Márquez Amado: ‘El aumento del financiamiento en la reforma electoral es la avaricia de los politiqueros’

El debate sobre las reglas que regirán el próximo torneo electoral entró en una fase crítica tras la aprobación, en la Asamblea Nacional, del proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales. La propuesta, que redistribuye el número de curules en algunas provincias, ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para el reparto. A esto se suman los aspectos más polémicos de la reforma electoral contenida en el proyecto de Ley 699, particularmente los cambios al financiamiento de las campañas y las restricciones a las candidaturas independientes, aún en discusión por los diputados y que ya generan críticas ante posibles limitaciones a la participación democrática y ventajas para las estructuras partidarias.

Sobre este escenario, La Estrella de Panamá conversó con Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral entre 1990 y 1996, quien advierte que, de mantenerse este rumbo, las reformas podrían profundizar el clientelismo y deteriorar las condiciones de competencia para las elecciones de 2029.

El proyecto de Ley 699 incluía inicialmente cerca de 160 artículos propuestos por el Tribunal Electoral, a los que, tras pasar por la Comisión de Gobierno de la Asamblea, les fueron incorporadas propuestas polémicas, como la de incrementar los topes del financiamiento privado en campaña, pasando de $300 mil en los circuitos con más de 30 mil electores a $500 mil en los circuitos con más de 50 mil electores.

Para Márquez Amado no hay justificación para el incremento, que coincide con una complicada situación económica del país. Considera que elevar los recursos disponibles en las condiciones actuales facilita las prácticas de intercambio de favores políticos por dinero durante el proceso.

“Introducir esos cambios es una señal inequívoca de la avaricia y la voracidad materialista de los politiqueros, de quienes aspiran a que se aumente desproporcionadamente el financiamiento a los candidatos y a los partidos”, señala.

Sostiene que esos recursos deberían utilizarse principalmente para informar a los ciudadanos sobre las propuestas de los candidatos. Su señalamiento apunta a que, además, esto profundizaría la cultura política que sustituye la discusión de los programas de gobierno por una puja de simpatías personales.

“Cuando no se utilizan esos recursos para esos fines, sino para hacer bailes, para repartir dinero, para repartir cerveza, para gastarlo en una publicidad mercantilista que lo que vende es la cara de la persona o pura propaganda, ahí es donde se distorsiona el asunto”, señala.

Para Márquez Amado, tampoco es suficiente con discutir si el financiamiento debe ser 100% estatal o si debe darse mayor espacio al dinero privado, sino que el punto central es su control. “Que sea público o privado no es lo que hace la diferencia. La diferencia está en el uso que se le da a esos fondos y la fiscalización”, afirma.

Cuestiona la pasividad de la Fiscalía Electoral, cuyo trabajo, asegura, debe ser más agresivo y mostrar una “voluntad real” de investigar esos delitos. “Hace falta la voluntad de una fiscalización que verdaderamente existe y que verdaderamente incida en la prevención de la comisión de ese tipo de actos”, señala.

Diputados como representantes

En el caso de la elección de los diputados, el exmagistrado piensa que la discusión tiene como fondo la necesidad de revisar cómo se eligen.

Subraya que uno de los principales problemas es el tamaño reducido de las circunscripciones electorales, que potencia la dinámica de diputados dedicados a atender problemas locales que les corresponden a otros cargos públicos, en lugar de abordar asuntos nacionales.

“Las naciones no progresan a base del problema que tiene el circuito, sino de la visión de conjunto que se articula en la formulación de las leyes. Es tener la perspectiva nacional sobre los puertos, la electrificación, la producción agrícola o la prevención de sismos”.

Márquez Amado incluso considera que la denominación de “diputados” puede resultar engañosa frente al tipo de representación que ejercen actualmente. “Lo que tenemos ahora, en realidad, son diputados que ejercen de representantes, es una distorsión”, destaca.

Considera que, en la discusión sobre la posibilidad de volver a los diputados provinciales, una medida que requeriría una reforma constitucional, debería incorporarse también el debate sobre las prácticas clientelares. Según su interpretación, un sistema basado en territorios más amplios podría dificultar el intercambio de favores políticos que, en circuitos pequeños, resultaría más fácil de establecer en circunscripciones electorales reducidas.

“No se puede descartar que no vaya a darse clientelismo con diputados provinciales, pero es más duro comprar a una provincia entera que un circuito”, subrayó.

