación que estuviera protegida por secreto comercial y por ser de la defensa del Estado, sin embargo esto no fue reflejado en lo publicado el pasado viernes.

El documento establece como restringida “toda la información, documentación, actuaciones, informes técnicos, administrativos y legales” que reposen en determinados expedientes administrativos tramitados por la AMP y conocidos por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

La decisión abarca tres procedimientos: concesiones de áreas, licencias de operación para servicios marítimos auxiliares e investigaciones administrativas por infracciones a las normas bajo jurisdicción de la AMP.

De acuerdo con la resolución, estos expedientes contienen información comercial, contractual y técnica proporcionada por empresas en sus relaciones con el Estado. Por esa razón, la Junta Directiva considera que se trata de información de acceso restringido.

Toda esta información fue consultada con la asesora legal de la AMP antes de que la misma abandonara la entidad, hace una semana.

Por su parte, la AMP anunció en horas de la noche de ayer la convocatoria a una junta directiva extraordinaria con el fin de revisar la resolución.

Mantener bajo opacidad información relacionada a bienes públicos es inconveniente, particularmente para el sector marítimo y portuario, resalta el exmagistrado y exdirector General de Marina Mercante de la AMP, Guillermo Márquez Amado.

“En materia marítima y portuaria es muy significativo para la comunidad internacional, que es la mayor comprometida en las operaciones en esos sectores, que no haya un ápice de duda con respecto a la transparencia de cómo nosotros manejamos las concesiones”, sostuvo el experto al ser consultado por este diario.

Márquez Amado también subrayó el peso que tiene el sector marítimo y portuario en la economía panameña. Este representa una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB) del país, por lo que cualquier señal de falta de transparencia puede traducirse en dudas y pérdida de confianza entre los inversionistas.

Actualmente, Panamá mantiene 18 concesiones activas, que, tras el aumento de tarifas aplicado por la AMP el año pasado, generan aproximadamente $3,5 millones anuales al Estado y unos $20 millones en ingresos durante cinco años. Para el exfuncionario, garantizar transparencia en la administración de estos bienes públicos resulta fundamental para preservar la confianza en un sector estratégico para la economía nacional.

Por otro lado, el especialista en el sector portuario Carlos Ernesto González de la Lastra calificó la decisión de la AMP como un “error garrafal” y consideró que la medida debe ser revisada por la Junta Directiva de la entidad.

A su juicio, la restricción contradice los principios de gobernanza abierta y transparencia, especialmente porque se trata de información relacionada con bienes que pertenecen al Estado y, por tanto, a todos los ciudadanos.

“Los puertos son del Estado, lo dice la Constitución, y el Estado somos todos los ciudadanos. No se puede esconder una concesión simple y llanamente porque una junta directiva lo dice”, dijo a La Decana.

González De la Lastra sostuvo que mantener bajo reserva este tipo de información rompe con el principio de claridad que debe regir las actuaciones de una entidad pública y genera interrogantes sobre las razones detrás de la decisión.

Tras la decisión de la AMP, se han producido cambios en la forma en que la entidad presenta esta información en su sitio web. En el apartado de Puertos e Industrias Auxiliares ya no aparece el listado de empresas con avisos de operación suspendidos.

Del mismo modo, las empresas que cuentan con permisos provisionales o licencias de operación vigentes dejaron de mostrarse directamente como datos abiertos y ahora el usuario debe acceder a archivos PDF para consultarlas.

La información sobre las áreas concesionadas también perdió visibilidad. Anteriormente, el portal de la AMP ofrecía un mapa que permitía identificar la ubicación de las concesiones activas en el país. Actualmente, esa herramienta ya no está disponible y, en su lugar, el sitio remite a un PDF con los contratos de concesión vigentes.

Para José Digerónimo, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, esta situación puede generar problemas incluso para el funcionamiento cotidiano del propio sector.

“Si tú quieres entrar a un mercado, quieres saber quiénes son tus competidores. ¿Cómo vamos a funcionar si no tenemos acceso a esa información?”, explicó.

Además, señaló que las empresas que requieren contratar determinados servicios necesitan conocer cuáles compañías cuentan con licencia de operación.

Digerónimo consideró necesario que la AMP explique las razones detrás de la medida, especialmente porque es la primera vez que se toma una decisión como esta.

Asimismo, destacó que es necesario buscar mecanismos que permitan proteger aquella información que realmente deba ser confidencial sin impedir el acceso a datos de interés público.

Otro de los cuestionamientos provino del ex auditor de la Organización Marítima Internacional, Demóstenes Sánchez, quien sostuvo que el problema no es solamente el acceso ciudadano a la información, sino también la capacidad de fiscalización de la propia administración marítima.

“Mucho más después de las malas experiencias que hemos tenido en materia de concesiones y licencias de operaciones deberíamos tener más transparencia y fiscalización. Cuando las actuaciones son correctas, la transparencia es la mejor herramienta para demostrarlo”, expresó.

Una de las críticas más contundentes provino de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que calificó la actuación de la Junta Directiva de la AMP como un “claro abuso de poder”.

La organización sostiene que la Ley 6 de 2002 establece de manera específica cuáles materias pueden ser consideradas confidenciales y afirma que los expedientes administrativos de la AMP no están incluidos entre ellas.

También cuestionó la interpretación que hace la resolución de los artículos 1 y 16 de la Ley de Transparencia. Según la Fundación, esas disposiciones no otorgan a las instituciones públicas una autorización general para declarar restringida la información que administran.