De la imposición a la rebelión: así estalló la revolución en San Blas en 1925

La madrugada del 22 de febrero de 1925 no fue una más en el archipiélago de San Blas. En varias islas del Caribe panameño, hoy parte de la Comarca Guna Yala, grupos de hombres gunadule se levantaron contra los destacamentos de la policía nacional.

Lo que para el Estado era un intento por “civilizar” y consolidar su presencia en la región, para el pueblo guna se había convertido en una amenaza directa contra su identidad, su autoridad tradicional y su territorio. Así comenzó la llamada Revolución Guna —también conocida como Revolución Dule—, uno de los episodios más determinantes en la historia indígena de Panamá.

Tras la separación de Panamá de Colombia en 1903, el nuevo Estado emprendió un proceso de afirmación territorial que incluyó regiones históricamente autónomas. En el caso de San Blas, la presencia estatal fue tardía pero creciente. Funcionarios, maestros y policías fueron enviados con la misión de integrar a los gunadule al proyecto nacional.

Sin embargo, esa “integración” adoptó formas que la población local percibió como imposiciones. De acuerdo con el historiador James Howe en Un pueblo que no se arrodillaba: Panamá, los Estados Unidos y los Kunas de San Blas (2004), las autoridades impulsaron campañas para modificar la vestimenta tradicional de las mujeres, prohibir prácticas rituales y sustituir las autoridades comunitarias por representantes afines al gobierno central.

El uso obligatorio de ropa occidental y la presión para abandonar adornos tradicionales como las molas o las chaquiras no eran simples cambios estéticos: tocaban fibras profundas de la identidad guna.

Las escuelas estatales, además, promovían el castellano como lengua exclusiva de instrucción, relegando el dulegaya. En paralelo, se organizaron carnavales y activiadores como Howe y por historiadores panameños como Celestino Araúz y Patricia Pizzurno en dades “civilizadoras” que buscaban desplazar las celebraciones y formas organizativas propias. Para los sáhilas (máximas autoridades tradicionales), estas medidas representaban una erosión sistemática de su cosmovisión y estructura social.

El punto de quiebre no fue únicamente cultural. La presencia policial en las islas generó fricciones constantes. Testimonios recogidos por investigadores como Howe y por historiadores panameños como Celestino Araúz y Patricia Pizzurno en Estudios sobre el Panamá Republicano (1903–1989) (1996) dan cuenta de abusos, detenciones arbitrarias y castigos físicos contra quienes se resistían a abandonar sus prácticas tradicionales.

En varias comunidades se denunciaron actos de humillación pública contra mujeres que mantenían su vestimenta ancestral. La imposición de normas externas, respaldadas por la fuerza armada, fue percibida como una intromisión directa en la autonomía interna que los gunadule habían ejercido durante siglos, incluso durante el período colonial.

A esta tensión se sumaba la preocupación por el territorio. Aunque la región no experimentaba todavía la presión extractiva de décadas posteriores, existía el temor de que concesiones a empresas extranjeras y colonos no indígenas abrieran la puerta a un despojo progresivo. La defensa cultural estaba íntimamente ligada a la defensa de la tierra.

Frente al creciente malestar, los líderes gunas comenzaron a articular una respuesta. Figuras como Nele Kantule, reconocido sáhila y estratega político, y Simral Colman desempeñaron un papel clave en la coordinación entre comunidades.

A inicios de 1925 se celebraron reuniones en distintas islas para evaluar la situación. En Ailigandí, según documenta Howe, se realizó un congreso en el que participaron representantes de múltiples poblados. Allí se discutió no solo la resistencia cultural, sino la posibilidad de una acción armada para expulsar a la policía y obligar al gobierno a negociar.

El contexto internacional también influyó. La presencia estadounidense en la Zona del Canal y las tensiones diplomáticas de la época creaban un escenario complejo. Algunos relatos históricos señalan contactos informales entre líderes gunas y ciudadanos estadounidenses residentes en la región, aunque la dimensión exacta de ese apoyo sigue siendo materia de debate académico.

La noche del 21 al 22 de febrero de 1925 marcó el inicio del levantamiento. En varias islas, grupos armados de gunadule atacaron cuarteles y puestos policiales. El objetivo era claro: expulsar a las fuerzas estatales y recuperar el control local.

En los enfrentamientos murieron tanto policías como indígenas. Las cifras varían según las fuentes, pero se estima que alrededor de una veintena de personas perdió la vida durante los días de conflicto. La violencia fue breve pero intensa, y tuvo un fuerte impacto simbólico.

Tras los primeros ataques, los líderes proclamaron la llamada “República de Tule”, un gesto político que buscaba subrayar su derecho a la autodeterminación. Más que un proyecto estatal consolidado, fue una declaración de principios: el pueblo guna no aceptaría la imposición cultural ni la negación de sus autoridades tradicionales.

Las razones de fondo

Más allá del episodio armado, el inicio del conflicto revela tensiones estructurales entre un Estado nacional en proceso de consolidación y un pueblo indígena con una identidad cohesionada y una larga tradición de autonomía.

Para los gunadule, la defensa de la vestimenta, el idioma y las ceremonias no era un acto folclórico, sino una afirmación política. La organización comunitaria —basada en congresos y en la autoridad de los sáhilas— constituía un sistema de gobierno propio que el Estado no supo o no quiso reconocer en ese momento.

Desde la perspectiva gubernamental, en cambio, la homogeneización cultural era vista como requisito para la construcción de la nación. La tensión entre diversidad y unidad se resolvió inicialmente mediante la imposición, lo que terminó detonando la rebelión.

Aunque esta crónica se centra en el arranque del conflicto, es imposible desligarlo de su desenlace inmediato. Tras varios días de enfrentamientos y ante el riesgo de una escalada mayor, el gobierno panameño optó por la negociación. El 4 de marzo de 1925 se alcanzó un acuerdo que garantizaba el respeto a las costumbres y formas de organización guna a cambio del cese de hostilidades.

Ese pacto sentó las bases para un proceso que, años después, culminaría en el reconocimiento formal del territorio como entidad administrativa especial, hoy conocida como Comarca Guna Yala. La revolución no solo frenó políticas de asimilación inmediata, sino que abrió un precedente jurídico y político sobre los derechos indígenas en Panamá.

A más de un siglo del levantamiento, la Revolución Guna de 1925 sigue siendo un referente en los debates sobre autonomía, multiculturalidad y derechos colectivos. Su inicio no fue un estallido espontáneo, sino el resultado de años de fricción acumulada entre un proyecto estatal centralizador y un pueblo decidido a no renunciar a su identidad.

Como sostiene Howe, los gunas no se levantaron para aislarse del país, sino para redefinir los términos de su pertenencia. La madrugada del 22 de febrero fue, en esencia, la expresión de un límite: hasta aquí llegaba la imposición. Lo que vino después —la negociación, el reconocimiento y la consolidación de la comarca— no puede entenderse sin ese momento fundacional en el que un pueblo decidió defender, con las armas si era necesario, su derecho a existir según sus propias normas.

La Revolución Guna comenzó como un acto de resistencia cultural y se transformó en un hito político. Su origen revela que la construcción de la nación panameña no fue un proceso lineal, sino un diálogo —a veces violento— entre proyectos distintos de comunidad. Y en ese diálogo, la voz guna logró abrirse paso.