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- 10/08/2026 12:47
Los resultados forman parte del primer Informe Defensorial sobre los derechos de la niñez y adolescencia indígena, que contó con la participación de 80 menores
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Agrega La Estrella en Google ↗️Panamá cuenta con un Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y a Adolescencia, creado mediante la Ley 285 de 2022.
Sin embargo, los datos del primer Informe Defensorial especializado en la niñez indígena muestran que, pese a los avances normativos, persisten desigualdades que ponen en duda cuánto se ha avanzado realmente en garantizar sus derechos.
El informe, presentado este lunes 10 de agosto en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. señala que el 70% de las niñas, niños y adolescentes indígenas vive en condiciones de pobreza monetaria, mientras que en las comarcas indígenas el promedio de pobreza multidimensional alcanza el 91%.
El documento fue elaborado por la Defensoría del Pueblo junto a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP), con apoyo técnico de UNICEF Panamá. Para su elaboración se utilizó una metodología mixta que combinó datos oficiales, revisión de información sobre derechos humanos y un proceso de consulta en territorio.
Uno de los principales elementos del estudio fue escuchar directamente a la población afectada. En total, participaron 80 niñas, niños y adolescentes indígenas, además de 38 jóvenes y adultos consultados y 13 personas expertas entrevistadas.
Una brecha que comienza en las aulas
La educación aparece como uno de los puntos críticos. El informe revela que 15% de las niñas, niños y adolescentes indígenas permanece fuera del sistema educativo, una proporción que triplica el promedio registrado entre niños y adolescentes que no son indígenas ni afrodescendientes.
El problema no se limita al acceso. También existen dificultades relacionadas con la permanencia, la calidad educativa y la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe.
Durante las consultas, una de las voces recogidas por el informe resumió la realidad que enfrentan algunos estudiantes: “En mi comunidad solo hay primer ciclo y no hay recursos para ir a estudiar al pueblo”.
La falta de oferta educativa obliga, en algunos casos, a que los estudiantes tengan que desplazarse fuera de sus comunidades para continuar sus estudios, una barrera que se suma a las dificultades de transporte, infraestructura y acceso a servicios.
Solo uno de cada cinco tiene seguridad social
Otra de las brechas identificadas está relacionada con la protección social. De acuerdo con el informe, solo el 21% de la niñez y adolescencia indígena cuenta con cobertura de seguridad social, mientras que en las comarcas también persisten carencias relacionadas con vivienda, agua potable y energía eléctrica.
El documento señala que 57% enfrenta falta de acceso a agua potable y 31% vive sin acceso a energía eléctrica, entre otras privaciones vinculadas a sus condiciones de vida.
En materia de salud y nutrición también se identifican dificultades de infraestructura, dotación y personal en los centros de salud ubicados en territorios indígenas.
El informe registra además que 59% de las madres adolescentes indígenas no está incorporada a la Educación Intercultural Bilingüe, una situación que, según el estudio, representa un desafío para el desarrollo integral de las adolescentes y sus hijos.
Discapacidad, violencia y discriminación
La investigación también aborda la situación de niñas, niños y adolescentes indígenas con discapacidad. En promedio, 13% de esta población en las comarcas vive con alguna discapacidad, aunque el informe advierte sobre un posible subregistro debido a las dificultades para identificar estos casos en territorios rurales y comarcales.
A esto se suman problemas para acceder a servicios de salud, atención temprana e información adaptada.
La violencia también aparece entre las principales preocupaciones. El informe registra que 55% de la niñez y adolescencia indígena está expuesta a disciplina violenta, frente al 45% registrado como promedio nacional.
Asimismo, identifica situaciones relacionadas con riesgo de trabajo infantil, uniones tempranas y embarazos adolescentes, violencia y abuso sexual, falta de documentación, inseguridad y dificultades para acceder a mecanismos de denuncia y protección.
Los niños y adolescentes consultados también señalaron experiencias de discriminación por su forma de hablar, vestir y expresar su identidad cultural.
“No es posible transformar lo que no somos capaces de visibilizar”, comentó uno de los menores encuestados.
Durante la presentación, la defensora del Pueblo, Angela Russo, sostuvo que el informe busca convertirse en una herramienta para que las instituciones conozcan las brechas existentes y actúen sobre ellas.
“No es posible garantizar y proteger aquello que no conocemos, ni transformar lo que no somos capaces de visibilizar”, señaló Russo durante su intervención.
La defensora destacó que uno de los principales aportes del documento es recoger las percepciones y propuestas de las propias niñas, niños y adolescentes indígenas.
“Escuchar sus voces no solo responde a un mandato establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que constituye un acto de reconocimiento a la capacidad que tienen como ciudadanos y ciudadanas de analizar su realidad, expresar sus preocupaciones y aportar soluciones”, afirmó.
Russo también planteó que la implementación del sistema creado por la Ley 285 representa una oportunidad, pero también una obligación para avanzar hacia respuestas estatales integrales, articuladas e interculturales.
¿Avances en las leyes, pero brechas en la realidad?
El contraste es uno de los principales puntos que deja el informe: Panamá ha avanzado en la creación de normas y mecanismos para proteger los derechos de la niñez, pero las condiciones que enfrenta una parte importante de la niñez indígena evidencian que esos derechos todavía no se garantizan de manera efectiva en todos los territorios.
Para la Defensoría, el reto ahora está en pasar del marco legal a la implementación de políticas públicas con recursos suficientes y adaptadas a las realidades culturales y territoriales de los pueblos indígenas.
El informe plantea 22 recomendaciones agrupadas en siete ejes estratégicos, entre ellos fortalecer la gobernanza y el financiamiento con enfoque intercultural; mejorar los servicios de salud, nutrición y bienestar; garantizar una educación inclusiva e intercultural; promover la participación, igualdad e identidad cultural; reforzar los sistemas de protección y justicia; mejorar la información disponible y fortalecer la corresponsabilidad entre el Estado, las autoridades tradicionales, las comunidades y las familias.
Un diagnóstico que busca convertirse en acción
El estudio incluyó visitas a las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala, además de comunidades de Panamá Oeste y sectores de la ciudad de Panamá como Santa Ana y El Chorrillo.
En estos espacios se recogieron las opiniones de niñas, niños y adolescentes, autoridades tradicionales, organizaciones comunitarias e instituciones públicas.
La representación indígena que participó en el evento destacó que el informe constituye un primer paso para acercarse a la realidad de las comunidades y escuchar directamente a la niñez.
Ahora, la Defensoría del Pueblo anunció que dará seguimiento a las 22 recomendaciones mediante acciones de monitoreo, incidencia y articulación con las instituciones estatales y los pueblos indígenas.
El informe parte de una realidad demográfica que también obliga a mirar el tema con mayor atención: 315,089 niñas, niños y adolescentes del país pertenecen a pueblos indígenas, aproximadamente uno de cada cuatro menores, y 59% de ellos tiene menos de 10 años.
El reto, entonces, no es solo reconocer sus derechos en las leyes, sino lograr que esos derechos puedan ejercerse en la comunidad, en la escuela, en los centros de salud y en cada territorio donde crece la niñez indígena de Panamá.
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