Montoro propone auxiliar a Sacyr para evitar un agujero millonario

El conflicto causado por la empresa española Sacyr por la paralización de las obras del Canal de Panamá ha terminado por anegar las dependencias del Gobierno.

La necesidad de que el Estado juegue un papel más exigente en la fórmula de financiación de la ampliación de la vía marítima ha provocado un encarnecido debate interno sobre si ayudar a la constructora española o asumir un riesgo de 3.450 millones que iría contra las arcas del Estado, informó El Confidencial.

La pelea en el Ejecutivo obedece a las distintas posturas que mantienen el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Según distintas fuentes próximas a las conversaciones, De Guindos defiende que el Estado no tiene que arriesgar ni un euro más en el proyecto del Canal de Panamá después de que la aseguradora pública Cesce le concediese un aval por 316 millones en 2009.

Por su parte, Montoro considera que es vital que el Gobierno salga en auxilio de Sacyr con la transformación de parte del aval por no terminación de las obras en una fianza de 170 millones en caso de impago por parte de Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de las reclamaciones que exige la constructora española y sus socios italianos de Impregilo (1.200 millones de euros).

El análisis de Montoro es que, en caso de que las obras no concluyesen y que la empresa presidida por Manuel Manrique sufriese graves pérdidas derivadas de la situación financiera del proyecto, el Estado estaría expuesto a un riesgo de 3.447 millones si el grupo constructor se viera abocado al concurso de acreedores. Un roto que dañaría aún más el déficit público.

Aunque se trataría de una última derivada del conflicto, ya que la empresa podría ampliar capital, esa cifra es la que suman todos los créditos, avales y subvenciones que la Administración Pública ha dado a Sacyr o cualquiera de sus filiales, según un informe elaborado ex profeso por Hacienda.

El mayor riesgo es el derivado de las ayudas a las autopistas radiales de Madrid, donde la compañía tiene deudas por casi 2.500 millones, seguido de la concesión de la autovía de pago que une la capital con el Levante. El siguiente por volumen es precisamente el proyecto de Panamá.

Este es el informe que Montoro va a llevar a la Comisión Delegada del Gobierno, el organismo que revisa los temas que se someten a la aprobación del Consejo de Ministros, para su análisis.

Fuentes gubernamentales consideran que el titular de Hacienda va a ganar la batalla a De Guindos, que se decanta por no arriesgar un euro más de las arcas públicas a favor de una empresa privada.