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- 06/08/2026 13:50
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana cuestiona artículos sobre asistencia en circuitos y gestión de proyectos
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Agrega La Estrella en Google ↗️La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, expresó su preocupación por las modificaciones aprobadas en segundo debate al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, al considerar que algunos cambios podrían alterar la naturaleza de la función legislativa.
La organización cuestionó principalmente dos disposiciones: la modificación del artículo 23, relacionada con el registro de asistencia de los diputados, y el artículo 32, que incorpora funciones de gestión y fiscalización de proyectos sociales e infraestructura en los despachos legislativos.
Según la Fundación, equiparar la presencia del diputado en su curul con actividades oficiales dentro del circuito electoral representa un cambio que puede afectar la responsabilidad legislativa y la rendición de cuentas.
La entidad sostuvo que la función del diputado debe concentrarse en legislar, fiscalizar al Ejecutivo y promover normas de interés público, no en ejecutar o administrar proyectos públicos.
“Equiparar la presencia en la curul con las actividades en los circuitos electorales (Art. 23) y obligar a los despachos de los diputados a gestionar y fiscalizar proyectos sociales e infraestructura local (Art. 32), representa una violación a la Constitución Política”, señaló la organización.
Cuestionamientos sobre gestión de obras y proyectos
La Fundación también criticó la disposición que establece que los diputados gestionarán y fiscalizarán programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus electores, incluyendo áreas como infraestructura vial, agua potable, educación y otros servicios.
A juicio de la organización, esta modificación puede trasladar funciones administrativas al Órgano Legislativo, que corresponden a entidades del Ejecutivo y autoridades locales.
La Fundación vinculó este cambio con las denominadas “partidas circuitales” implementadas durante la administración 2009-2014, un mecanismo que generó cuestionamientos por el manejo discrecional de recursos públicos y que posteriormente fue objeto de análisis por la Corte Suprema de Justicia.
Según la organización, el máximo tribunal declaró inconstitucional esa práctica al considerar que la Constitución no asigna a los diputados funciones administrativas relacionadas con la ejecución de obras públicas.
Advertencia sobre la separación de poderes
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana afirmó que las modificaciones aprobadas representan un riesgo para la institucionalidad democrática y pueden afectar el principio de separación de poderes.
La organización sostuvo que la Asamblea Nacional debe fortalecer mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control presupuestario, en lugar de incorporar responsabilidades vinculadas con la ejecución de proyectos comunitarios.
“En lugar de blindar prácticas clientelares bajo ropajes normativos, la labor de quienes integran la Asamblea Nacional debe enfocarse en legislar para bienestar de las mayorías, liderar procesos de rendición de cuentas e impulsar la transparencia presupuestaria y la probidad pública”, indicó.
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