TE aún no puede determinar los costos para el 'registro de los no nacidos'

El Tribunal Electoral no “puede determinar con exactitud los costos y desarrollos que se requerirían” de llegar a sancionarse el proyecto de ley Nº 018 que modifica el registro civil del Tribunal Electoral (TE) y “crea el registro de concebidos no nacidos y se dictan otras disposiciones”.

Así contestó el TE en una carta a raíz de que este medio preguntara cuál será el gasto que esto representará al Estado. “Sobre el costo, para la adecuación de un nuevo registro y certificado de concebidos no nacidos, podemos informarle que en principio no se requería contrataciones externas, según ha informado preliminarmente nuestra Dirección de Tecnología y Comunicaciones, sin embargo, en este momento no se puede determinar con exactitud los costos y desarrollos que se requerirían”, respondió Boris Corcho, director nacional del Registro Civil.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) ya posee una base de datos de las defunciones fetales, en la que se detallan las provincias, comarcas indígenas, distritos de residencia, la edad de la mujer, estado civil, el período de gestación y las principales causas de muertes fetales en el territorio nacional.

En el año 2020 se registraron 6.868 muertes fetales por diferentes causas, ya sea porque el “feto estuvo afectado por complicaciones maternas del embarazo” o por “complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas” y otras causas que la entidad explica a través de gráficas publicadas en su sitio web.

Desde que se presentó la iniciativa ha estado en el ojo del huracán. Por un lado, el proyecto también bautizado 'Tu nombre es mi recuerdo' por la diputada proponente Corina Cano, ha sido repudiado por organizaciones como la Asociación de empleados de la Caja de Seguro Social, Convergencia Sindical, Alianza por la Educación Integral en Salud, Fundación Ciencia en Panamá, Fundación para la Equidad de Género, Voces de Mujeres Afrodescendientes de Panamá y otros grupos que a través de un comunicado expresaron que este proyecto “no tiene real utilidad, ya que la solicitud del registro será voluntaria. Las leyes deben cumplir con estas tres características: obligatoriedad, generalidad e impersonalidad”.

Y por otra parte, están los grupos de corte religioso que lo avalan. Uno de estos es la Alianza Panameña por la Familia, María Olimpia de Obaldía –asesora legal de la diputada Cano–, su presidenta avaló el proyecto porque reconoce “el derecho que tiene toda mujer de solicitar a los centros hospitalarios la entrega de los restos del bebé que ha fallecido en su vientre; además, reconoce el derecho que tiene toda mujer de solicitar al Registro Civil la inscripción de la defunción del bebé que ha fallecido en su vientre”.

Aunque esta iniciativa no es de carácter obligatorio “sería un contrasentido jurídico, tanto de nuestra legislación como de toda la teoría jurídica desarrollada hasta ahora, además desnaturaliza la razón de ser de las leyes, la cual debe ser establecer una serie de reglas para convivir en paz. Una ley opcional que establece trámites burocráticos para un tema tan doloroso como una pérdida de embarazo, está lejos de generar paz”, señaló la abogada Nelva Araúz Reyes a La Estrella de Panamá.

Reyes agregó que “entre las características que distinguen las leyes están la obligatoriedad, su carácter general y su carácter impersonal. Es decir, mediante la ley se imponen obligaciones y se establecen derechos a las personas descritas en ella; siendo por tanto obligatorias para todas las personas a las que les rige y, por otro lado, no están destinadas para regular hechos o casos individuales sino a todas las personas que ellas describen”.

“En este sentido, un proyecto de ley que dicta disposiciones contrarias a lo que establece el Código Civil da cabida a la discrecionalidad e interpretación de quien ejerce la función pública y crea inseguridad jurídica para las personas a quienes se destina, que son fundamentalmente las mujeres y sus familiares”, concluyó la jurista.

La polémica no solo es de carácter jurídico, sino también humano, porque de convertirse en ley podría vulnerar los derechos de las mujeres. “Este proyecto podría agudizar el dolor y sufrimiento de la mujer que llevó en su vientre a un bebé que falleció, al igual que el dolor de todo el sistema familiar, incluyendo la pareja –de estar presente–, abuelos del bebé y hermanitos. Incluso podría afectar a los hermanos que nazcan luego del bebé que falleció, teniendo un impacto prolongado en la familia que vivió la pérdida”, explicó la psicóloga Alexandra Carrizo.

Para la experta, el hecho de conocer sobre la pérdida y el posterior trámite que implica el proyecto, generaría experiencias altamente estresantes y angustiantes que impactan de manera negativa el bienestar de la mujer, su pareja y su familia. La dificultad de poder seguir adelante, empeorada por el trámite propuesto por la ley, podría desencadenar sintomatología de tristeza y depresión posparto”.

Carrizo explicó que estas pérdidas “se viven en silencio por lo que la pareja parental podría temer comunicarle a la familia por temor a ocasionarles más dolor y hace que las parejas o las mujeres vivan esto de manera más solitaria y dolorosa”.

“La falta de empatía, de contención y apoyo emocional, por parte de personal médico y personal administrativo, y de algunas personas de la familia, empeoran y podrían ocasionar mayor daño psicológico, retrasando e impidiendo el proceso de duelo”, acotó la terapeuta.

Una organización que también rechaza este proyecto es la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, que criticó el proyecto al “violar los derechos a la vida y salud de la mujer, contemplados en la Constitución Nacional y Código Civil de la República de Panamá; así como la Convención Internacional de los Derechos Humanos, considerando, además, que estos establecen que se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad”, apunta el comunicado divulgado en 2020 cuando fue aprobado en primer debate.

Aunque este proyecto tiene tintes grises a nivel jurídico y podría vulnerar los derechos de las mujeres, la diputada Cano mantiene su posición: “Si han surgido algunas opiniones en contra como los grupos feministas que buscan que avance el aborto como derecho y consideran que al avanzar los derechos al bebé por nacer se atrasa la mal intencionada moción de asesinar a bebés por nacer”.

Cano indicó que “la mayoría de las personas, organizaciones, mujeres consideran que el derecho que consagra el proyecto de ley es fundamental y necesario porque hoy no existe protocolo para la entrega de los restos del bebé que fallece en el vientre materno y hay una deuda social del reconocimiento de ese dolor al certificar únicamente el nombre”.

La asesora legal de la diputada Cano, María Olimpía de Obaldía, participa como presentadora del conversatorio El aborto + Proyecto 018: Derechos de los no nacidos” que se realizará el 4 de junio en la parroquia San Francisco de Asís de Dolega, en donde se abordarán dos temas distintos: qué dice la legislación panameña sobre el aborto y explicar en qué consiste el proyecto N° 018, explicó la abogada.

Este evento está publicado por Cano en su cuenta personal de Instagram. “Es un evento organizado por la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, lo cual me parece muy positivo que desde la sociedad civil se explique el proyecto N° 018 y nos convenzamos de que la ley es justa y necesaria para el respeto al dolor de la mujer que pierde al bebé en el vientre y pueda exigir los restos de su bebé y no permitir que sean considerados desechos hospitalarios”, señaló la parlamentaria.

Cano explicó que ella no participa en la organización de este evento y que su asesora legal participa en el mismo. “Es libre de ocupar su tiempo en lo que estime conveniente”, dijo a este medio.

El proyecto de ley espera la apertura del próximo período legislativo para continuar su discusión en segundo debate.