Recortes en Unachi ponen en riesgo a los estudiantes, pero no los sobresueldos

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional reanudó este lunes las vistas presupuestarias con la participación de autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), marcada por la inasistencia de Etelvina de Bonagas, rectora de esta casa de estudios.

Uno de los puntos más álgidos giró en torno a las cifras del presupuesto asignado y solicitado.

Días atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que la Unachi recibió un leve incremento para la vigencia 2026, pasando de $72 millones a $72,7 millones, un aumento de $700.000 frente a 2025.

No obstante, las autoridades universitarias rechazaron esta versión, alegando que en 2024 operaban con $108 millones, monto que luego fue recortado a $50 millones, con ajustes sucesivos que apenas han permitido mantener sus operaciones.

“Hoy el presupuesto ya se agotó. No tenemos cómo seguir funcionando”, señaló el vicerrector de esta universidad, Jorge Bonilla.

Además, advirtió que de mantenerse los recortes, la matrícula podría reducirse drásticamente de 22.585 a cerca de 8.000 estudiantes, lo que implicaría cerrar carreras y despedir a docentes.

Para la vigencia 2026, la institución solicitó más de $100 millones, cifra que consideran necesaria para garantizar continuidad académica y administrativa.

El tema de la planilla universitaria también generó cuestionamientos. Actualmente, la Unachi cuenta con 1.072 docentes entre permanentes, eventuales y transitorios y 1.054 administrativos.

Los diputados interrogaron a las autoridades sobre la estructura de salarios, en particular el de la rectora, cuyo ingreso supera los $12.000 mensuales, incluyendo un salario base de $7.500 como docente permanente, $1.183 por antigüedad y $3.000 en gastos de representación.

Asimismo, 135 personas dentro de la institución reciben sobresueldos por jefatura, que en conjunto suman $2.3 millones anuales.

Esta práctica, según los representantes de la Unachi, responde a la Ley 4 de 2006, que homologó los salarios con los de la Universidad de Panamá (UP).

Los diputados, sin embargo, señalaron que, en un contexto de crisis económica, la universidad debería considerar sacrificios internos antes de advertir reducciones que afectarían directamente a los estudiantes.

“No hemos escuchado propuestas para reducir sobresueldos temporalmente en beneficio de los alumnos. El país no puede gastar lo que no tiene”, cuestionó el diputado Manuel Samaniego.

En defensa, las autoridades universitarias explicaron que la proporción de estudiantes y personal en la Unachi es similar a la de la UP, aunque a menor escala, lo que justificaría la equiparación salarial.

Además, recalcaron que los administrativos de carrera están protegidos por la Ley 62 de 2008, lo que impediría despidos sin enfrentar demandas legales.