Intento de reactivar proyectos anticorrupción fracasó en el pleno legislativo

El inicio de las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional estuvo marcado por un tenso pulso político que dejó en evidencia las profundas divisiones en torno a la agenda anticorrupción.

En su primera jornada del año, el pleno legislativo rechazó un intento por reactivar los proyectos de ley 291 y 292, dos iniciativas orientadas a reforzar la lucha contra la corrupción que ya habían sido descartadas en la Comisión de Gobierno, que preside el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho.

La maniobra buscaba devolver los proyectos al debate del pleno, bajo el argumento de que temas de alto interés nacional no deberían quedar enterrados en una instancia de comisión.

Sin embargo, la propuesta no logró reunir los votos necesarios para modificar el orden del día, frustrando así cualquier posibilidad inmediata de discusión.

El intento de rescate fue encabezado por el diputado José Pérez Barboni, quien contó con el respaldo de sus colegas Roberto Zúñiga, Jorge González, Grace Hernández y Ernesto Cedeño.

El grupo presentó una resolución de revocatoria de dictamen con la intención de que las iniciativas, originalmente impulsadas por el Procurador General de la Nación, fueran sometidas a la consideración de los 71 diputados del pleno.

Durante su intervención, Barboni defendió la necesidad de abrir el debate y cuestionó que decisiones de alto impacto institucional queden en manos de una minoría legislativa.

A su juicio, el país demanda señales claras de transparencia y voluntad política frente a la corrupción, y cerrar la discusión en comisión envía un mensaje contrario a las expectativas ciudadanas.

“No podemos simplemente matar estos proyectos en comisiones cuando son tan referentes para el país y la ciudadanía allá afuera espera que los discutamos”, sostuvo el diputado, al insistir en que el pleno debía asumir la responsabilidad política de aprobar o rechazar las propuestas a través de un debate abierto.

El diputado también subrayó que permitir la discusión en segundo debate no implicaba una aprobación automática, sino la oportunidad de que cada bancada fijara posición de cara al país, fortaleciendo la legitimidad del proceso legislativo.

En la acera opuesta, el diputado Camacho lideró el bloque que se pronunció en contra del intento de revocatoria, planteando que el problema de la corrupción no radica en la ausencia de leyes, sino en la falta de aplicación de las normas vigentes.

Camacho señaló que cualquier esfuerzo legislativo resultaría insuficiente si no se acompaña de un proceso de depuración interna en las instituciones encargadas de impartir justicia.

En ese sentido, sostuvo que el Ministerio Público debe someterse a un proceso de saneamiento institucional antes de impulsar nuevas herramientas legales.

“Lo que requerimos en este país es el saneamiento de la corrupción que existe en los estamentos precisamente llamados a impartir justicia”, puntualizó, marcando distancia del planteamiento de sus colegas.

Para que la resolución de revocatoria pudiera ser considerada, el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional exige una mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes para alterar el orden del día.

En ese momento, el pleno contaba con la presencia de 50 diputados, por lo que se requerían al menos 34 votos afirmativos para dar curso a la propuesta. Sin embargo, el resultado de la votación quedó por debajo de ese umbral.

El tablero electrónico reflejó 29 votos a favor, tres votos en contra y una abstención. Al no alcanzarse la cifra mínima exigida, la Secretaría General declaró inexistente la votación para efectos reglamentarios, cerrando el procedimiento sin que se modificara la agenda del día.

Con ese resultado, los proyectos de ley 291 y 292 quedaron nuevamente fuera del debate legislativo, al menos por ahora.