Subsidio postelectoral a partidos políticos seguirá intacto a pesar de crisis sanitaria

El magistrado del Tribunal Electoral (TE) Eduardo Valdés Escoffery advirtió de que la posibilidad de que parte del subsidio estatal postelectoral pueda ser utilizado para otros fines, a los originalmente previstos, podría tener implicaciones constitucionales.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que parte del subsidio a los partidos políticos y autoridades electas por la libre postulación pueda ser utilizado para apoyar las medidas para afrontar la pandemia de COVID-19, indicó que ese financiamiento público tiene fundamento constitucional.

"En mi opinión, no puede desviarse su uso por muy encomiable que sea el destino", indicó.

Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 281, impulsado por la diputada de Cambio Democrático (CD), Ana Giselle Rosas, que establece medidas de interés social frente a la emergencia sanitaria nacional decretada por COVID-19.

En este proyecto se aprobó el artículo 22, impulsado por la bancada independiente, que señala que se podrá utilizar el financiamiento postelectoral de los candidatos electos por libre postulación, sujeto a una auditoría posterior, para apoyar las medidas establecidas en esta ley (el proyecto 281).

Al respecto, Escoffery sostuvo que en su opinión esta norma iría en contra de lo que dice la Constitución, no obstante, enfatizó que sería la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que deberá pronunciarse, en caso de darse una consulta al respecto.

El artículo 143 de la Constitución Política le confiere al Tribunal Electoral una serie de atribuciones las cuales "ejercerá privativamente".

Una de esas atribuciones está consignada en el numeral 9 de este mismo artículo y es el de incorporar en su presupuesto los gastos de funcionamiento del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral, las inversiones y los gastos necesarios para realizar los procesos electorales y las demás consultas populares, así como los subsidios a los partidos políticos y a los candidatos independientes a los puestos de elección popular.

El proyecto, que está en espera de sanción por parte del Órgano Ejecutivo, incluye además medidas sanitarias, laborales, educativas y económicas; como la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Bancos de Panamá deban adoptar las medidas regulatorias necesarias y establecer los mecanismos para flexibilizar temporalmente, a través de una moratoria, las obligaciones de naturaleza personal y comercial y agropecuarios de las personas naturales y jurídicas derivadas de la situación de emergencia sanitaria nacional.

La propuesta de que se pueda utilizar el financiamiento postelectoral de los candidatos electos por libre postulación, sujeto a una auditoría posterior, para apoyar las medidas establecidas en esta Ley, surgió de la bancada independiente, que aunque inicialmente incluía la posibilidad de que los partidos políticos pudieran utilizar su subsidio estatal para afrontar las medidas COVID-19 la propuesta no fue bien acogida por diputados de diversas bancadas, y en un principio fue rechazada.

Según el diputado independiente Juan Diego Vásquez, de esta propuesta se excluyó a los partidos políticos posteriormente, a petición del jefe de bancada PRD, (Ricardo Torres), y finalmente fue aprobada.

"Algunos diputados del CD estaban de acuerdo, el Panameñismo igual y algunos PRD. El diputado Jairo Salazar lo planteó en el Pleno... pero la mayoría no estaba de acuerdo", indicó Vázquez.

Vásquez sostuvo además que no le parece que haya vicios de inconstitucionalidad en el artículo 22, que fue aprobado. "El artículo solo dice cómo los independientes podríamos, no obliga, usar el monto que por derecho es nuestro".

Para la diputada Rosas, el artículo aprobado hay que reglamentarlo: "El candidato independiente debe tramitarlo en conjunto con el Tribunal Electoral, así como actualmente se solicita el fondo para educación electoral. Lo que se les está dando es la opción que se solicite para apoyar las medidas de emergencia nacional".

Añadió que sería interesante que los partidos políticos también lo consideraran, pero señaló que eso lleva toda una discusión. "Todos debemos dar muestras de solidaridad".

El subsidio estatal a los partidos políticos luego de las elecciones de mayo de 2019 es de $43.2 millones, mientras que la partida destinada a las autoridades electas por la libre postulación para todos los cargos de elección popular es de $367 mil 630.

Los partidos políticos deben destinarla para financiar actividades partidarias, como: 

Para estas actividades se destinará un mínimo de 50% de este aporte anual con base en los votos, del cual utilizarán un porcentaje mínimo del 20% para el desarrollo de actividades exclusivas para la capacitación de mujeres.