Los dilemas del CEMIS

PANAMÁ. El caso CEMIS parece de Ripley. Una investigación que se fusionó con otro caso que no tenía nada que ver y el magistrado que decidió declarar su nulidad y ordenar su archivo, llegó al cargo precisamente por supuestas componendas en uno de los casos sujetos de la misma investigación. Y como si fuera poco, uno de los que investigó el CEMIS, ahora es defensor de uno de los implicados.

La entonces presidenta de la República, Mireya Moscoso, en el año 2001, propuso como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a su ministro Winston Spadafora y al diputado Alberto Cigarruista. Para ese entonces, el PRD era oposición y junto a la Democracia Cristiana tenían el Pacto META con el que dominaban la Asamblea Nacional.

Como Moscoso no tenía los votos para ratificarlos en la Asamblea, el legislador perredista Carlos Afú fue acusado por su colega Balbina Herrera de votar a favor de su ratificación a cambio de 1.5 millón de dólares que recibió del gobierno de Moscoso.

Afú entonces explotó una bomba atómica: Confesó haber recibido seis mil dólares de un total de 20 mil, al igual que sus otros 33 compañeros perredistas, para que votaran por el proyecto Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS). Dijo que recibió los seis mil dólares para guardarlos como prueba de lo que denunciaba.

La Procuraduría inició una investigación por ambos casos. El democristiano José Antonio Sossa era el procurador y José María Castillo, secretario general de la Procuraduría. Sossa decidió presentar a la Corte su investigación, la cual contenía fusionados los dos casos. El magistrado ponente, curiosamente, fue Jacinto Cárdenas, precisamente quien fue ratificado en el cargo como suplente de Winston Spadafora.

En septiembre de 2003, Cárdenas emitió un fallo que declaró la nulidad de todo el proceso y ordenó el archivo del CEMIS. El fallo, empero, tuvo sus salvamentos de votos. Uno de ellos fue el del magistrado Arturo Hoyos, quien en su salvamento dijo que la Procuraduría no sólo debía continuar las investigaciones, sino que las investigaciones debían hacerse por separado.

Para cuando Cárdenas emitió el fallo, Sossa no estaba en la Procuraduría. La procuradora suplente Mercedes Araúz de Grimaldo pidió una reconsideración y Cárdenas, nuevamente como ponente, rechazó “por improcedente” la petición de la procuradora suplente.

El cierre del caso CEMIS, empero, quedó gravitando como un escándalo de proporciones gigantescas. Y la presión pública obligó a su reapertura la semana pasada, basándose en una petición hecha por la actual procuradora Ana Matilde Gómez.

Pero ahora, José María Castillo, quien era el secretario general de la Procuraduría, ahora es el abogado del empresario Martin Rodin en el caso CEMIS. Precisamente Rodin fue acusado de ser quien entregó el dinero a los diputados para que lo aprobaran.

Castillo confirmó a La Estrella que ya recibió los poderes que lo acreditan como "uno de los abogados defensores" del empresario Rodin.

Pero ¿cómo podría calificarse el hecho que de ser acusador ahora será defensor? "Eso fue hace siete años, señor. Eso no fue ayer y acuérdese que yo soy abogado", respondió Castillo en tono molesto.

Luis H. Moreno, presidente de la Fundación de Ética y Civismo y quien le pidió a la procuradora Gómez que solicitara la reapertura del caso CEMIS, ve la respuesta de Castillo, como una prueba más que "la conciencia en estos casos se acomoda al interés personal, profesional y económico".

Para él, Castillo comete un “desparpajo inaudito. Pareciera que la ley es manipulada de una manera tal que la moral queda a un lado”.

La situación resulta igual de desconcertante para Magali Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. “Es algo preocupante para la ética del abogado panameño”.

El secretario del Frente Nacional Anticorrupción, Enrique Montenegro, no quiso calificar la decisión de Castillo, pero sí le dio su puntillazo al actual secretario general de la Procuraduría Rigoberto González, porque él fue asesor jurídico del ex procurador Sossa.

Indicó que González debe declararse impedido para participar en las investigaciones del caso CEMIS.