Se terminó la tregua

PANAMÁ. Hace poco menos de un mes, el presidente de la República Ricardo Martinelli a través de un comunicado hizo un llamado a la unidad desde Qatar.

“El cambio no lo puedo hacer solo. El país es responsabilidad de todos”, fueron las palabras con las que el mandatario instaba a la sociedad civil y a la Iglesia a que trabajaran mancomunadamente en pro del país.

La decisión de Martinelli fue aplaudida por los representantes de la sociedad civil con júbilo. Ese llamado significaría el fin de un choque de opiniones que desde noviembre de 2009 mantenían algunos sectores con el gobierno.

Pero la luna de miel duró poco. Después de la audiencia en la Organización de Estados Americanos (OEA) donde participó la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la tregua, solicitada por el Ejecutivo terminó.

La cúpula mayor del gobierno salió al paso de las denuncias que la Alianza interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

El propio Martinelli dijo que la participación del grupo panameño en Washington fue un “zaperoco” que armaron para llamar la atención. Casi al mismo tiempo el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu aseguraba que la actuación del grupo había sido desafortunada, mientras que el procurador suplente Guiseppe Bonissi, restó importancia al caso asegurando que solo se trataban de bochinches.

Aunque el presidente siga cosechando éxitos, dándole respuesta a la población como los bonos escolares, las mochilas, el programa 100 a los 70 y más recientemente con la compra de los corredores, un nuevo enfrentamiento con los grupos organizados de la sociedad civil, no es bueno.

Edwin Cabrera, analista político señala que tanto el presidente como su equipo de gobierno deben evaluar seriamente su relación con estos grupos, porque podría tener un efecto negativo en las próximas encuestas. “En todas las democracias modernas lo que más se necesita es que la sociedad sea organizada para poder lograr un balance”.

Cabrera indica que no se trata de cogobernar, sino de preservar el estado de derecho.

“La sociedad civil tiene derecho a pronunciarse y a disentir”.

Miguel Antonio Bernal, uno de los asistentes a la sesión permanente de la OEA el pasado martes, aseguró que las palabras del presidente y las del ministro de la Presidencia, solo vienen a confirmar lo que se denunció en instancias internacionales.

“Flaco favor le hacen al país el presidente y su equipo con esas declaracciones solo vienen a corroborar lo que se declaró ante la CIDH, la intromisión del Ejecutivo en el Órgano Judicial y las amenazas e intimidación contra el derecho ciudadano”.

Bernal manifestó que la actitud de Martinelli y Papadimitriu demuestran su ignorancia inexcusable de lo que es el sistema Interamericano de Derechos Humanos, y dejan en evidencia la animadversión a la gobernabilidad democrática y a la necesaria participación ciudadana.

“Nadie fue a armar ningún zaperoco ni mucho menos a lavar los trapos sucios como se ha declarado”, explicó el jurista.

El ex miembro de la Cruzada Civilista incluso comparó los hechos con la época de dictadura militar de Manuel Antonio Noriega. “No es la primera vez que se recurre a esta instancia, lo que sí es curioso es que esa la reacción del gobierno hoy es idéntica a las que otrora tuviera Noriega y su gente ante este tipo de acción ciudadana.

También se refirió a las palabras del procurador suplente, que calificó de injuriosas e irrespetuosas, y le lanzó un reto para que demostrara que lo que se denunció ante la CIDH fue solo un bochinche.