Un pacto al que no se le hace justicia

PANAMÁ. 12 de abril de 2003, una sala repleta de reconocidos juristas, empresarios, y políticos, escuchaban atónitos en CADE Centenario, la clausura que selló el encuentro: la idea de impulsar un ‘Pacto de Estado por la Justicia’.

Ese día había mucho entusiasmo en la sala, y no era para menos, a la iniciativa se alinearon los para ese entonces candidatos presidenciales, Guillermo Endara por el partido Solidaridad, el precandidato arnulfista Marco Ameglio, y Ricardo Martinelli por Cambio Democrático, mientras que Martín Torrijos fue el único que no asistió pues estaba de viaje.

EL PRIMER IMPULSO

La propuesta era promisoria, era como dar un golpe de timón de 180 grados a la administración de justicia: recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad, a través de una declaración suscrita por varias organizaciones del país, ‘ese fue el sueño’, recordó Ana Zita Rowe, presidente de la Asociación de Magistradas y Jueces del Órgano Judicial. Así lo dejó claro durante su ponencia sobre carrera judicial hace poco en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

De ese sueño, increpa Magaly Castillo de Alianza Ciudadana hoy solo queda el recuerdo, pues, la historia de impulsar una carrera judicial acorde con los tiempos ‘en Panamá ha sido larga y frustrante’. Todo apunta a que cambiar el sistema para lograr una efectiva y rápida administración de justicia se ha convertido en el sueño, un mito que al menos por ahora parece que está lejos de convertirse en realidad.

Pero los cañones apuntan directo hacia eso: mejorar el régimen para la selección de los magistrados de la Corte e impulsar una nueva ley de carrera judicial, que según lo acordado en la Comisión de Pacto de Estado por la Justicia en 2005 desde el año 2007 Panamá ya debería contar con esa nueva ley de Carrera Judicial que contemple rendición de cuentas, la estabilidad de los funcionarios y por sobre todas las cosas ‘a través de un tribunal de transparencia garantice la independencia judicial’, sustenta el magistrado de la Corte, Harley Mitchell.

Porque el tema ‘ya pasó de ser un tema técnico-jurídico y ahora es un tema de política de Estado’, ese debe ser el norte según lo planteado por el expresidente del Colegio Nacional de Abogado, César Ruiloba.

Pero esta aspiración, aún sigue siendo un sueño de cuna, pues en la actualidad el sistema de administración de justicia se ha convertido en ‘un verdadero dolor de cabeza’, precisamente porque se requiere incorporar a este engranaje un Tribunal de Integridad y Transparencia que tal como lo afirma el magistrado de la Corte, Harry Díaz, sus integrantes deberían contar como integrantes a miembros del Colegio de Abogados, asociaciones civiles, entre otros.

LA SUSTENTACIÓN DEL GOBIERNO

No obstante, parece que la Carrera Judicial sigue teniendo tropiezos, una gran muralla que según los cálculos establecidos le costaría al Estado $12.5 millones. Dicen que es asunto dinero o ‘falta de presupuesto’, ha sido la explicación que da el Ejecutivo.

Por ahora, los vientos siguen soplando en contra de la administración de justicia. Y es que esa aspiración de que se asigne a la administración de justicia l 3% del Presupuesto General del Estado, se esfumó la semana pasada cuando se aprobó una reducción de la asignación presupuestaria de 1.47% de presupuesto General del Estado en el año 2004 a un 1.18% en el año 2014, lo que denota una total indiferencia con respecto a los problemas que enfrenta la justicia penal ordinaria, la penal juvenil, la de familia, la civil y los temas constitucionales, entre otras ramas de la administración de justicia.’, esboza un comunicado de Alianza Ciudadana Pro Justicia.

EL PANORAMA ACTUAL

Mientras tanto, al problema siguen esparciéndose por el engranaje judicial como si fuera un cáncer maligno: sigue la sobresaturación de expedientes, no hay suficientes juzgados, y por supuesto hacen falta más funcionarios judiciales.

De acuerdo al último reporte de 3 mil 772 funcionarios, unos 964 laboran en la Corte y solo un 17% está en Carrera Judicial.

Mientras en la Asamblea Nacional, se encuentra congelado, a solicitud del Ministerio de Economía, previo al primer debate, el proyecto de ley para restablecer la Carrera Judicial.

Los últimos 10 años, solo se ha destinado el 0.5% del Producto Interno Bruto a la administración de justicia. Para Alianza Ciudadana esto quiere decir que el incremento de la economía, no se convierte en garantía de mejores días para la justicia.

La pregunta que se hacen los juristas es precisamente ¿hacia donde va un sistema que de por sí, ya colapsó?.