En medio de reproches, la Asamblea avala $30 millones a descentralización

La discusión sobre el traslado de $30 millones para municipios provocó un fuerte choque político en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional entre diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y las autoridades de descentralización.

La sesión estuvo marcada por acusaciones de persecución política, cuestionamientos constitucionales y reclamos por el manejo de fondos públicos. Los principales protagonistas fueron los diputados Benicio Robinson y Raphael Buchanan, quienes criticaron duramente la gestión de los recursos destinados a municipios y juntas comunales.

El debate giró alrededor de un traslado de partida vinculado a fondos del impuesto de bienes inmuebles, recursos destinados a cubrir compromisos pendientes con gobiernos locales. Sin embargo, la discusión rápidamente escaló hacia denuncias políticas y cuestionamientos sobre la gestión de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Robinson fue el primero en elevar el tono. El diputado sostuvo que el traslado afecta recursos vinculados al servicio de la deuda pública, algo que —según dijo— contradice disposiciones constitucionales.

“Se puede tocar todo lo que está en el presupuesto, menos la deuda”, afirmó ante la comisión.

El dirigente del PRD aseguró además que el Estado mantiene una deuda superior a los $390 millones con municipios y juntas comunales por ingresos del impuesto de bienes inmuebles que, según dijo, ya fueron cobrados a los contribuyentes pero no transferidos.

La tensión aumentó cuando Robinson acusó directamente a la administración de descentralización de enfocar sus auditorías e investigaciones contra juntas comunales y alcaldías ligadas al PRD, Cambio Democrático y Panameñista.

“Si no hubiera entrado solamente a perseguir a los PRD en las juntas comunales y a los municipios, y algunos cambios democráticos y algunos panameñistas, se hubiera ubicado mejor en cómo administrar bien la descentralización”, manifestó.

La respuesta de la directora de descentralización llegó de inmediato. La funcionaria defendió las investigaciones impulsadas por la entidad y aseguró que las denuncias remitidas al Ministerio Público responden a expedientes vinculados a fondos “sin justificación”.

“Lamento, diputado Robinson, que siga sintiéndose tan afectado por las denuncias”, respondió.

Según explicó, la AND remitió expedientes relacionados con $320 millones presuntamente sin sustento y aseguró que el Ministerio Público mantiene investigaciones sobre $238 millones que no pudieron ser justificados.

“El Ministerio Público es el que da respuesta a los 238 millones de dólares que no pudieron ser sustentados y que ellos están investigando”, indicó.

La directora también rechazó las críticas sobre la distribución de fondos y sostuvo que administraciones anteriores no reconocían el crecimiento real de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles.

“Por primera vez un gobierno reconoce la totalidad de lo que la estimación real corresponde”, afirmó.

El diputado Raphael Buchanan respaldó la posición crítica del PRD y cuestionó la versión oficial sobre supuestos recortes presupuestarios hechos por la Asamblea Nacional.

Buchanan pidió aclarar públicamente si fue el MEF o la Asamblea quien redujo las asignaciones para descentralización, luego de que funcionarios sugirieran que la Comisión de Presupuesto disminuyó recursos originalmente solicitados.

“El que hace los recortes es el Gobierno”, reclamó.

La discusión obligó a funcionarios del MEF a intervenir para explicar que la institución realiza “análisis y redistribución” de partidas presupuestarias, aunque evitaron hablar directamente de recortes.

En medio del intercambio también intervino la diputada Janine Prado, quien introdujo cuestionamientos sobre la fórmula utilizada para distribuir los recursos municipales. Prado preguntó si el uso del censo poblacional —actualizado cada diez años— realmente refleja las necesidades actuales de las provincias del interior.

Ante esos cuestionamientos, la directora de la AND explicó que actualmente se analiza una modificación al sistema de distribución de recursos mediante una consultoría financiada por Naciones Unidas y evaluada junto al MEF.

Según indicó, la propuesta contempla categorías de municipios basadas no solo en población, sino también en variables de vulnerabilidad social y económica para lograr una distribución “más equitativa”.

La funcionaria confirmó además que esos cambios requerirían modificaciones parciales a la Ley 37 de descentralización, discusión que eventualmente tendría que pasar por la Asamblea Nacional.

Pese al ambiente cargado de reproches y acusaciones, la Comisión de Presupuesto finalmente aprobó el traslado de partida.

La solicitud recibió 10 votos a favor, una abstención —la de Robinson— y ningún voto en contra.

Por otro lado, la Comisión de Presupuesto aprobó un traslado interinstitucional de $2.2 millones hacia el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para cubrir pagos relacionados con el acceso vial de la policlínica de David.

En total, durante la jornada legislativa se discutieron y aprobaron movimientos presupuestarios por más de $14 millones vinculados a proyectos de infraestructura del MOP. Entre ellos destacó también el crédito adicional suplementario por $12,062,501 destinado a la segunda fase del proyecto de construcción de 50 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.