Un paso atrás

Actualizado
  • 10/07/2022 00:00
Creado
  • 10/07/2022 00:00
El 24 de junio de 2022 la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el Fallo Roe vs. Wade de 1973, que habilitaba el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense.
Manifestación a favor del aborto el 24 de junio en Nueva York

El 24 de junio de 2022 la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el Fallo Roe vs. Wade de 1973, que habilitaba el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense. Esto dio un paso atrás con respecto a los derechos de millones de mujeres estadounidenses pobres, que no tienen los medios para acudir a otra jurisdicción donde el aborto no sea prohibido. Lo escandaloso es que la diputada panameña Corina Cano, quien forma parte de la Comisión de la Mujer de la AN y tiene aspiraciones de presidirla (Y ahora, ¿quién podrá defendernos?), apoye la “Declaración de Ginebra” suscrita en su mayoría por países que tratan de imponer su cultura, creencias y religión en el plano internacional. Ella misma ha manifestado que la Biblia debe ser el libro sagrado de todos los panameños.

Lo malo es que la diputada Cano no está sola. Detrás de ella está el movimiento Pro Vida y Pro familia, que debería llamarse “Pro Muerte y Contra familias”, ya que las discusiones sobre el aborto no incluyen aspectos de vital importancia como la vida, la salud biológica y mental de la mujer y las consecuencias inmediatas que puede sufrir durante un proceso de gestación no deseado. Tampoco toma en cuenta las familias donde una boca más puede significar su desnutrición y hasta su destrucción. A este movimiento se suman las iglesias protestantes conservadoras, que intentan imponer sus agendas fundamentalistas en todos los países latinoamericanos, las campañas ¨con mis hijos no te metas” y la insistencia de la diputada Cano en registrar los no nacidos, para identificar abortos. Hay peligro de que los derechos reproductivos de la mujer panameña y su libertad, queden en manos de funcionarios y jueces que ponen sus creencias religiosas y patriarcales por encima de la justicia, como ha pasado en Estados Unidos.

Lo que más sorprende es que la diputada, siendo abogada, no conozca la posición política de nuestro país en cuanto al acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres establecidos en nuestra legislación. Panamá está suscrita a los dos convenios principales de derechos humanos de la mujer y ha promulgado innumerables leyes que los desarrollan a favor de la mujer y su autonomía, mientras que Estados Unidos ni siquiera es signatario de la Convención Belem do Para y ha firmado, pero no ratificado, la Convención CEDAW.

El nuevo gobierno del Presidente Biden se opone a este documento y ha retirado la firma y patrocinio de esta declaración. Si el mismo Estado proponente la retira, ¿Cómo puede pensar la diputada que el gobierno de Panamá debe suscribirla?

¿Cuáles son los antecedentes de este nefasto fallo de la Corte Suprema? Donald Trump prometió como candidato que sólo nombraría magistrados a la Corte que revirtieran la doctrina sobre el aborto. Con esa promesa logró los votos de una derecha religiosa que lo despreciaba, un grupo minoritario pero imprescindible para ganar la presidencia y una victoria que las urnas jamás le habrían dado. El resultado es que ha impuesto su fanatismo a través de una institución no electa. La nueva administración tiene muchas dificultades para revertirlo, ya que no tiene mayoría en el Congreso. El mensaje es demoledor: se pueden imponer políticas extremistas a las que ninguna mayoría democrática daría legitimidad, manipulando las instituciones. Según CNN el 60% de las mujeres estadounidenses quieren el aborto.

Es obligación de nuestro Gobierno proveer a sus asociados un marco legal adecuado, que aporte a las mujeres información y servicios para evitar enfermedades de transmisión sexual y les permita planificar su familia de manera responsable, de acuerdo con sus convicciones y posibilidades. Ningún Estado tiene derecho a obligar a nadie a tener menos ni más hijos de los que quiere. Es necesario agregar la interrupción del embarazo por razones económicas a nuestro Código Penal, como existe en otros países. Desde el año 2008 hasta el 2019 se han reportado, según cifras de la Contraloría General de la República, 1,355 muertes a causa de desnutrición. De esos, 488 son menores de cinco años. ¿Pro Vida?

El fallo sobre Roe vs Wade afectará a todas las mujeres del pueblo estadounidense, pero sobre todo a las mujeres empobrecidas, negras, latinas y migrantes. Esto ha generado una reacción en cadena con efectos en varios países. Francia, por ejemplo, propone incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y varios grupos parlamentarios han anunciado proposiciones de ley para inscribir al aborto como un derecho fundamental en la Constitución francesa.

Lo importante de este nefasto fallo es que constituye una advertencia de que no podemos dar nada por conseguido en cuanto a derechos de las mujeres. Debemos seguir alertas y en la lucha.

La autora es abogada y feminista.

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