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- 05/02/2015 01:00
A la Fiscalía Electoral también fueron remitidas las copias de los expedientes de los impugnados
El Tribunal Electoral (TE) terminó de compulsar a las autoridades penales y judiciales las copias de los expedientes y las pruebas recopiladas durante las investigaciones por el uso de recursos del Estado para favorecer la campaña política de los candidatos de Cambio Democrático.
A inicios de la semana, el TE remitió las últimas copias autenticadas de los expedientes a la Fiscalía Electoral, Ministerio Público y la Contraloría de la República, para lo que corresponda en derecho. Así lo confirmó a La Estrella de Panamá el magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
En la parte resolutiva de los fallos, los magistrados decretaron enviar copias de los expedientes para determinar si hay responsabilidad penal.
Los expedientes de los hoy diputados Carlos Afú, Noriel Salerno, Mariela Vega, Miguel Fanovich y Héctor Aparicio ya están en manos de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución Política de la República, en su artículo 155, establece que los diputados serán investigados por la Corte y no se requiere de la autorización o permiso a la Asamblea.
A la Fiscalía Electoral también fueron remitidas las copias de los expedientes de los impugnados.
En tanto, las pruebas recabadas para anular el triunfo de Porfirio Ellis, Omar Castillo, Ana Giselle Rosas de Vallarino y Manolo Ruiz fueron enviadas al Ministerio Público.
Según las auditorías realizadas por el TE, se determinó que los entonces candidatos y hoy diputados recibieron millones de dólares provenientes de fondos públicos para hacer campaña electoral.
De ser admitidas las pruebas, la Corte, el Ministerio Público y la Fiscalía Electoral deben solicitar al Tribunal Electoral que despoje del fuero penal electoral a quienes sean mencionados en los expedientes, pues la protección vence el 30 de abril, cuando se cumplen los tres meses de cerrado el proceso electoral.
Los fondos usados por los candidatos para campaña política eran triangulados desde el Ministerio de Economía y Finanzas a las juntas comunales de diferentes circuitos electorales para evitar el control de la Contraloría.
El Programa de Ayuda Nacional fue otra de las instituciones, según se estableció en los fallos de las impugnaciones, utilizadas para beneficiar a los oficialistas.
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