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- 07/08/2026 17:40
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa advierte que la reforma al reglamento de la Asamblea puede generar mayor discrecionalidad en la gestión de obras públicas y trasladar a los diputados funciones que corresponden al Ejecutivo y los gobiernos locales
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Agrega La Estrella en Google ↗️La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) expresó este viernes su preocupación por las modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional aprobadas en segundo debate, al considerar que amplían las funciones de los diputados hacia tareas que corresponden a la administración pública.
La organización empresarial cuestionó particularmente las disposiciones que asignan a los diputados y a sus despachos labores de gestión, impulso y fiscalización de programas y proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de sus electores.
Para APEDE, ese cambio puede desvirtuar la función legislativa y generar riesgos para la separación de poderes, al acercar a los diputados a responsabilidades relacionadas con la ejecución y seguimiento de obras públicas.
La posición de la asociación se conoce mientras la Asamblea Nacional avanza con la reforma de su reglamento interno, un proyecto que también enfrenta cuestionamientos de diputados y organizaciones de la sociedad civil por algunos de sus artículos.
APEDE pide mantener los límites entre los órganos del Estado
APEDE sostuvo que la Asamblea Nacional debe concentrarse en sus funciones constitucionales: legislar, fiscalizar la gestión pública y ejercer un balance frente a los demás órganos del Estado.
La asociación considera que cualquier modificación al funcionamiento del Legislativo debe fortalecer esas responsabilidades y no trasladarle tareas que corresponden al Órgano Ejecutivo o a los gobiernos locales.
“Panamá necesita una Asamblea Nacional apegada a su mandato constitucional”, señaló la organización en un comunicado divulgado este viernes.
A juicio de APEDE, asignar a los despachos legislativos funciones relacionadas con la gestión de proyectos puede generar espacios de discrecionalidad en la priorización de obras e iniciativas públicas.
La asociación plantea que esas decisiones deben mantenerse dentro de procesos de planificación y desarrollo institucional, con reglas claras y mecanismos de control.
El artículo 32 está en el centro de la preocupación
Uno de los puntos que genera mayor atención es el artículo 32 de la reforma.
El texto establece que los diputados, en su responsabilidad de representar a sus electores, gestionarán y fiscalizarán el desarrollo de programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
La disposición incluye proyectos de carreteras, puentes, infraestructura vial, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción.
Además, establece que los funcionarios asignados a los despachos de los diputados deberán apoyar las tareas de gestionar, impulsar y fiscalizar esos programas y proyectos.
Es precisamente esta disposición la que APEDE considera problemática.
La organización advierte que la reforma puede crear una confusión entre la representación política y la ejecución de políticas públicas, al otorgar a los diputados un papel que, según su planteamiento, corresponde a las entidades responsables de ejecutar las obras y programas estatales.
APEDE pide reformas en otras áreas
La asociación empresarial sostuvo que la Asamblea debería concentrar sus esfuerzos en cambios que mejoren su desempeño institucional.
Entre las prioridades que plantea menciona el cumplimiento estricto de las normas de asistencia, el fortalecimiento del Código de Ética y Conducta, la eliminación de privilegios injustificados y mayores estándares de rendición de cuentas.
Para APEDE, esas medidas contribuirían a recuperar la confianza ciudadana en el Legislativo y fortalecerían los mecanismos de control sobre sus integrantes.
La organización también advirtió que la experiencia del país demuestra que la confusión de funciones entre los órganos del Estado puede debilitar los controles y afectar la transparencia.
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