Asamblea: último mes sin reglamento interno ni leyes anticorrupción

Los diputados tienen un mes para aprobar proyectos de ley clave, como el presupuesto general del Estado y los cambios al reglamento interno del Legislativo. El próximo 31 de octubre es el último día de las sesiones ordinarias.

La Asamblea Nacional eligió su junta directiva el pasado 1 de julio, con la escogencia del diputado panameñista Jorge Herrera como presidente, en un heterogéneo pacto entre el Partido Panameñista, el Partido Popular, una facción de Cambio Democrático y la coalición Vamos.

Una propuesta que se presentó como la “alternativa opositora” que sacaría del letargo a la Asamblea tras un primer periodo sin cambios bajo la presidencia de Dana Castañeda, del oficialista Realizando Metas.

El proyecto de ley más urgente, tiene que ver con el presupuesto general de 2026, que aunque tuvo un trámite rápido por la Comisión de Presupuesto, todavía debe enviarse las reconsideraciones del mismo al Ministerio de Economía y Finanzas, para luego discutirse en pleno. Un proceso que podría tomar varias semanas si no hay acuerdo entre los parlamentarios.

Otro tema largamente pospuesto son los cambios al reglamento interno de la Asamblea, que data de 2013 y consagran grandes privilegios injustificados para los diputados, además de prerrogativas discrecionales que enrarecen el trabajo legislativo. En ese aspecto, aunque los diputados de todos los signos políticos coinciden en que la reforma es necesaria, todo permanece estancado en la Comisión de Credenciales con más de diez proyectos de modificación.

También podría quedar en cuestión la escogencia del nuevo subcontralor de la República tras la renuncia del actual, Elí Felipe Cabezas. Así también, tienen que ratificarse dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que deben ser designados por el Ejecutivo.

“Otro periodo donde las fuerzas externas (Ejecutivo y expresidente no residente en Panamá) no han querido que la comisión de gobierno y credenciales avancen en temas prioritarios, como lo son los proyectos de ley anticorrupción y reformas al reglamento interno. Su intención, es desestabilizar los acuerdos del 1 de julio que hizo el bloque opositor”, sostiene el diputado de San Miguelito, Luis Duke.

Igualmente, proyectos anticorrupción y de reformas de la administración pública, se encuentran congelados por falta de discusión. Iniciativas como la que busca establecer penas para quienes trabajen sin cobrar (botellas), impedir que las empresas condenadas por corrupción liciten con el Estado o eliminar la prescripción de los delitos de corrupción; son algunas de las que están en lista de espera.

De llegar al 31 de octubre, sin algunas de esas leyes aprobadas, estas tendrá que verse en el siguiente periodo (2026) o en sesiones extraordinarias, si es convocado por el presidente de la República.