Crimen organizado en América Latina, narcotráfico

Desde las ciencias sociales, el espectro delictivo en América Latina responde a un complejo entramado estructural, donde la delincuencia común se conjuga con las redes del crimen organizado centradas en: el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, lavado de activos, tráfico de órganos, contrabando, delitos ambientales, y las amenazas cibernéticas, configurando la otra cara de la economía, la economía delictiva.

Esta dinámica tiene un impacto directo en la vida cotidiana. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina solo vive el 8% de la población mundial, pero concentra cerca del 33% de los homicidios globales, registrando una tasa promedio de 19,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del triple de la media global de 5,8. La configuración geoestratégica de la región, caracterizada por débiles controles fronterizos terrestres, marítimos y aéreos, se combina con la erosión del aparato estatal.

El BID, señala que el costo económico directo de la violencia y el crimen representa en promedio 3,5% del Producto Interno Bruto regional, equivalente a unos 170.000 millones de dólares anuales, recursos que no se invierten en educación, infraestructura y salud. Factores como la corrupción estructural, la pésima distribución de los recursos y la conflictividad interna generan un coeficiente de Gini que ubica a la región entre las más desiguales del planeta. Más del 28% de la población se encuentra en situación de pobreza, minando la legitimidad de las instituciones y facilitando el reclutamiento delictivo en sectores desfavorecidos.

En el centro del entramado delictivo, el narcotráfico se erige como un vector articulador del crimen organizado trasnacional. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de hoja de coca en Sudamérica experimentaron un aumento importante, pasando de aproximadamente 120.000 hectáreas en 2013 a un récord que superó las 350.000 hectáreas en los años recientes (con estimaciones de 376.000 hectáreas para el periodo 2024-2025).

Este crecimiento es explicado en gran medida por la suspensión de la fumigación aérea en Colombia a partir de 2015, sumada a la optimización agronómica que incrementó el rendimiento de alcaloide por hectárea hasta en un 30%, elevó la producción potencial de cocaína pura a niveles globales superiores a las 2.700 toneladas métricas anuales. El incremento exponencial del alcaloide ha tensionado la capacidad logística de las redes criminales, forzando la expansión de corredores de tránsito y puertos de salida en países como Ecuador y Brasil. En Ecuador, por ejemplo, la tasa de homicidios se disparó drásticamente, pasando de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2017 a más de 45 por cada 100.000 en 2025, convirtiéndose en uno de los puntos más críticos de acopio y exportación principalmente hacia Norteamérica y Europa.

Esta reconfiguración no solo ha intensificado la actividad pandilleril y el fortalecimiento de bandas locales en las zonas portuarias, sino que ha inundado los mercados internos mediante la nueva modalidad del “pago en especie” a las estructuras locales, esto implica que ahora parte del cargamento se queda en los países que son considerados de tránsito. Ello ha provocado un repunte acelerado del microtráfico y un aumento sustancial en las tasas de consumo local, con un incremento superior al 20% en la prevalencia de uso de derivados de la coca en zonas urbanas, y al mismo tiempo hay una escalada de la delincuencia común asociada al control territorial del microtráfico.

Al observar la geografía del continente, desde la perspectiva de las ciencias sociales, queda claro cómo el narcotráfico ha impuesto una rigurosa división del trabajo: por un lado, la Región Andina mantiene el monopolio de la producción primaria, donde Colombia encabeza la siembra con 253,000 hectáreas de coca, en segundo lugar, Perú con cerca de 95,000 hectáreas y Bolivia con unas 29,000 hectáreas (UNODC). Por otro lado, países como Ecuador, ya supera las 200 toneladas de droga incautadas al año en sus puertos, y Costa Rica, con decomisos anuales de entre 30 y 40 toneladas. En Chile ya sobrepasaron las 40 toneladas anuales incautadas en el Pacífico.

Panamá decomisa anualmente un promedio de 100 toneladas anuales. México reporta un decomiso anual entre las 120 a 150 toneladas de coca, enfrentando este hecho no como un problema policial, sino como un eje prioritario de seguridad nacional y de crisis institucional. En esta intensa red de circulación, han mutado, además, en plataformas logísticas y de tránsito cruciales para el acopio y el despacho hacia ultramar.

A la par del narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, impulsado por la crisis humanitaria y el desplazamiento forzado desde Haití, Venezuela y Centroamérica, se ha convertido en la segunda gran preocupación de la región, destacando el paso por el Darién, donde en 2023 se reportaron cifras históricas, cruzaron 520,085 personas y en 2024 unas 302,122, en 2025 se registró 3,091 personas lo que representa un desplome del 99% según los datos del Servicio Nacional de Migración.

Aunque la evidencia sociológica demuestra que la migración irregular no incrementa los índices de criminalidad como señala Kubrin (2026), las rutas exponen una marcada asimetría de género que vulnera especialmente a las mujeres, de las cuales cerca del 20% terminan siendo víctimas de violencia o abusos en su trayecto (OIM, Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024).

En este panorama, la ciberdelincuencia se consolida como una de las preocupaciones delictivas de mayor relevancia, registrando 843.300 millones de intentos de ciberataques en América Latina durante un solo año (FortiGuard Labs, 2026). Esta transformación operativa permite a las redes delictivas diversificar sus capacidades mediante el uso de tecnologías digitales, incluyendo esquemas impulsados por inteligencia artificial y un incremento del 389% en el número de víctimas de extorsión digital a nivel global (Fortinet, 2026),

La ciberdelincuencia amenaza de forma sistemática a individuos, corporaciones y estructuras estatales; un fenómeno cuyo impacto económico alcanza un promedio de 3,81 millones de dólares por cada filtración de datos en la región (IBM / Ponemon Institute, 2025) y que representa pérdidas acumuladas estimadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en más de 90.000 millones de dólares anuales para el conjunto de las economías latinoamericanas.

Finalmente, la vía aérea concentra entre el 3% y el 5% del tonelaje total, se utiliza para envíos de menor escala mediante carga comercial, y viajes clandestinos. La vía terrestre representa entre el 7% y 15%, siendo la forma más eficiente para la distribución interna y cruces de fronteras. Pero, entre el 80% y el 90% de las sustancias ilícitas se desplazan por rutas marinas del Océano Pacífico y el mar Caribe, debido al uso de contenedores comerciales, semisumergibles y lanchas rápidas, que permiten el traslado de toneladas en un solo viaje. (UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas).

El autor es sociólogo. Profesor universitario y analista internacional