Jueza Marcia Cooke concede libertad bajo fianza a Ricardo Martinelli

La jueza de la Corte Federal del Distrito Sur, Marcia Cooke, concedió libertad bajo fianza al expresidente panameño Ricardo Martinelli.

La fianza no quiere decir que Martinelli pueda regresar a Panamá una vez recupere su libertad. El expresidente tendrá que seguir en Estados Unidos a la espera de una decisión del Departamento de Estado. La diferencia está en que ahora podrá esperar en su residencia en Miami y no en un centro penal.

Hoy vence el plazo para responder a la petición de libertad de Martinelli

Informes preliminares indican que Martinelli ofreció $1 millón como fianza, además no podrá salir del territorio de los Estados Unidos mientras se defina el tema de la extradición, deberá llevar brazalete electrónico, estar bajo vigilancia 24 horas y tendrá que permanecer en su residencia en Miami.

Para iniciar el proceso y hacer efectiva la fianza, el expresidente panameño tendrá que depositar un 10% del total, una cifra cercana a $100 mil. Martinelli, solo podrá salir de su residencia por razones médicas.

Se espera que el tramite para salir de la Cárcel Federal de Miami tome horas o cuando más un par de días.

Según el documento de la jueza Cooke, se tomó en consideración la edad avanzada del expresidente y su condición de salud "deteriorada" para otorgar la fianza.

También, se dispone que el expresidente tendrá que entregar su pasaporte a las autoridades judiciales de los Estados Unidos.

Martinelli está detenido en la cárcel Federal de Miami desde el 12 de junio del año del año pasado, a la espera de que se defina el proceso de extradición que se le sigue en Panamá.

El exmandatario es requerido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en extradición por un proceso en su contra por los denominados "pinchazos telefónicos". Además tiene pendientes más de media docenas procesos judiciales por diversas causas.

Según el expediente de los "pinchazos", durante la administración de Martinelli, se escucharon conversaciones telefónicas y se espiaron correos electrónicos, sin autorización judicial, de al menos unas 150 personas, entre ellos líderes políticos, periodistas, empresarios, dirigentes sindicales y políticos, algunos adversarios y otros de su propio partido, Cambio Democrático.