Las criptomonedas dentro de la economía latinoamericana

El pasado 9 de junio, el Gobierno de El Salvador se convirtió en el primero en el mundo en adoptar la criptomoneda bitcoin como parte de su esquema económico en todo el país. La Ley Bitcoin fue aprobada por 62 manos alzadas en la Asamblea Legislativa del país centroamericano, siendo también impulsada por el presidente Nayib Bukele para la “generación de empleos a corto plazo”.

El bitcoin es una criptomoneda digital creada en 2009 y que se ha expandido en su uso e inversión alrededor del mundo, además es utilizada de forma descentralizada, es decir, sin un intermediario para su transacción. En la Ley Bitcoin se plantea que el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido “libremente por el mercado”, cuando entre en vigencia en 90 días, y no estará sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal, según indica el documento gubernamental.

Para utilizar el pago de criptomonedas se requerirá una billetera digital conectada a internet a través de dispositivos inteligentes, sin embargo, esto podría afectar la implementación del proceso de pago con bitcoin ya que solo el 45% de la población tiene acceso a la red y más del 90% de hogares rurales carecen de ella, según un estudio de 2020 del BID, el IICA y Microsoft.

Bukele señaló en una explicación pública el pasado martes, que se construirá una infraestructura satelital para solucionar la falta de conectividad de zonas rurales, y que el gobierno tendría una billetera digital propia en la que los comerciantes podrán cambiar a dólares los bitcoins que no quieran. La billetera será desarrollada por los creadores de la aplicación 'Strike' (creada en 2020 para realizar transacciones menores en bitcoin), aunque no se ha conocido datos sobre si hubo una licitación con otros postulantes.

Según Bukele, se pondrá a disposición de los comerciantes un fideicomiso de $150 millones, como recopiló la revista Forbes.

Dado que no se han presentado mayores datos por parte del gobierno, diversas entidades se han pronunciado con preocupación ante la tan “acelerada” aprobación de la ley. La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) hizo un llamado de atención al gobierno para aclarar las inquietudes generadas por la aprobación del uso de la criptomoneda como moneda de curso legal y solicitó “educación para la población”, según recopiló la revista Forbes.

La idea de Bukele es una nueva apertura para el flujo económico del país, lo que el mandatario defiende señalando que “no es un mecanismo para desvalorizar el dólar”. “Tratamos de permitir la entrada de emprendedores, talentos e innovadores a nuestro país. No creo que tener el dólar le haga ningún daño. Al contrario, creo que va a ayudar que ambas monedas sean de curso legal”, dijo Bukele el pasado martes en una conversación en vivo en Twitter Spaces organizada por el usuario Nic Carter y recopilada por BBC.

Dada la nueva ley, Bukele señaló algunos incentivos para atraer nuevos capitales en esta criptomoneda, destacando que El Salvador es uno de los pocos países que “no presentan impuestos a la propiedad”, lo que significa que no hay impuestos sobre las ganancias de capital en bitcoin; además, ofrecerá “residencia permanente inmediata” para los inversionistas con la criptomoneda en la economía salvadoreña, según anotó la BBC.

Una de las mayores críticas a la decisión de implementar esta criptomoneda se ciñe a la volatilidad de la valoración del bitcoin, el cual el pasado abril estaba valorado en $63,000 y el pasado 10 junio había bajado a $33,000. Esto significa una incertidumbre para la valoración de los pagos en servicios y productos en su cambio a dólar. “Es una situación complicada porque se puede prestar a muchos ataques especulativos que afectan a la gente, creando un caos en el sistema monetario en el que pueden perder o aumentar valor los ahorros, las pensiones, los salarios. No se sabe, porque es un mundo de especulación”, señaló el economista salvadoreño César Villalona a la BBC.

Ahora que El Salvador se ha clavado al sistema de criptomonedas, se abre un compás en que otros países de la región podrían tomar la misma decisión, basados en las funcionalidades de sus gobiernos y aspectos de conectividad y accesibilidad en las comunidades.

Sin embargo, para el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, Rodrigo Icaza, Panamá requiere primero entender que las criptomonedas van más allá de “un medio de inversión” y que son tecnología computacional que “soluciona un problema existente en los sistemas actuales”.

Con esto se pudiera hablar de la inclusión de las criptomonedas en la economía nacional, a lo que Icaza señaló: “Técnicamente hablando, las criptomonedas funcionan muy bien desde la perspectiva de la unidad de cuenta, medio de intercambio y depósito de valor, las tres funciones principales conocidas hasta ahora en la historia del dinero. Y si mencionamos las características fundamentales del dinero, la gran mayoría de las criptomonedas cumplen con estas (divisible, transportable, fungible, incorruptible, deseable)”.

No obstante, para Icaza habría un proceso que llevar a cabo para incluir las diversas criptomonedas en la nación. “Constitucionalmente, (Art. 261-262) se le otorga facultades al Estado para emitir su moneda y también se menciona que en Panamá no habrá moneda de curso forzoso”, apuntó a este diario, “asimismo, el Código Fiscal (Art. 1170-1172) menciona que la moneda nacional es el balboa, pero en el artículo 2 del Decreto de Gabinete 136 de 17 de agosto de 1972 que modifica los artículos del código fiscal mencionados anteriormente, la moneda de curso legal en Panamá es el dólar y estará en paridad con el balboa”.

Es decir que, con todo lo anteriormente expuesto, darle un tratamiento a las criptomonedas como moneda de curso legal en Panamá generaría un debate mayor ante las leyes vigentes que en su momento no fueron pensadas para hacerle frente a las monedas virtuales o criptomonedas, de modo que “si se quiere lograr un tratamiento de esta naturaleza, habrá que hacer modificaciones de leyes vigentes, siempre velando por el orden jurídico y buscando que la introducción de las criptomonedas no riñan con la ley”, expresó el experto.

Si se habla de adoptar las criptomonedas en Panamá, mediante la creación de una ley para atraer a esta industria “para su desarrollo en el país con el objetivo de mejorar nuestra economía”, dar paso al desarrollo de nuevos negocios, pleno empleo, transferencia de conocimiento y “desarrollo de mano de obra local”, Icaza anotó que sería “funcional” para el país. Pero si se ve desde la perspectiva de las “exigencias internacionales”, quizá sea disfuncional, ya que estas “están muy por encima” de las estructuras digitales panameñas en este punto.

La falta de infraestructuras digitales y estructuras económicas hace que se carezca de funcionalidad para la implementación de este sistema en el istmo. Icaza señaló que las personas deben comenzar a comprender que “el hecho de que algo sea desconocido, no significa que no exista”.

“En el ámbito digital debemos pensar hacia 10 años. Hoy hay tecnologías que se están desarrollando y que aún son desconocidas, pero en los próximos años saldrán a la luz para que los gobiernos se percaten y tengan que regular con 10 años de retraso”, concluyó.