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Freno al aumento a las jubilaciones y reforma fiscal dominaron el último día legislativo
- 01/05/2026 00:00
Mientras el MEF impulsó cambios fiscales para sacar a Panamá de listas restrictivas, la Asamblea cerró sin aprobar su reforma interna y pausaron el proyecto de ley que aplicaría impuestos a contenedores para aumentar a $600 las jubilaciones
La Asamblea Nacional bajó el telón de su segundo periodo ordinario de sesiones con una mezcla de tensión política, advertencias económicas y cuentas pendientes que reflejan el complejo momento que atraviesa el país.
El cierre legislativo de este 30 de abril estuvo marcado por temas que dominaron el debate político nacional: la suspensión del proyecto de ley 491 sobre jubilaciones, la presentación de la ley de sustancia económica impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el estancamiento de la reforma al reglamento interno del Legislativo.
El momento más delicado de la sesión llegó cuando el pleno decidió suspender el tercer debate del proyecto de ley 491, que buscaba equiparar las pensiones de jubilados en 600 dólares mediante un cobro adicional de $1.50 por movimiento de contenedores de 20 pies.
La iniciativa, presentada por la diputada Grace Hernández, avanzó rápidamente en segundo debate, pero chocó con la resistencia abierta del Ejecutivo y del sector marítimo.
La diputada del Movimiento Otro Camino defendió la suspensión como una “pausa estratégica” para evitar que el presidente José Raúl Mulino vetara la norma y obligara a reiniciar todo el proceso legislativo.
“No se podía actuar con el corazón, sino con inteligencia”, sostuvo Hernández ante el pleno.
Mulino cuestionó públicamente que el proyecto avanzara sin consulta suficiente con actores clave como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Marítima de Panamá.
Pese a la suspensión, el tema quedó políticamente vivo. Diputados de distintas bancadas aprovecharon el periodo de incidencias para insistir en nuevas fórmulas de financiamiento para los jubilados, incluyendo excedentes del Canal de Panamá, fondos marítimos, ahorros estatales y recortes en consultorías gubernamentales.
El MEF abre la batalla fiscal
Mientras el pleno discutía jubilaciones, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, abrió otro frente político al presentar el proyecto de ley sobre sustancia económica y rentas pasivas de fuente extranjera. Será el tema a debatir en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional.
La iniciativa representa uno de los movimientos fiscales más importantes del Gobierno de Mulino desde el inicio de la administración.
El proyecto busca reforzar el principio de territorialidad fiscal y exigir actividad económica real a determinadas estructuras multinacionales para mantener beneficios tributarios.
Chapman defendió la propuesta como una respuesta obligada a las presiones internacionales y a la permanencia de Panamá en listas restrictivas de la Unión Europea.
“Mantener esta situación conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la generación de empleo”, afirmó el ministro ante el pleno.
El MEF apuesta a que la reforma permita mejorar la imagen internacional de Panamá y atraer inversión con presencia económica tangible, generación de empleo y valor agregado.
Sin embargo, el proyecto también abre un debate político y empresarial complejo.
Sectores económicos observan con cautela cualquier modificación al modelo tributario panameño, mientras el Gobierno insiste en que el país necesita alinearse con estándares internacionales para evitar mayores sanciones y aislamiento financiero.
La importancia del proyecto quedó reflejada en el propio discurso de cierre del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, quien adelantó que las sesiones extraordinarias girarán principalmente alrededor de esta discusión fiscal.
El reglamento interno: la gran deuda pendiente
El otro símbolo del cierre legislativo fue el reconocimiento público del fracaso parcial en la reforma al reglamento interno de la Asamblea.
Herrera admitió que no logró llevar el proyecto al pleno pese a haberlo convertido en una de las principales promesas de su gestión.
“Si me voy con una espina es precisamente no haberlo logrado”, declaró.
La reforma, aprobada únicamente en primer debate, buscaba modernizar procedimientos internos y responder a reclamos históricos de transparencia y funcionamiento legislativo.
Herrera defendió que el retraso no obedeció a falta de voluntad política, sino a la intensa carga legislativa del periodo.
El presidente del Legislativo destacó que durante estos meses se aprobaron 100 proyectos en tercer debate, de los cuales 44 ya son leyes de la República.
También defendió cifras de productividad institucional: 129 sesiones plenarias, 95% de asistencia legislativa y más de 1,500 horas de trabajo en comisiones.
Pero el reglamento interno terminó convertido en símbolo de los límites políticos de la nueva Asamblea.
Aunque Herrera insistió en que continuará impulsándolo incluso fuera de la presidencia legislativa, el episodio dejó al descubierto las dificultades para construir consensos alrededor de reformas que afectan directamente el funcionamiento y poder interno del órgano legislativo.
En su discurso de cierre, Herrera intentó proyectar una imagen de transformación institucional.
Defendió una Asamblea “más abierta”, con transmisión pública de votaciones y mayor acceso ciudadano a la información legislativa.
También destacó acercamientos diplomáticos internacionales, acuerdos de modernización tecnológica y relaciones más fluidas con el Ejecutivo.
Sin embargo, el cierre dejó señales mixtas.
La Asamblea logró mantener productividad legislativa y aprobar proyectos relevantes, pero terminó el periodo con reformas estructurales pendientes y bajo presión constante por temas sociales y económicos.
El último día de sesiones mostró un Legislativo atrapado entre dos exigencias: responder a demandas populares inmediatas y, al mismo tiempo, sostener la estabilidad fiscal e institucional del país.
Un último periodo de incidencias
El periodo de incidencias también funcionó como termómetro político del país.
Diputados oficialistas y de oposición utilizaron sus intervenciones para posicionar los temas que probablemente dominarán la próxima legislatura.
La inseguridad en Panamá Norte ocupó buena parte de las intervenciones.
Diputados denunciaron homicidios, deterioro urbano y falta de respuesta estatal en sectores como Las Cumbres, Chilibre y Caimitillo.
El abastecimiento de agua potable reapareció como otro eje de preocupación nacional, con llamados para construir nuevas potabilizadoras y reducir la dependencia de la planta de Chilibre.
También resurgieron denuncias sobre transparencia municipal, especialmente relacionadas con la Alcaldía de Arraiján.
Las incidencias reflejaron un escenario político donde la presión ciudadana se concentra cada vez más en problemas concretos: seguridad, agua, jubilaciones, servicios públicos y transparencia.
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