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- 27/03/2010 01:00
Los valores, bienes muebles e inmuebles y productos derivados de actividades ilícitas serán vendidos y los recursos serán destinados a l...
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Agrega La Estrella en Google ↗️Los valores, bienes muebles e inmuebles y productos derivados de actividades ilícitas serán vendidos y los recursos serán destinados a la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos relacionados con Drogas (CONAPRED) y los estamentos de seguridad de la Fuerza Pública.
Lo anterior se desprende del proyecto de Ley No. 133 que modifica la Ley 23 de 1986 sobre bienes aprehendidos, el cual fue presentado recientemente por el Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Drogas de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez, informó que se busca que los bienes muebles e inmuebles y productos derivados de actividades ilícitas sean vendidos de forma expedita para que dichos recursos pasen inmediatamente a CONAPRED y el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Tratándose de dineros o valores, un treinta por ciento (30%) será destinado para la CONAPRED y el setenta por ciento (70%) para fortalecer económicamente a los estamentos de seguridad de la Fuerza Pública, bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Se han perdido muchos bienes Rodríguez se refirió a lo señalado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, en cuanto a que se han perdido muchos bienes como carros, yates y aviones aprehendidos que están depositados en lotes y se deterioran por la inclemencia del tiempo y la falta de mantenimiento, por lo que urge un mecanismo a fin de que se pueda lograr la venta de estos bienes.
Por su parte, la magistrada Presidenta del Tribunal de Niñez y Adolescencia, Judith Cossú, manifestó que no se le debe quitar ni disminuir el cien por ciento de los recursos que se le está dando a CONAPRED.
En tanto, el fiscal primero de Drogas, Javier Caraballo, advirtió que la propuesta del Ejecutivo afectará a los diferentes organismos y entes relacionados con la prevención de los delitos contra las drogas, además de que estos no deben ser administrados por el Estado, sino por el ente que está relacionado directamente con la erradicación y prevención de este flagelo.
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