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- 03/08/2011 02:00
PANAMÁ.. Para junio de 2011, cuando se envió la última advertencia a la Caja de Seguro Social (CSS) del brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasas (KPC) en los cuartos de cuidados intensivos y de cirugías de la institución, 22 personas con mando directivo de las instituciones de salud ya sabían de la grave situación.
Lo anterior se desprende de la lista de integrantes del Comité Técnico Nacional para la Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones Nosocomiales, entidad bajo el brazo de la Dirección Nacional de Salud del Ministerio de Salud, a cargo de Eduardo Lucas Mora.
En la CSS conocían de los casos, la Coordinación Nacional de Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales, la Dirección Nacional de Laboratorio, el Departamento de Epidemiología y la Dirección Nacional de Prestaciones de Salud, esta última a cargo del doctor Javier Díaz.
Los más informados, según este documento, eran los del MINSA, máximo rector de la salud en el país, donde nueve direcciones se sentaron a redactar la solicitud de atención al problema de la CSS. Entre las direcciones conocedoras estaban: Epidemiología, Atención Integral de la Población, Instalaciones y Servicios de Salud, Gestión de Laboratorio, Provisión de Servicios de Salud, Promoción de la Salud, Asesoría Legal y Farmacias y Drogas.
También conocían de la alarma el laboratorio Central de Referencia de Salud Pública, adscrito al Instituto Conmemorativo Gorgas, el Instituto Conmemorativo Gorgas, el Instituto de Salud Mental, el Hospital Santo Tomás y agrupaciones de profesionales de la salud, como las enfermeras y el Colegio Médico, entre otros.
‘SON UNOS CRIMINALES’
Por ocultar esta información de la KPC, que cobró 16 muertes reconocidas por el director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, aunque los gremios médicos afirman que fueron 50, el cirujano John Höger sostiene que el caso no quedará solo en manos del Ministerio Público, sino que lo llevarán a instancias internacionales.
El médico le imputa a Sáez Llorens apología del delito al decir que esos pacientes de todas formas se iban a morir. ‘Ese robótico —Sáez Llorens— piensa que llenando la CSS de computadoras resolverá los problemas u ocultando la información a la población. Por menos de eso han sido llamados a juicio en otros países’.
‘Ahora, las familiares de los fallecidos deben interponer las demandas contra la CSS, porque los directivos son unos criminales’, señala Höger.
La doctora Eyra Ruiz, quien ejerció como jefa de Provisión de Salud de la CSS, plantea que es bueno que corran a limpiar las zonas tomadas por las bacterias; sin embargo, este trabajo se debió realizar mucho antes y en el momento en que estos pacientes fueron afectados.
Ruiz recuerda que cada centro hospitalario tiene su propio Comité de Infecciones Nosocomiales.
Sobre las investigaciones que adelanta el fiscal Tercero Superior, Sofanor Espinosa, la investigadora del Gorgas aclara que primero el Complejo debe presentar las auditorías internas de los casos.
¿Y LA DEFENSORA?
Ante la ausencia de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, en la crisis de la CSS, la Alianza Ciudadana le envió una misiva con puntos que, a su juicio, deben ser investigados: las medidas que se están adoptando para proteger a los pacientes, que se haga una investigación de las defunciones desde la aparición de la bacteria, que los familiares de las víctimas cuenten con una oficina donde reportar los casos, que se constate que a los familiares de las víctimas reciban trato humano, dar seguimiento al expediente penal del Ministerio Público, organizar una visita a las instalaciones de la CSS y reuniones con el cuerpo médico y directivo de esta institución para conocer la situación actual.
Mientras los familiares lloran a las víctimas y se trasladan los diez afectados al Hospital 24 de Diciembre del MINSA, Sáez Llorens conversará con los diputados sobre su versión de esta tragedia.