También cuestiona la aplicación de la fórmula matemática de cociente, medio cociente y residuo como mecanismo para un reparto proporcional de las curules. Aunque no la ve “necesariamente incorrecta”, señala “distorsiones” en su aplicación que alteran la representación.

“No se hacen las restas correspondientes a los votos que se contaron para el cociente y entonces los mismos votos que se cuentan para el cociente se hacen con el residuo (...) Es una distorsión muy importante. Ese es otro problema que debe atenderse”, denuncia.

Insiste en que debe haber “más filtros” para los aspirantes a la Asamblea, que a su juicio son “excesivamente laxos”.

“De acuerdo con las leyes existentes, usted puede llegar a la Asamblea siendo un perfecto analfabeta. Para ser diputado no hay que saber leer ni escribir (...) Igual puede haber delinquido muchas veces, incluso, pero con tal de que no lo hayan condenado a más de cinco años de prisión, puede optar para ser diputado. Eso se debe revisar”, dijo.

El exmagistrado electoral no se muestra sorprendido por la paulatina caída en la confianza de la ciudadanía hacia el Tribunal Electoral, una institución que otrora gozaba de una percepción positiva, pero que en los últimos años ha registrado un deterioro sostenido, evidenciado recientemente en la última encuesta VEA Panamá de La Estrella de Panamá, publicada en julio pasado.

A su juicio, la entidad está incumpliendo su “labor docente” al no explicar adecuadamente a la ciudadanía el impacto de las reformas sobre el sistema democrático.

“El Tribunal no sale a explicar al país si le conviene más tener un sistema de circuitos o de provincias. No explica qué es más conveniente para una democracia, ni por qué es importante tener personas mejor preparadas que lleguen a los cargos públicos, ni tampoco explica el daño que se hacen los propios electores al aceptar regalos o un pago por votos. No explican por qué hacen las cosas ni cómo eso impacta en la democracia”, señala.

Considera que parte de los problemas institucionales del Tribunal Electoral están relacionados con la forma en que se eligen sus magistrados. Cuestiona que algunos aspirantes se vean atraídos por los “beneficios económicos y el poder” asociados al cargo, mientras que la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Órgano Ejecutivo, a quienes les corresponde constitucionalmente elegirlos, pueden escoger magistrados pensando en que estos “les van a cubrir las espaldas”.

“A mí me pasó una vez, con un presidente de la República, que me dijo: ‘Yo puedo hacer que tú seas nombrado magistrado del Tribunal Electoral, pero necesito que te comprometas a ayudarme a mí’. Yo le dije a él: yo ayudo a todo el que pueda, siempre dentro del librito, o sea, la ley, principalmente por el país. Después de esa reunión supe que no sería magistrado porque no me estaba comprometiendo con él. Ese presidente era Ricardo Martinelli”, denunció Márquez Amado.

Pese a las críticas a la revisión de las reglas electorales después de cada elección, en lugar de mantener un Código Electoral estable, especialmente de quienes advierten que estos cambios modifican las condiciones para los candidatos y dejan la normativa expuesta a alteraciones impulsadas por quienes ejercen el poder de turno, Márquez Amado defiende este mecanismo.

Señala que actualizar las normas es necesario para “adaptarse” a las transformaciones de la sociedad.

“Las sociedades van evolucionando, hay cosas nuevas que corresponde ajustar y que cabe incorporar a la legislación”, explica.

Cita como ejemplo los avances tecnológicos que permitieron incorporar la transmisión extraoficial de resultados y el escaneo de actas. Sin embargo, advierte que las reformas no deben responder a intereses políticos particulares.

“Todo debe contemplarse en las leyes con sentido de institucionalidad y de beneficio para toda la nación”, sostiene.

En ese contexto, se muestra pesimista sobre el resultado de las reformas electorales que avanzan en el Legislativo.

“Tengo una enorme desconfianza a todo lo que se hace en la Asamblea, especialmente de los diputados de los partidos políticos; uno pasa por ahí un trapeador y no queda nada que valga la pena, pura bacteria es lo que hay ahí”, dijo.

Más allá de sus cuestionamientos, Márquez Amado plantea que las reformas deben responder a los cambios de la sociedad sin convertirse en herramientas para proteger intereses particulares.

Se espera que hoy, lunes, se retomen las discusiones en segundo debate del proyecto de Ley 699, que contiene la polémica reforma, una fase legislativa en la que aún se pueden introducir modificaciones.