“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
Reforma eléctrica enfrentará esta semana su primer debate en la Asamblea
- 05/10/2026 00:00
La Comisión de Comercio cerró las consultas al proyecto 705, que plantea cambios en reclamos, compensaciones y calidad del servicio
La reforma al marco regulatorio del servicio público de electricidad entra en una nueva etapa en la Asamblea Nacional. Después de tres jornadas de consultas y la revisión de más de 115 propuestas de modificación, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos se prepara para discutir en primer debate el proyecto de ley 705.
La iniciativa, impulsada por el Órgano Ejecutivo, busca modificar el Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que establece las reglas para la prestación del servicio público de electricidad.
El proyecto llega a la comisión en medio de uno de los principales reclamos de los consumidores: la calidad del suministro. Fluctuaciones de voltaje, interrupciones y daños en equipos y electrodomésticos forman parte de las quejas que el Ejecutivo tomó como referencia para plantear cambios al régimen vigente.
El presidente de la Comisión de Comercio, diputado Jamis Acosta, sostuvo que el texto en discusión incorpora aportes de los distintos sectores vinculados con el mercado eléctrico.
Durante la sesión del jueves 1 de octubre, la comisión leyó las propuestas recibidas durante el proceso de consultas, en el que participaron usuarios, empresas generadoras y distribuidoras, instituciones públicas y otros actores del sector.
“Vamos a mandar a segundo debate un proyecto bastante robusto”, afirmó Acosta, quien señaló que la comisión busca recoger las principales preocupaciones de los usuarios sobre las tarifas, la atención y el servicio al cliente.
Reclamos y compensaciones
Uno de los principales componentes de la propuesta apunta a modificar las reglas para la atención de los reclamos de los consumidores.
El proyecto presentado por el Ejecutivo plantea cambios en los plazos para responder a estas reclamaciones y establece mecanismos para reconocer créditos a favor de los usuarios cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio.
La propuesta también plantea que las multas aplicadas a las empresas distribuidoras tengan un efecto directo sobre los consumidores afectados, mediante mecanismos que permitan que esos recursos lleguen al cliente.
El planteamiento supone un cambio en la relación entre las distribuidoras y los usuarios, al reforzar las obligaciones de las empresas y ampliar las herramientas de supervisión de la autoridad reguladora.
El Ejecutivo sostiene que la reforma responde a reclamos acumulados durante años por interrupciones frecuentes y problemas en la calidad del suministro.
El escenario de 2028
La discusión legislativa también ocurre con la mirada puesta en 2028, cuando corresponde avanzar en la renovación de las concesiones de distribución eléctrica.
El proyecto prepara, según el Ejecutivo, condiciones para aumentar la competencia en ese proceso y establece nuevas reglas sobre calidad y continuidad del servicio.
Este punto convierte la reforma en un asunto que va más allá de la atención de las quejas actuales. Las reglas que apruebe la Asamblea determinarán parte del escenario regulatorio en el que operarán las empresas distribuidoras durante los próximos años.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó la iniciativa ante la Asamblea en septiembre, luego de que el Consejo de Gabinete aprobara el proyecto el 16 de junio.
Al presentar la propuesta, Orillac planteó que el objetivo consiste en fortalecer los derechos de los consumidores y las obligaciones de las empresas, además de mejorar la transparencia de la información que reciben los clientes.
Más actores en la discusión
La comisión legislativa evitó limitar las consultas a las empresas del sector. Acosta indicó que en el análisis participaron generadoras, distribuidoras, usuarios, autoridades y otros actores vinculados con la actividad eléctrica.
La lectura de las más de 115 propuestas permitió a los diputados revisar los planteamientos formulados durante las consultas y seleccionar aquellos que, según la comisión, pueden mejorar el proyecto.
El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, respaldó el proceso y expresó su expectativa de que la comisión apruebe una norma que beneficie a los consumidores.
El funcionario sostuvo que los aportes recibidos fueron bien recibidos por el Ejecutivo y que el propósito central consiste en mejorar el servicio público de electricidad.
Electrificación rural
La reforma también incorpora un componente de acceso al servicio eléctrico. El proyecto plantea que las empresas distribuidoras participen en las labores de la Oficina de Electrificación Rural para ampliar la cobertura hacia comunidades cuyo acceso resulta más difícil y costoso.
Con esto, la iniciativa no solo aborda la relación entre las distribuidoras y los clientes que ya cuentan con electricidad, sino también la expansión del servicio hacia zonas con mayores dificultades de conexión.
Concluida la fase de consultas, el proyecto pasa ahora a la discusión política dentro de la Comisión de Comercio.
La cantidad de propuestas recibidas refleja el nivel de interés que genera la reforma y también anticipa una discusión en la que los diputados deberán definir cuáles cambios se incorporan al texto que llegará al pleno.
El siguiente paso será el primer debate. Allí la comisión tendrá que convertir los planteamientos recogidos durante las consultas en modificaciones concretas al proyecto.
El debate será clave para determinar hasta dónde llegará la reforma del régimen eléctrico y qué nuevas obligaciones asumirán las empresas distribuidoras frente a los consumidores.
Más allá de las disposiciones técnicas, el punto central de la discusión será si las nuevas reglas permiten al usuario obtener respuestas más rápidas, compensaciones cuando corresponda y un servicio eléctrico con mejores estándares de calidad.
La reforma llega así a su primera prueba política en la Asamblea, con el mercado eléctrico de 2028 como telón de fondo.
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