Samuel Moreno: Censo excluye preguntas sobre vacunas, y datos son confidenciales según la ley

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), Samuel Moreno, reiteró que el censo no recogerá información sobre la vacunación.

Moreno salió al paso de las dudas en redes sociales en cuanto a posibles preguntas ligadas el Programa Nacional de Vacunación contra la covid-19 u otras campañas de inmunización que avanza el Ministerio de Salud. Sobre estos cuestionamientos fue categórico: “no se preguntará nada sobre el tema de vacunas”.

El funcionario indicó que si están incluidas algunas variables en torno a la pandemia, concretamente si hubo contagios de covid-19 en el hogar y si se dieron defunciones ligadas a esta enfermedad o por otro motivo.

“Son datos para saber de qué está muriendo nuestra población (...) un dato vital para generar las políticas públicas de salud”, explicó Moreno este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

El censo de 2023, que llega con dos años de retraso por la pandemia, busca recabar y caracterizar los hogares, vivienda y las personas en el territorio nacional.

Entre las variables que incluyen las 27 interrogantes del cuestionario están el tamaño y composición de la población, y datos demográficos y socioeconómicos. También están incluidas preguntas vinculadas al autorreconocimiento de la población afro e indígena, así como preguntas que buscan conocer la situación de las personas con discapacidad.

En cuanto a la preocupación sobre cómo se va gestionar la información recabada, Moreno detalló que todos los datos son confidenciales bajo el marco del secreto estadístico dentro de la Ley 10 del 22 de enero de 2009, norma que regula el Inec.

“El secreto estadístico significa que toda la información que se genera de manera individual es confidencial. El Inec no la puede divulgar so pena de sanciones, incluso penales (...) solamente se publica información agregada, es decir, información que no tiene ningún nombre individual”, señaló Moreno.

El funcionario adelantó que habrá unos 7.000 empadronadores y 2.000 supervisores trabajando en todo el país del 8 de enero al 4 de marzo de 2023, fechas en las que se desarrollará el censo a un costo de $55 millones.

“Apelamos a que la ciudadanía vea el censo como un proyecto de Estado (...) la data que vamos a levantar es la que van a usar los medios de comunicación, la nueva administración (del gobierno) y las nuevas generaciones”, subrayó Moreno.

Con respecto a porqué no se incluyeron preguntas en torno a las afectaciones de la invasión de EE.UU. de 1989, una demanda exigida durante años por la víctimas de la agresión estadounidense, Moreno indicó que propusieron “otra fórmula” a la Comisión de la Verdad del 20 de Diciembre de 1989, que investiga las muertes ocurridas bajo aquella intervención armada.

“Nosotros lo que le planteamos (a la comisión) fue trabajar una metodología de registros administrativos (...) que son llevados por una parte con el Tribunal Electoral, que se nutre con información de los hospitales públicos y privados, (así) podemos alcanzar ese dato histórico necesario para nuestra sociedad”, dijo.