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- 19/04/2026 00:00
La regulación del transporte por plataformas desata un choque entre el Gobierno y el ecosistema digital, que cuestiona su impacto en el empleo, la innovación y la competitividad del país frente a modelos modernos de movilidad
El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este sábado 18 de abril que revisará el alcance del Decreto Ejecutivo No. 10 de 16 de abril de 2026, luego de la ola de cuestionamientos que generó la nueva regulación del transporte selectivo de lujo operado mediante plataformas digitales.
A través de la red social X, el mandatario indicó que ha estado “leyendo muchas opiniones” sobre la normativa y convocó para este lunes 20 de abril una reunión con autoridades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y del Ministerio de Gobierno. “No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio”, afirmó.
El pronunciamiento se da en medio de crecientes críticas de empresas tecnológicas y representantes del ecosistema digital, que advierten que el decreto introduce restricciones que podrían transformar el modelo de plataformas hacia esquemas tradicionales.
La plataforma inDrive alertó que varias disposiciones afectarían la oferta del servicio y las oportunidades de ingreso de miles de conductores. Según la empresa, requisitos como certificaciones operativas, avales de organizaciones prestatarias y condiciones específicas para los vehículos podrían impactar a más del 95% de quienes utilizan estas aplicaciones como fuente complementaria de ingresos. También cuestionó la posible imposición de cupos por zona, al considerar que no responde a la dinámica del mercado digital.
Por su parte, Uber informó que evaluará el alcance del decreto para determinar la eventual integración de taxis de lujo a su aplicación en Panamá, mientras reiteró su compromiso con la movilidad urbana y los estándares de seguridad tecnológica.
El Decreto Ejecutivo No. 10 establece nuevas condiciones tanto para conductores como para vehículos, entre ellas antigüedad máxima de las unidades, exigencia de nacionalidad panameña, récord policivo limpio y el uso obligatorio de métodos de pago electrónicos. Además, redefine la relación entre plataformas y operadores al impedir que las aplicaciones administren directamente los certificados de operación.
Sin embargo, el debate ha escalado más allá de las empresas. El presidente de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, Rodrigo Icaza, cuestionó el enfoque del decreto al considerar que ignora la realidad tecnológica actual.
Icaza sostuvo que la regulación se fundamenta en la Ley No. 14 de 1993, una norma previa al acceso masivo a internet en Panamá. “No podemos regular algo que es nativamente digital con normas del pasado”, advirtió, al subrayar que el primer nodo de conexión del país se estableció en 1994 por la Universidad Tecnológica de Panamá.
A su juicio, el decreto traslada el modelo de plataformas a un esquema de control estatal que limita la libre competencia. Señaló que mientras Uber fija tarifas mediante algoritmos e inDrive permite la negociación directa entre usuario y conductor, la nueva normativa otorga a la autoridad la potestad de definir precios, lo que —según dijo— implica un retroceso hacia sistemas tradicionales.
El especialista también advirtió sobre una contradicción en la política económica. “Se promueve la empresa privada, pero se interviene en decisiones clave de plataformas digitales”, afirmó.
Icaza planteó que la salida estructural no pasa por decretos, sino por una reforma de fondo a la Ley No. 14 de 1993 en la Asamblea Nacional, que permita adaptar el marco regulatorio a la economía digital. “Regular por decreto mantiene la incertidumbre. El país necesita reglas modernas y estables”, concluyó.
En tanto, el diputado de la coalición Seguimos, Ernesto Cedeño, reveló la tarde de este sábado 18 de abril que presentará una demanda contencioso-administrativa de nulidad en la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto Ejecutivo No. 10 de 16 de abril de 2026, que regula el transporte selectivo de lujo mediante plataformas digitales en Panamá.
Según Cedeño, la acción legal será interpuesta mañana ante la Corte Suprema, al considerar que el reglamento presenta “visos de legalidad cuestionables” y podría beneficiar indebidamente a sectores tradicionales del transporte.
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