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- 02/09/2026 17:43
El ministro de Educación propone discutir una legislación con distintos sectores de la sociedad y afirma que no habrá imposiciones para definir el rumbo del sistema educativo
El ministro de Educación, Ventura Vega, planteó la necesidad de revisar la legislación que rige el sistema educativo panameño y anunció que buscará discutir una nueva propuesta con distintos sectores de la sociedad.
Vega recordó que el país cuenta con una legislación educativa que data de 1946 y consideró necesario actualizarla para responder a las necesidades actuales.
“Tenemos la ley de 1946, debemos modernizar”, sostuvo el ministro.
El funcionario señaló que cualquier cambio debe surgir de un proceso de diálogo y no de imposiciones. A su juicio, el país debe definir de manera conjunta hacia dónde quiere llevar la educación.
“La población va a decir. Nada de imposiciones”, afirmó Vega al referirse al proceso de transformación del sistema educativo.
Participación de distintos sectores
El ministro planteó que la discusión debe incluir a diferentes actores relacionados con la educación y la sociedad.
Entre los sectores que mencionó están la Conferencia Episcopal, el Comité Ecuménico, los sindicatos, los docentes, los empresarios, los estudiantes y los trabajadores.
“Tenemos que ver hacia dónde vamos a llevar la educación”, expresó.
Vega señaló que el país cuenta con una base legal sobre la cual trabajar, pero planteó la necesidad de construir una legislación que responda a las condiciones actuales y que involucre a los distintos sectores.
También vinculó la necesidad de revisar el sistema con los resultados de las pruebas PISA, que evalúan el desempeño de los estudiantes en distintas áreas.
“Y así lo dice la prueba PISA”, manifestó.
Reunión con la Asamblea
Como parte de este proceso, Vega anunció que el Ministerio de Educación se reunirá con la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para abordar la propuesta.
El planteamiento abre una discusión sobre el marco legal que rige la educación panameña y sobre las reformas que requiere el sistema.
La propuesta del ministro parte de una legislación vigente desde 1946 y plantea un proceso de consulta con sectores religiosos, docentes, trabajadores, empresarios, estudiantes y organizaciones sindicales antes de definir los cambios.
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