Alianza Ciudadana critica nombramiento de Ayú Prado y Ana Belfon

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, grupo de la sociedad civil, deploró el nombramiento de José Ayú Prado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Ana Belfon como procuradora general de la Nación.

En un comunicado, deploró que luego de "un total secretismo y falta de transparencia", el Consejo de Gabinete aprobó este martes 18 de diciembre la designación de Ayú Prado y a la abogada Belfon.

"La designación se realiza sin consulta ciudadana, desconociendo los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia y los compromisos de campaña", explicó.

Agregó que las designaciones desconocen las recomendaciones emanadas de organismos internacionales que promueven procesos de selección de magistrados de la Corte y Procuradores Generales con participación ciudadana y con posibilidad de entrevistas públicas entre otras medidas para la transparencia del proceso.

"La designación de la secretaria de Asuntos Legales de la Presidencia de la República como procuradora general de la Nación lo único que confirma es el poco respeto, que siente el presidente de la República y sus ministros, por la administración de justicia, por los abogados y los ciudadanos de este país".

La Alianza Ciudadana Pro Justicia manifestó que dejar la Procuraduría General de la Nación en manos de una persona cuyo nivel de independencia es muy cuestionable, por su total afinidad con el gobierno de turno, "coloca a los ciudadanos en una situación de total vulnerabilidad a sus derechos humanos".

Precisó que con estos nombramientos se continúa profundizando la crisis de credibilidad en que está sumergida la administración de justicia en Panamá y con ello el deterioro de la institucionalidad democrática del país.

La agrupación dijo que "urge" que todos los sectores se unan para iniciar el camino hacia un Proceso Constituyente que entre muchas otras reformas del Estado, busque la total despolitización del proceso de selección de magistrados, procuradores y otros cargos de importancia para la separación de poderes del Estado.