Coincidencias de la ‘Ley de pinchazos’

PANAMÁ. En agosto de 2009, el Gobierno Nacional presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 28, que establecía —entre otras disposiciones— la obligación en las empresas concesionarias de telefonía móvil, fija, redes de comunicación y similares, de conservar los datos de los usuarios del servicio.

Precisamente en el mismo periodo en que el presidente Ricardo Martinelli habría hecho el pedido de ayuda para ‘pinchar’ teléfonos al gobierno de Estados Unidos, según se desprende de uno de los cables de la embajada de Panamá que hizo público el sitio web WikiLeaks.

El documento con la nueva legislación llegó el 19 de agosto a la Comisión de Gobierno y provocó el rechazo de diversos grupos de la sociedad civil porque atentaba contra las garantías constitucionales de los panameños, una advertencia que ya había hecho la entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson.

Uno de los cables que envió la diplomática al gobierno estadounidense advirtió de la creación de ‘una ley de escuchas’ que podría ser el primer desafío serio del presidente Ricardo Martinelli contra la sociedad civil. Stephenson hacía mención al proyecto de Ley 19-90.

Stephenson relató a sus superiores sobre las protestas que había producido el proyecto de ley que el gobierno había enviado a la Asamblea Nacional. ‘La ley requiriría el registro de los celulares de prepago y obligaría a las operadoras de telefonía móvil a enviar datos de llamadas al gobierno panameño para investigaciones criminales’, explicó la funcionaria en sus informes al gobierno central de los Estados Unidos, haciendo hincapié en que los voceros del sector civilista de Panamá ya habían hecho sentir su voz de protesta a la ley y que esas mismas ‘ruidosas y potencialmente poderosas fuerzas que una vez resistieron a Manuel Antonio Noriega podrían unirse en causa común sobre estos temas para impactar negativamente en la popularidad de Martinelli’.

Cuenta Stephenson que en un encuentro que sostuvo con el mandatario panameño en la Presidencia de la República, Martinelli insistió en el pedido de colaboración para intervenir teléfonos y dijo ‘que el gobierno panameño podría expandir las intervenciones telefónicas por su cuenta, pero preferiría tener la ayuda del gobierno de Estados Unidos’.

El mandatario, según lo que se desprende de la traducción de los cables, habló de una reunión que había sostenido con las cabezas de las cuatro operadoras de telefonía móvil y discutió métodos para obtener datos de llamadas.

El proyecto pasó los tres debates, pese al mar de cuestionamientos que recibió por su contenido.

Leandro Ávila, diputado opositor y que integró la Comisión de Gobierno cuando se presentó el documento, asegura que aun con los cambios cosméticos que se le hicieron, la ley le da potestad al gobierno para escuchar a la ciudadanía y l eer sus mensajes de texto y correos electrónicos, pues obliga a las empresas telefónicas a conservar hasta por seis meses información sobre conversaciones telefónicas, mensajes de texto, correos de voz y electróni cos.