Fuero electoral, barrera que protege al fiscal Peñaloza

El fuero penal electoral del que goza Eduardo Peñaloza como fiscal Electoral se ha convertido en una barrera que impide investigarlo.

Ahora está en manos de la procuradora de la Nación, Ana Belfon, quien antes de ser nombrada como jefa del Ministerio Público era la asesora del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien nombró a Peñaloza. Es ella quien debe solicitarles a los magistrados del Tribunal Electoral que se le levante la protección para investigarlo.

Así lo dejó claro Belfon cuando el Colegio Nacional de Abogados, por medio de su presidente, José Alberto Álvarez, acompañado de la junta directiva, denunció al fiscal electoral por ‘omisión de sus funciones como servidor público’.

Álvarez aseguró que Peñaloza ‘no ha cumplido con su deber de investigar los delitos en el país durante la época electoral, en la que hubo derroche de apoyo estatal a diferentes candidatos que eran afectos a la nómina progobierno, lo cual está penado en el Código Penal y el Código Electoral’.

El Código Electoral, en su artículo 143, establece que los funcionarios electorales gozarán de fuero penal, por lo que no podrán ser detenidos, arrestados o procesados sin autorización del Tribunal Electoral, excepto en caso de flagrante delito.

La investigación penal no es lo único que solicita el Colegio de Abogados, que cuenta con el respaldo del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, del Movimiento de Abogados Gremialistas y de varios sectores de la sociedad que están exigiendo la ‘suspensión inmediata del ejercicio del cargo que desempeña, para evitar que se obstruya o dificulte la investigación’.

La junta directiva del Colegio Nacional de Abogados que acudió a presentar la denuncia fue recibida por la propia procuradora de la Nación.

BELFON SE DEFIENDE

Durante el encuentro con la dirigencia de los abogados, la jefa del Ministerio Público aprovechó para defender su administración y recalcar que su ‘gestión ha sido totalmente independiente’.

Para Belfon, ‘todos los que han depredado el país, siempre y cuando existan las pruebas, tienen que responder’.

Un día antes, el fiscal Peñaloza había salido en su propia defensa y alegado que es el Tribunal Electoral la institución a la que le corresponde resolver las impugnaciones, y no a la Fiscalía, como ha expresado de manera reiterada en los medios el magistrado presidente del Tribunal, Erasmo Pinilla.

De acuerdo con el fiscal, los magistrados tienen todas las herramientas para haber resuelto las impugnaciones, porque tienen la amplia facultad que les otorgan la Constitución y el Código Electoral en manera de interpretación y aplicación de la ley electoral.