Rotación de procuradores socava credibilidad del MP

Tras un año de haber sido designado como procurador general de la Nación (2 de enero de 2020), Eduardo Ulloa presentó ayer su “renuncia irrevocable” al cargo a partir del próximo 1 de marzo.

La medida ocurre en medio de un escándalo que sacude al país sobre maltratos y abusos a menores de edad en ciertos albergues que investiga la entidad.

Ulloa publicó en la cuenta de Twitter de la institución la nota dirigida al presidente Laurentino Cortizo, en la que en uno de los párrafos se refiere al caso de los albergues supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez y Familia (Senniaf) cuya directora y subdirectora, Sara Rodríguez y Carla García, respectivamente, dejaron sus cargos en enero y a principios de febrero. La segunda fue nombrada como gobernadora de la provincia de Panamá.

“Debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevado a una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la nación, lo que obliga a adoptar decisiones que evidencien esta realidad y que nos lleven como país de una manera seria y responsable a la búsqueda de la transformación del sistema de tal manera que el mismo responda al clamor de justicia de nuestra sociedad”, cita la nota de renuncia.

El mencionado caso pareciera una prueba de fuego a la independencia del sistema judicial que nuevamente se sumerge en una ola de incertidumbre ante la salida de Ulloa, quien fue designado como procurador tras superar una serie de exámenes psicométricos con pruebas de alta tecnología y de razonamiento crítico.

La Procuraduría ya había avanzado en la investigación de dichos casos, pero la gravedad y visibilidad de los mismos se acentuó luego de que una subcomisión legislativa presentó el pasado 15 de febrero ante el Ministerio Público los hallazgos de una investigación efectuada durante 2020, prácticamente a los mismos albergues que ya estaban en investigación.

Ante la novedad, el procurador manifestó que las fiscalías ampliaron la pesquisa, no obstante, unos días después presentó su renuncia repentinamente sin mayores detalles.

En la nota, Ulloa describe el sacrificio familiar que representó su nombramiento. Una labor ingrata e incomprendida que desempeñó bajo el escrutinio del ojo público: “nos tocó lidiar con una sociedad en permanente confrontación, en donde la crítica interesada y el juzgamiento mediático deja atrás el análisis sereno y objetivo del trabajo que se realiza, lo que hace del servicio público una labor ingrata e incomprendida”.

El caso de los albergues es la primera investigación controvertida que llega al despacho de Ulloa. No obstante, al dejar el cargo en esta coyuntura, su renuncia genera más dudas por la falta de explicación sobre su decisión y no atina a decir cómo mejora la justicia con su salida.

Unas horas después del anuncio de Ulloa, el Consejo de Gabinete aprobó los nombramientos de Javier Caraballo como procurador general de la Nación, quien ejercía en la posición de suplente, y de Mónica Castillo Arjona como procuradora de la Administración suplente.

Caraballo cuenta con 22 años de experiencia en el Ministerio Público; actualmente es fiscal superior de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, cargo que ocupa desde el 18 de mayo de 2017 hasta la fecha.

Finalmente, Ulloa expresó en la misiva que espera que su renuncia “contribuya a la reflexión de todos los panameños con miras a trabajar en procura de un mejor país y de alcanzar los objetivos que como nación todos buscamos”.

Desde el punto de vista de la credibilidad del Ministerio Público, “las rotaciones no son productivas, generan incertidumbre y el sistema se empantana”, indicó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados de Panamá.

“La justicia se mira ahora con mayor desconfianza en la administración de justicia, evidencia la necesidad de enlistar los defectos de estructura que definen la justicia”, añadió Araúz.

A criterio de Araúz, se requiere de una ruta política de la justicia para salir de la crisis. Todos debemos reconocer que la justicia vive colapsada y estos episodios son niveles de descenso que evidencian una justicia colapsada. “El aporte personal que el procurador puede hacer es dar a conocer los obstáculos que enfrentó y que lo llevaron a renunciar”, sugirió el presidente de los abogados.

Ulloa relevó a Kenia Porcell, quien renunció tras las conversaciones divulgadas en Varelaleaks.com, comunicaciones del celular del expresidente Juan Carlos Varela, en las que se conocieron interioridades sobre las negociaciones entre el expresidente, su hermano y diputado, Porcell y los exdirectivos de la empresa Odebrecht.