La renovación de la Corte Suprema, en manos de Varela

Actualizado
  • 23/06/2015 02:00
Creado
  • 23/06/2015 02:00
Durante su gobierno, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, debe nombrar a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia

La condena de un magistrado, la dimisión de otro y la finalización de los periodos de mandato de tres máximos jueces en la Corte Suprema de Justicia pone en manos del presidente Juan Carlos Varela la renovación del Órgano Judicial.

Distintos sectores de la sociedad civil organizada y de la empresa privada esperan vigilantes las designaciones que hará el mandatario.

Al final de su quinquenio, el gobierno de Varela habrá designado a cinco de los nueve miembros de la Corte.

Durante el quinquenio que se extiende hasta el 2019, tres inquilinos de la máxima corporación de justicia cumplen su mandato de diez años, tras haber sido designados en su momento por el presidente en turno. A estos tres se les suma uno que fue condenado por la Asamblea y otro que renunció .

En 2015, el presidente Varela debe nombrar a tres nuevos jueces del Palacio Gil Ponce, sede de la Corte.

Uno de ellos reemplazará a Alejandro Moncada Luna, condenado a cinco años de cárcel por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

Los otros dos, por concluir su periodo. Esos son Harley Mitchell y Víctor Benavides, quien renunció cuatro días antes de la imputación de cargos por la fiscalía que lo investigaba por los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios.

En una de sus últimas declaraciones públicas, el mandatario aseveró que tras una ‘amplia consulta ciudadana', serán designados los dos magistrados de la Corte para ejercer su mandato por diez años.

El primer paso para la designación será la aprobación de un decreto que reglamentará cómo se escogerá a quienes lo ocuparán.

Miembros de organismos de la sociedad civil organizadas exigen que para designar a los nuevos magistrados de la Corte se reviva el Pacto de Estado por la Justicia.

El Pacto de Estado por la Justicia, que data del 2005, hace referencia a la transparencia en estos procesos de selección, propuesta que ha sido ignorada hasta ahora.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), José Alberto Álvarez, sostiene que un administrador de justicia debe, por encima de todo, ser resistente a las críticas y no temer ni a los medios de comunicación ni a los órganos Ejecutivo o Legislativo. Nadie debe ser nombrado si no tiene esta virtud, dijo Álvarez, agregando que otros requisitos son independencia y honradez.

Hay quienes apuestan por que los nuevos magistrados salgan del sistema judicial. Todos tienen claro que no deben estar ligados a intereses político-partidistas.

En su plan de gobierno, Varela prometió hacer la designación del procurador y los magistrados en consulta con los representantes de organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la independencia de la administración de justicia.

Pero hasta el momento esa promesa de campaña ha sido incumplida. Antes de elegir a Kenia Porcell como procuradora de la Nación y a Eduardo Valdés Escoffery como magistrado del Tribunal Electoral, no hubo consultas con los sectores ciudadanos.

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