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‘EE.UU. viola el derecho de defensa'
- 06/10/2016 02:05
- 06/10/2016 02:05
‘Según nuestra Constitución, las autoridades tienen la obligación de defender la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros que residen en Panamá, quienes han confiado en nuestra jurisdicción para vivir', aseguró Adolfo Linares, quien ofreció una conferencia, este miércoles, sobre ‘El caso Waked y la Lista Clinton', en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.
Como abogado, Linares ha hecho un estudio minucioso del caso Waked y se atreve a afirmar que se está ante un ‘hecho insólito donde una potencia extranjera confisca la propiedad y viola el derecho y las libertades ciudadanas de todas las familias panameñas afectadas, que perderán sus casas, autos y verán sus ingresos reducidos súbitamente por una decisión unilateral y autoritaria de la OFAC'.
ADOLFO LINARES
‘El miedo a la reputación de la OFAC y su poder absoluto convierten a dicha designación en una muerte financiera',
Abogado
En una exposición de más de dos horas, Linares hizo énfasis en la violación del debido proceso, que es el freno y la balanza que obliga a las autoridades a estar subordinadas a las leyes del país, porque protegen a las personas de cualquier abuso del Estado.
Rodeado de estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá, Linares recordó que el debido proceso legal es un principio que proviene del derecho anglosajón, por lo que resulta ‘contradictorio' que la familia Waked se haya visto obligada a ir a la Corte en Washington D.C. para hacer valer sus derechos.
‘Es una ironía, un acto de hipocresía de lo más macabro', acusa Linares, quien agrega que mientras que el Gobierno de Estados Unidos lanza críticas a diario en Panamá por una supuesta falta de transparencia, en el país norteamericano se niegan a revelar las pruebas de las acusaciones.
SOBRE LA OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América administra e impone sanciones económicas y comerciales sobre la base de su política exterior y objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros, terroristas, narcotraficantes y aquellos quienes realizan actividades relacionadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos.
Linares también detalló cómo trabaja Estados Unidos por medio de esta organización.
‘Una designación por OFAC en la ‘Lista Clinton' no prohíbe formalmente ni afecta las transacciones entre usuarios, individuos o entidades que no estén bajo la jurisdicción americana', dijo el abogado.
Pero recordó que la presión es mediática porque ‘el miedo a la reputación de la OFAC, y su poder absoluto convierten a dicha designación en una muerte financiera y social, tanto de la persona o de la empresa con el agravante, como sucede con las empresas de Waked'.
‘Abdul Waked no ha podido presentar una legítima defensa, pues no se le ha informado siquiera de las supuestas acusaciones en su contra', advirtió el abogado, quien además remarcó que ‘hasta el día de hoy los funcionarios de la OFAC han negado reunirse con alguno de los representantes de las empresas afectadas o sus abogados'.
Linares reiteró que toda persona tiene el derecho humano, constitucional y legal de defenderse contra cualquier cargo que se le achaque y de apelar ante una autoridad superior, en este caso, la inclusión de su nombre en la ‘Lista Clinton'.
Con firmeza, aseguró Linares, que ‘el Gobierno de Estados Unidos viola ese derecho' cuando se niega a revelar la base o sustento que llevó a las designaciones, pues ‘dicho expediente fue entregado con más del 70% de su contenido tachado en negro, lo que lo convierte en un chiste de mal gusto y un acto de soberbia totalitaria más acorde con un gobierno dictatorial y no de la cuna de la democracia y el debido proceso'.