Mulino en la espera de su juicio, no continuará con las indagatorias

El 26 de diciembre, un día después de Navidad, el exministro José Raúl Mulino cumplirá dos meses de detención preventiva, medida cautelar que fue dada por la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyca Moore por el caso de los radares que fueron comprados en la pasada administración a la empresa italiana Selex Sistemi Integrati filial de Finmeccanicca a un costo de $125 millones.

En las indagatorias contra Mulino, la fiscal cuestionó al exfuncionario en la colocación y funcionamiento de los radares, no así en supuestos sobrecostos, detalló una fuente judicial.

José Raúl Mulino Cohen, hijo del exministro de Seguridad y que forma parte de la defensa de su padre, aseguró que el exfuncionario "no seguirá rindiendo indagatoria" y esperarán que el caso sea dirigido al juzgado, pues la fiscal le ha negado la solicitud de algunas declaraciones juradas de exfuncionarios del pasado Gabinete alegando que son innecesarias, como la del presidente de la República, Juan Carlos Varela, ya que él (Varela) en la pasada administración fue canciller de la República y firmó el contrato de los radares.

"Creo que la fiscal se está sintiendo intimidada y no se atreve ni tan siquiera a enviarle un cuestionario para la declaración jurada", reiteró Mulino Cohen.

Hasta el momento los únicos exfuncionarios que han ido a la declaración jurada son: Roberto Henríquez (exministro de la Presidencia y hermano del ministro de Gobierno, Milton Henríquez), Demetrio "Jimmy" Papadimitriu (exministro de la Presidencia), Alberto Vallarino (exministro de Economía y Fiananzas) y Rómulo Raux (exministro de Asuntos del Canal).

¿Por qué elegir a Selex?
Según el jurista, la elección de la empresa Selex no fue una decisión de su padre, sino una orden que vino del pasado Consejo de Gabinete.

"La obligación de mi padre de firmar con Selex vino de una orden del Consejo de Gabinete", reiteró.

El abogado explicó que "el memorándum que firmó el expresidente Ricardo Martinelli con Silvio Berlusconi fue un plan de seguridad donde se incluían los helicópteros, radares y mapas cartográficos y era al rededor de $250 millones de dólares".

Según Mulino, el memorándum fue firmado por la Cancillería de Panamá (ese entonces estaba al frente Juan Carlos Varela) y obligaba a Panamá firmar un contrato que establecía el gobierno italiano y "esa es una potestad de los presidentes en conjunto con la Cancillería".

Desconfianza
José Mulino Cohen, quien aseguró haber perdido la confianza en la justicia indicó que ahora el Gobierno quiere suspender los contratos de los radares, pero esto nos puede acarrear más problemas, ya que los contratistas pueden demandar al Estado alegando una falta en el contrato.

Si el Gobierno llegara a desinstalar los radares, pondría entre la espada y la pared la defensa de Mulino, pues dificultaría demostrar si el equipo cumple o no sus objetivos.
Alegado para la detención de Mulino

Para el hijo del exfuncionario, la fiscal Moore se basó en la doble nacionalidad italiana de su padre, alegando que Panamá no tiene ningún tratado de extradición con Italia poniendo en peligro una supuesta fuga del exministro de seguridad.

"Mi padre acudió de manera voluntaria a la fiscal. Si acaso ha viajado cuatro veces al extranjero durante el periodo del presidente Juan Carlos Varela cuando se iniciaron las investigaciones. Mi familia no tiene casa ni familiares en Italia... hemos presentado las pruebas y no se han tomado en cuenta", aseguró Mulino Cohen.