La Asamblea Nacional cerró el periodo de sesiones ordinarias este viernes 30 de octubre, luego de una semana marcada por decisiones de impacto fiscal y social. Entre los principales asuntos que concentraron la actividad legislativa estuvieron la aprobación del Presupuesto General del Estado para 2027, los cambios a las reglas de contratación pública incluidos en ese proyecto y la reforma de beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores.
En paralelo, una propuesta para facilitar el uso de fondos municipales en zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre avanzó en primer debate dentro de la Comisión de Asuntos Municipales, aunque no completó el trámite ante el pleno.
El pleno aprobó en tercer debate el proyecto de ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por un monto de $35,111.7 millones. Los recursos se distribuyen entre salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios sociales.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la asignación de los fondos y sostuvo que el presupuesto responde a las posibilidades financieras del país y a la necesidad de priorizar los servicios más apremiantes. “Es un proyecto que ha sido aprobado tanto por el Consejo de Gabinete, el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional, ampliamente, así que goza de toda legitimidad”, afirmó tras la aprobación.
Chapman sostuvo que Panamá cuenta con recursos limitados frente a necesidades casi ilimitadas y que el presupuesto prioriza salud, infraestructura, medicamentos y seguridad. También afirmó que educación y salud reciben asignaciones históricamente altas. “No se puede atender todo, quisiéramos hacer más proyectos, tener más recursos disponibles, pero son los recursos que la República de Panamá tiene disponibles y se asignan a las necesidades más apremiantes”, expresó.
Sin embargo, la discusión presupuestaria también generó cuestionamientos por una modificación al artículo 370 del proyecto, presentada por los diputados Benicio Robinson, Manuel Cohen y Luis Eduardo Camacho. La propuesta establece excepciones a la aplicación de la legislación ordinaria de contrataciones para determinadas adquisiciones de servicios técnicos, repuestos y equipos por montos inferiores a $1 millón.
El mecanismo aplicaría ante situaciones fortuitas, urgencia justificada o necesidades prioritarias de interés público. Incluye al Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, en asuntos de interés general relacionados con derechos de la población.
Las compras no podrán superar $1 millón. El límite no será acumulativo por proveedor o tipo de servicio, aunque el texto prohíbe fragmentar contratos. Cada entidad deberá elaborar una lista de bienes y servicios sujetos al mecanismo y adoptar un reglamento especial, que requerirá aprobación de la Contraloría General de la República y publicación en la Gaceta Oficial.
El cambio se incorporó durante el segundo debate, que se extendió desde la tarde del miércoles 28 de octubre hasta la madrugada del jueves 29. Las bancadas opositoras rechazaron la propuesta y advirtieron que introduce un mecanismo extraordinario de contratación directa dentro de una ley presupuestaria. A su juicio, la excepción puede reducir los controles y permitir adquisiciones con menor escrutinio ciudadano en entidades que administran presupuestos millonarios.
Otro de los proyectos aprobados por el pleno fue el proyecto de ley 746, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La iniciativa recibió 50 votos a favor.
El proyecto contempla exenciones, rebajas y descuentos dirigidos a facilitar la adquisición de medicamentos y bienes por parte de personas con capacidad adquisitiva limitada. Entre los beneficios señalados figuran descuentos de 20% en medicamentos, 25% en consultas médicas y 20% en equipos de asistencia, como sillas de ruedas, muletas, andaderas y camas hospitalarias.
El diputado Javier Sucre sostuvo que el comercio podrá descontar el costo de los beneficios en sus declaraciones de renta. “Este proyecto de ley les permite que lo descuenten 100% de las declaraciones de renta”, manifestó.
El dirigente de jubilados Guillermo Cortés destacó otros aspectos de la iniciativa y consideró que el proyecto se concentra principalmente en asuntos de salud. “Este es un proyecto que está más enmarcado en los temas de salud que en otros aspectos. Hemos logrado, por ejemplo, el descuento en los pañales, accesorios de ayuda, el descuento de Internet”, señaló.
La aprobación en tercer debate completó el trámite del proyecto 746 en la Asamblea Nacional; el texto suministrado no precisa su fecha de entrada en vigencia.
Mientras el presupuesto y la reforma de beneficios para adultos mayores recibieron aprobación en tercer debate, el proyecto de descentralización 759 tuvo un avance distinto. La iniciativa, unificada con los proyectos 760 y 761, modifica la Ley 37 de 2009 y busca facilitar la respuesta de los gobiernos locales ante emergencias catastróficas y la reconstrucción tras el terremoto del 9 de octubre.
El diputado Javier Sucre presentó el proyecto 759 el 13 de octubre de 2026. Busca dotar a municipios y juntas comunales de herramientas para atender emergencias, brindar asistencia humanitaria, remover escombros, reparar infraestructura crítica y reconstruir comunidades.
La propuesta autoriza temporalmente el uso de hasta el 100% de los fondos del impuesto de inmuebles, incluidos saldos no comprometidos de años anteriores. Los recursos financiarían proyectos de inversión definidos tras consulta pública, saneamiento, reconstrucción y atención de emergencias.
La iniciativa también recibió aprobación en tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional, luego de su discusión en la Comisión de Asuntos Municipales, donde se aprobaron modificaciones a los artículos 1, 2, 3 y 5. La propuesta incorporó disposiciones sobre informes a la Contraloría General de la República y añadió un párrafo transitorio al artículo 135-B de la Ley 37 de 2009.
$35,111.7 millones
El pleno aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal de 2027, con recursos destinados a salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios sociales.
Fecha: 30 de octubre de 2026
50 votos a favor
El proyecto de ley 746 contempla descuentos de 20% en medicamentos, 25% en consultas médicas y 20% en equipos de asistencia.
Reforma a la Ley 6 de 1987
Hasta $1 millón
Una modificación al artículo 370 establece excepciones a la legislación ordinaria de contrataciones para determinadas compras urgentes de servicios técnicos, repuestos y equipos.
Propuesta de los diputados Benicio Robinson, Manuel Cohen y Luis Eduardo Camacho.
Hasta 100% de los fondos
El proyecto de ley 759, unificado con los proyectos 760 y 761, permite utilizar fondos del impuesto de inmuebles para atender emergencias, brindar asistencia humanitaria y financiar obras de reconstrucción en las zonas afectadas.
Modifica la Ley 37 de 2009. Establece su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Fuente: información suministrada sobre los proyectos debatidos en la Asamblea Nacional.
El texto establece que, durante la vigencia fiscal de 2026 y hasta el cierre de 2027, alcaldías y juntas comunales de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé, el oriente chiricano y otras zonas afectadas que cuenten con certificación podrán destinar hasta el 100% de esos fondos a gastos operativos y de inversión, de acuerdo con los manuales correspondientes. La propuesta fija su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Según la información suministrada sobre la votación en comisión, todos los artículos y el título original recibieron 43 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Ese resultado corresponde al primer debate en la comisión, no a una aprobación definitiva del pleno.
Así, el cierre del periodo ordinario dejó dos proyectos aprobados en tercer debate con efectos fiscales y sociales directos: el presupuesto de 2027 y la reforma de beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores. También dejó en discusión el alcance de las excepciones a las reglas de contratación pública y una propuesta de descentralización que avanzó en comisión, pero todavía requería el debate y la decisión del pleno.
