Sin identidad: la realidad de más 800 millones de personas

La vida para Juan no ha sido sencilla. Él y su familia huyeron de su hogar en Perú, en 1995, durante el periodo de insurgencia. Una acción que fue replicada por muchos otros peruanos, que tuvieron que dejar todas sus pertenencias, incluidas sus cédulas de identidad y otros documentos.

La falta de un documento de identificación hizo que Juan y otros 3 millones de peruanos, cuyos registros se perdieron o destruyeron durante esa época, quedaran a la deriva. Lo que terminó por impedir que Juan se matriculara en una escuela o tuviera acceso a servicios sociales básicos.

En la Rajastán, India, Shanti, quien depende de los ingresos que recibe del programa MNREGA (que garantiza empleo en zonas rurales) y de una pensión para ella y su esposo con discapacidad, estaba siendo afectada por la falta de un documento que la identificara. “Hace unos años, un cartero entregaba este efectivo al primer miembro de la familia que encontrara. En algunas ocasiones, Shanti no recibía la cantidad completa porque un familiar cobraba su dinero antes que ella. Incluso cuando lo recibía, ella no tenía una manera segura de guardar el dinero porque no era titular de una cuenta bancaria”, detalla una nota compartida por el Banco Mundial (BM).

El problema de Shanti es que no podía abrir una cuenta bancaria, pues no tenía un documento de identidad emitido por su gobierno, algo que también afectaba a muchas mujeres en su región.

Al igual que Juan y Shanti, más de 800 millones de personas en el mundo no poseen una identificación legal, según estimaciones de la iniciativa de Identificación para el Desarrollo (ID4D) del BM planteadas en el volumen 1 del informe '2021 Global ID Coverege Estimates'.

“Las personas que no tienen una identidad legal y no pueden demostrar quiénes son, tienen menos oportunidades de prosperar en la vida y son muy frágiles a los vaivenes de la sociedad”, aseguró la ONU en un comunicado emitido a principios de esta semana.

Una postura que es compartida por Makhtar Diop, vicepresidente de Infraestructura del Banco Mundial, quien dijo en una publicación del BM que “las  cédulas de identidad no son valoradas plenamente por aquellos que las tienen. Pero la falta de identificación crea barreras para los individuos afectados y los países donde estos viven”.

Esta realidad ha llevado al Grupo de Trabajo de la Agenda de Identidad Legal de la ONU a buscar que más de 300 millones de personas puedan adquirir una cédula, para 2025.

Una meta que pretende alcanzar mediante programas como el proyecto de Identidad Jurídica de las Naciones Unidas, que se está desarrollando en Honduras. “El nuevo DNI está perfectamente diseñado para personas como yo. Es una satisfacción personal. Me siento mejor identificado”, expresó Percy Santos, joven hondureño universitario con discapacidad visual, que forma parte de los 5,4 millones de personas inscritas en el programa, dentro de su país.

El proyecto se centra en pueblos indígenas, minorías y personas con discapacidad que buscan tener acceso a una tarjeta digital que los identifique, detalló la ONU, en una publicación compartida este lunes.

Latinoamérica no es la única región que padece esta problemática, puesto que en países de África al sur del Sahara, el registro de nacimiento de los niños menores de cinco años en las zonas rurales es menor al 50%, detalla el BM.

Cifras más exactas nos indican que para 2018, 1 de cada 4 personas en el mundo, que no poseía un documento de identificación, era niño o joven. Esto no significa que el resto estaba claramente identificado, pues muchos de los documentos de identidad legal de los infantes eran de mala calidad y no se podía corroborar su fiabilidad, añade la entidad.

Esta problemática afecta principalmente a los países con economías de bajos ingresos, como Guinea ecuatorial, Mauritania, Etiopía, Angola, Uganda, y buena parte de Latinoamérica donde existen personas que no han sido registradas legalmente.

En Zambia, el registro de nacimientos ha aumentado del 14,3% al 84%, a partir de 2022, producto del trabajo que la ONU y otros organismos han estado desarrollando con el gobierno local.

“Adicionalmente a proporcionar una identidad legal desde el nacimiento hasta la muerte y de contribuir al mantenimiento de la seguridad interna, el sistema nacional integrado de registro proporcionará estadísticas vitales, fiables y oportunas con fines de planificación y prestación selectiva de servicios sociales a los grupos de población elegibles”, explicó Jacob Jack Mwiimbu, ministro de Interior y Seguridad Interna de Zambia.

Otro caso es Mozambique, un país donde se inscriben el 12,1% de las muertes y el 49% de los nacimientos. “Como parte del proyecto de mejoramiento del registro y de la base de datos nacional de identidad, el equipo de las Naciones Unidas en el país elaboró un plan para mejorar estas cifras y crear sistemas de registro civil, estadísticas vitales y gestión de la identidad”, detalló un comunicado de la ONU.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta esta iniciativa es la identificación de los desplazados por conflictos bélicos, como es el caso de Sierra Leona. Sobre este punto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros entes están “ayudando a las autoridades a integrar a la desplazada y apátrida población, de modo que las personas que carecen de documentos legales puedan adquirir un número nacional de identificación”, explica el organismo.

El desarrollo de cédulas por parte de la iniciativa de Identificación para el Desarrollo (ID4D) para las personas sin identificar, se basa en los 'Principios sobre la identificación para el desarrollo sostenible', que posee la entidad. Se trata de 10 propósitos fundamentales que se agrupan en tres categorías: Inclusión, diseño y gobernanza.

En el apartado de inclusión, el ID4D explica que los documentos de identificación son de carácter “universal”  y deben entregarse “sin discriminación”. A la par de eliminar todas las barreras que limiten el acceso o uso de estos documentos.

Sobre el diseño, la entidad menciona que se debe establecer una “identidad confiable, única, segura y precisa”. Hay que crear una plataforma “responsiva e interoperable” que registre todos los datos. Los estándares para el desarrollo de las cédulas deben ser “abiertos” para evitar la dependencia de proveedores de tecnología. Hay que “proteger la privacidad y la capacidad de acción de las personas mediante el diseño de sistemas”. Y se debe “planificar la sostenibilidad financiera y operacional” del proceso de entrega de cédulas.

En cuanto a la gobernanza, el  ID4D considera que es vital: establecer mandatos institucionales y procedimientos de rendición de cuentas claros, hacer que se cumplan los marcos legales y de confianza, mediante la supervisión independiente y la resolución de reclamaciones, y proteger los datos de personas, mantener la ciberseguridad y salvaguardar los derechos de las personas, mediante un marco legal y reglamentario amplio.