El presidente Mulino cuestiona lo poco enérgicas que son las medidas cautelares de los jueces de garantías
- 16/11/2025 00:00
El periodo tras la independencia de Panamá de España, especialmente entre los años 1840 y 1841, constituye uno de los episodios más significativos de la historia panameña. En medio de la convulsión política que sacudía a la República de Nueva Granada, Panamá se vio arrastrada, una vez más, a un escenario de inestabilidad que no sentía propio.
Su respuesta fue contundente: declarar su autonomía, organizar un Estado provisional y redactar la primera constitución panameña. Aunque la experiencia duró poco más de un año, dejó una huella profunda en la construcción política del país y anticipó la separación definitiva de 1903.
Tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, Panamá quedó incorporada a la Nueva Granada. Sin embargo, la integración no fue armónica, señalan Patricia Pizzurno y Celestino Andrés Araúz en El Panamá Colombiano.
El territorio panameño mantenía reclamos constantes por el abandono administrativo, los altos impuestos sobre la actividad comercial y la falta de seguridad ante amenazas externas e internas.
La posición estratégica del istmo como ruta natural entre los océanos lo convertía en una región vital para el comercio mundial, pero la administración central bogotana no lograba mantener un control eficiente ni atender adecuadamente sus necesidades.
A finales de la década de 1830, las tensiones internas de la Nueva Granada desembocaron en la llamada Guerra de los Supremos (1839–1842), un levantamiento regional iniciado como un conflicto religioso que pronto se transformó en una rebelión federalista contra el poder central.
La guerra se esparció por diversas provincias del país y amenazó con extenderse hacia el istmo. Para los habitantes de Panamá, involucrarse en un conflicto ajeno a su realidad resultaba riesgoso e innecesario, explica Las guerras civiles en la Nueva Granada de Germán Colmenares.
Frente al inminente peligro, líderes civiles y comerciantes panameños empezaron a articular la idea de mantenerse al margen del conflicto. La guerra amenazaba con paralizar el comercio, la actividad portuaria y la ruta de tránsito interoceánico, pilares económicos del istmo.
En respuesta, se convocó a una junta popular en la Ciudad de Panamá el 18 de noviembre de 1840. El objetivo era claro: decidir el rumbo político del istmo frente a la crisis nacional.
Reunidos en el cabildo, los representantes aprobaron la separación del istmo de la Nueva Granada por tercera vez, esta vez bajo el nombre de Estado del Istmo. La declaración fue fundamentada en dos principios: el derecho de autogobierno ante el abandono de la autoridad central y la necesidad de proteger la estabilidad económica y social de la región.
Para dirigir el nuevo Estado, se designó como Jefe Supremo al coronel Tomás Herrera, un militar panameño con prestigio y experiencia administrativa. Su papel sería crucial para darle legitimidad institucional al proyecto independentista.
Una de las primeras acciones del gobierno de Herrera fue la redacción de una constitución propia, promulgada el 18 de marzo de 1841. Este documento, considerado la primera constitución panameña, establecía un sistema republicano, liberal y con claras influencias de las constituciones de la época.
Según, El Estado del Istmo y la Constitución de 1841 de Oscar Vargas Velarde, la carta contemplaba la división de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial; garantías individuales, como libertad de imprenta y protección de la propiedad; la creación de instituciones básicas del Estado, incluyendo ministerios y una fuerza pública y regulaciones para el comercio y la administración de rentas.
Aunque el Estado del Istmo era un proyecto político aún en construcción, la constitución representó un esfuerzo notable para definir un marco legal moderno, adaptado a las particularidades económicas y geográficas del territorio.
El gobierno de Herrera implementó medidas urgentes para estabilizar la economía y garantizar la gobernabilidad. El istmo dependía en gran medida del comercio de tránsito, por lo que era indispensable asegurar la seguridad de los puertos, las rutas y las aduanas.
Entre las iniciativas más relevantes se encuentran: la reforma del sistema de contribuciones y aduanas, la reorganización del ejército, reducido pero disciplinado, la regulación de los contratos de tránsito y servicios portuarios e intentos de establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos y el Reino Unido, que veían con interés la estabilidad del istmo.
Aunque no se lograron reconocimientos oficiales, ambas potencias seguían de cerca la situación, conscientes de la importancia geopolítica del territorio.
El Estado del Istmo intentó convertirse en el núcleo de una confederación más amplia. Herrera propuso a las provincias neogranadinas sublevadas que se unieran en un pacto federal. Sin embargo, las diferencias internas y la falta de coordinación impidieron un movimiento común.
Al mismo tiempo, la Nueva Granada empezaba a recuperar estabilidad. Para finales de 1841, las fuerzas centralistas habían logrado derrotar a la mayoría de los caudillos insurgentes. Con el escenario nacional controlado, Bogotá volvió su mirada al istmo y presionó por la reincorporación.
Panamá enfrentaba entonces dos grandes problemas: la falta de recursos financieros y la división interna entre comerciantes, sectores políticos y parte del clero. Aunque muchos apoyaban la separación, otros temían que la autonomía prolongada pudiera poner en riesgo el comercio internacional o generar conflictos internos.
A diferencia de otros episodios de la historia panameña, el retorno a la Nueva Granada se dio mediante un proceso estrictamente pacífico. Tomás Herrera, consciente de las limitaciones del nuevo Estado y deseoso de evitar un conflicto militar que devastaría al istmo, sostuvo negociaciones con enviados neogranadinos.
El resultado fue un acuerdo: Panamá volvería a integrarse a la Nueva Granada, conservando algunas garantías administrativas. En diciembre de 1841, Herrera renunció a sus funciones como Jefe Supremo, y en 1842 el istmo pasó nuevamente a estar bajo la jurisdicción de Bogotá.
Lejos de ser castigado, Herrera fue reconocido por su prudencia. La Nueva Granada le otorgó cargos administrativos y militares, y años más tarde se convertiría en una figura clave durante las guerras civiles colombianas.