Acusaciones contra el Ejecutivo

PANAMÁ. Una vez más, el Ejecutivo es salpicado por interferir en las decisiones del Órgano Judicial.

En esta ocasión se trata del calvario judicial que vive el empresario de nacionalidad española Gustavo Vásquez, quien desde el pasado 28 de octubre se encuentra detenido en el centro penitenciario El Renacer.

Esto debido a que la Fiscalía Décimo Cuarta del Primer Circuito Judicial lo privó de su libertad bajo el cargo de insolvencia agravada (término legal que se le atribuye a una persona que con la intención de sustraerse del pago de las jubilaciones, transponga u oculte sus bienes para no cumplir con el pago de sus obligaciones).

Según la abogada de Vásquez, Edna Ramos Chue, este lío judicial inició cuando la tía política de empresario español, Emilia Estévez de Vásquez, le declaró una guerra legal en los tribunales de justicia a su sobrino, ya que quiere ser accionista dentro de todo al patrimonio de su familia política, fundadores de Mueblería Unión y Financiera Única.

Delito financiero, insolvencia agravada, blanqueo de capitales, estafa y contra la fe pública han sido los argumentos interpuestos por la parte querellante, en tres diferentes fiscalías y un juzgado.

Aunque la defensa de Vásquez ha presentado unos nueve recursos de hábeas corpus ante las autoridades, la abogada ha llegado a la conclusión de que ‘en el país pareciera que no hay Dios ni ley’.

Ramos Chue alega que Vásquez fue detenido pese a que el artículo 2140 del Código Judicial, que fue modificado a través de la ley 27 del 2008, establece que solo habrá detención preventiva bajo pena mínima de cuatro años.

UNA PERSECUCIÓN INJUSTIFICADA

‘Se está utilizando a la justicia penal como instrumento de terrorismo judicial porque lo están persiguiendo con el único fin de que ponga a su disposición el 50% de su patrimonio’, dijo a La Estrella la abogada Edna Ramos Chue.

La abogada dijo que ante el peligro de que la familia Vásquez pierda sus bienes, los padres del detenido están muy deprimidos.

Frente a este desalentador panorama, la jurista remitió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Aníbal Salas, con fecha del 1 de diciembre, donde en el numeral tres detalla una serie de ‘supuestas injerencias de otros Órganos del Estado en la administración de justicia’.

De acuerdo con el documento, la contraparte junto a sus abogados han expresado abiertamente que cuentan con el apoyo del presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien ha dado órdenes en el caso para que la justicia falle a favor de Emilia Estévez de Vásquez.

De no llegar Gustavo Vásquez a firmar el acuerdo de traspaso del 50 por ciento de los bienes que solicita su tía política, le advirtieron que sería trasladado a la cárcel La Joyita, se le aplicará medida cautelar de casa por cárcel a sus padres —ancianos mayores de 80 años— y decretarán el secuestro penal de sus negocios, que quedarían en manos del Estado.