La experiencia uruguaya

El punto de partida del análisis sobre la despenalización de las drogas, según el Anuario de Seguridad Regional en América Latina y el Caribe de la Fundación Friedrich Ebert es la relación entre crimen, violencia y drogas y el prohibicionismo que catapulta el mercado ilegal, precios y calidad de las sustancias.

La política de drogas tiene conexión con otras agendas en la seguridad ciudadana y nacional, como pandillas, crimen organizado, y lucha contra el terrorismo.

Los uruguayos apostaron que la despenalización ayudaría a reducir la estigmatización de los consumidores, en particular los jóvenes, así como las asociaciones entre la marihuana y la criminalidad. Entre 2011 y 2012, los homicidios en Uruguay aumentaron de 199 a 267. Las autoridades achacaron la subida a un nuevo tipo de delincuencia en el país: los ajustes de cuentas, muchas veces a manos de sicarios. En este país, el 20% de las personas de 15 a 65 años han usado marihuana en algún momento de su vida.

En marzo de 2012, el presidente José Mujica creó una comisión para abordar la violencia. El gobierno, así, introdujo una "Estrategia para la vida y la convivencia", para amortiguar el impacto del crimen organizado.

La regulación autorizó el cultivo en el hogar de hasta 6 plantas hembra con efecto psicoactivo y la posesión de una cosecha de hasta 480 gramos. Permitió los clubes de membresía donde los usuarios se asocian para plantar de forma conjunta hasta 99 plantas hembras.

Tras su puesta en práctica, se creó un Comité Científico Asesor para monitorear la iniciativa. Entre los primeros resultados de la despenalización, uno de los datos más interesantes fue que 26% de las personas que usan Cannabis lo plantan o lo consiguen de alguien que lo cosecha y lo regala por algún motivo solidario. Lo cual mostraría que, una cuarta parte del mercado ya no necesita de las redes del narcotráfico para abastecerse, aun cuando el Cannabis no llega a las farmacias.

No obstante, aún se desconocen importantes datos, como la proporción de detenidos cuyos casos no llegan al juez, la cantidad de procedimientos hechos por infracción a las leyes de drogas sobre el total de arrestos, la proporción que representa las violaciones a la ley de drogas sobre el total de delitos en Uruguay y la magnitud del mercado clandestino.

Una investigación en ese país arrojó que de un universo de 294 personas, el 21% había conducido bajo los efectos del Cannabis y 28% condujó una motocicleta, lo cual puede ser un problema para la seguridad individual y colectiva.

Aún cuando hay poca información sobre el Cannabis, el mercado de las otras drogas como cocaína y crack, el extasis o el LSD, sigue estando regido bajo parámetros prohibicionistas, y aunque su impacto en la población es menor, las repercusiones de su uso y tráfico no necesariamente lo son, sobretodo en poblaciones populares donde se mantienen intactos los aparatos represivos contra los usuarios vulnerables.