‘Necesitamos servidores públicos leales al país y no a los partidos’

Hasta hace poco menos de un mes, como cualquier joven abogado de su generación, David Montenegro se debía a sus clientes, a su familia y sus amigos.

Desde hace unas tres semanas, sobre él recae una misión que reviste gran importancia para los 4 millones de panameños. En particular, para los más de 200 mil funcionarios públicos.

‘Queremos dotar al país de una ley de carrera administrativa que permita impulsar un funcionariado público como lo pide la Constitución: cuya estabilidad solo dependa de sus méritos; y que se conduzca con lealtad y moralidad en el servicio’, sostiene el funcionario nombrado como director General de Carrera Administrativa (DGCA) por el presidente, Juan Carlos Varela.

Los beneficios de una ley que asegure la ‘meritocracia’ en el sistema de reclutamiento y retención del recurso humano del Estado son imponderables.

Un funcionariado profesional y leal al país, no a los partidos, contribuiría de forma directa al desarrollo sostenible del país y a brindar los servicios que reclama el pueblo panameño, reconoce Montenegro.

LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA

La Dirección General de Carrera Administrativa, ahora bajo la dirección de Montenegro, deberá reordenar el sistema que regula el reclutamiento, clasificación y retención de los funcionarios públicos panameños tras el caos originado durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Es lo mismo que intentó en su momento la Ley 9 de junio de 1994, la cual adoptó por primera vez en el periodo postinvasión un sistema de carrera administrativa.

‘La Ley de Carrera Administrativa era bastante apropiada’, reconoce el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, no muy dado a las alabanzas.

Pero, después de ser mal usada por varios gobiernos ‘terminó por ser destrozada durante el mandato de Ricardo Martinelli’, opina Bernal.

CÓMO SE DESTROZÓ LA LEY 9

El gobierno de Ernesto Pérez Balladares fue acusado de ‘irregularidades’ en el proceso de acreditación e ingreso de unos 10 mil funcionarios al sistema de ‘carrera administrativa’.

Durante el gobierno de Mireya Moscoso, se suspendió la implementación de la ley.

El gobierno de Martín Torrijos redujo a un mínimo los requisitos para el ingreso a la ‘carrera administrativa’ por parte de los funcionarios ‘en funciones’: un mínimo de dos años de labor ininterrumpida, sin concurso y sin tener que mostrar que cumplían con los requisitos para el cargo establecidos en los manuales.

Pero el que se llevó el copón fue Ricardo Martinelli. A menos de treinta días de inaugurar su mandato, su gobierno ratificó la Ley 43 de 2009, que anulaba todos los avances en materia de profesionalización de los funcionarios públicos alcanzados desde la aprobación de la Ley 9, en 1994.

La Ley 43 dejó sin efecto la estabilidad de unos 52 mil funcionarios certificados en la carrera administrativa desde su puesta en vigor, en 1996.

Además, anulaba la obligación de contratar a nuevos funcionarios mediante concurso, según la clasificación de los manuales de puesto de cada institución.

En resumen, la ley dio carta blanca al gobierno para despedir a más de 100 mil funcionarios públicos, 33 mil de ellos de carrera (números suministrados por la Fenasep, no confirmados por Contraloría).

RETOS DE LA DGCA

Entre los retos identificados por Moreno para llevar adelante el proyecto, están: motivar a las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos (OIRH) a ejecutar todas las funciones que les ordena la ley.

Una de las labores más importantes sería desarrollar los debidos manuales de cargos.

Estos manuales deben identificar cuáles son ‘los puestos de carrera’; es decir, aquellos cruciales para llevar a cabo la misión de cada institución. Los puestos deben ser clasificados por categoría, funciones y nivel jerárquico.

Hasta el momento, 47 instituciones han desarrollado este tema como es debido. Faltan 38 más.

Las OIRH también deberán ponerse al día con las evaluaciones de los funcionarios. ‘No basta con dar acreditaciones. Hay que medir constantemente su desempeño‘, dice Montenegro.

Además, se pretende adecuar las leyes a los tiempos. Hay muchas ocupaciones nuevas no contempladas en los manuales de cargos .

Se piensa lograr la adecuación de los salarios. ‘Es necesario dotar a los funcionarios de un paquete de compensación que los motive a desempeñar sus cargos con eficiencia y eficacia’.

También establecer un sistema de ingreso. Uno de los puntos más discutidos de la ‘carrera administrativa’ es cómo proceder con los funcionarios que ya ocupan un puesto contemplado en los manuales ‘de carrera’. Algunos cumplen con los requisitos para el puesto, otros no.

Actualmente, hay unos 8 mil funcionarios acreditados, pero ‘necesitamos incluir a muchos más’, indica Montenegro.

Otro de los objetivos es dar flexibilidad para las medidas disciplinarias: ‘Las disposiciones legales vigentes establecen un proceso de sanción que es muy complicado ‘, dice Montenegro.

También se quiere definir una solución al problema de la enorme cantidad de funcionarios ‘eventuales’, que cargan casi el 70% de las oficinas públicas. Desde el año 2012, el gobierno contrató a cientos de funcionarios en esta categoría.