Diez años de turbulencia política

Los últimos 10 años dejarán sin duda una huella profunda en la política panameña. El nuevo siglo llegó abriéndose paso en una década llena de turbulencias y sobresaltos en la vida pública por la corrupción y la desidia que costó en estos 10 años, 17.6 millones de dólares según la Contraloría General.

El incidente que marcó la década llegó a comienzos de 2001 cuando Carlos Afú, en aquellos días legislador del PRD apareció una tarde abanicando billetes que, aseguraba, le habían entregado por votar a favor de una concesión millonaria.

Según el diputado que se defendía de acusaciones en su propio partido, quienes estaban vendiendo los votos eran los dirigentes del PRD que le habían entregado 6 mil dólares a todos los legisladores perredistas por votar a favor de la concesión de tierras para crear el Centro Multimodal Internacional y de Servicios, inmortalizado como el caso “CEMIS”.

Este caso, que fue reabierto en julio de este año, constituye para muchos el emblema de la corrupción en el país, pues involucra a los tres órganos del Estado y sus actores siguen activos en la vida política.

Durante la presidencia de Mireya Moscoso (1999-2004) los escándalos de malos manejos de fondos estuvieron a la orden del día.

Entre ellos destaca el hundimiento del helicóptero HP-1430, una confusa historia en la que, ocho años después, no se han logrado esclarecer los hechos.

En febrero de 2001 el helicóptero naufragó con personal de la presidencia dentro. La empresa propietaria de la aeronave cobró 1.8 millón de dólares por el seguro, solo dos meses después del accidente sin que concluyeran las investigaciones, y se dispararon las sospechas. La confusión creció cuando se supo que agentes del Servicio Marítimo Nacional habían recibido órdenes de hundir el helicóptero a balazos.

Taiwán donó durante el gobierno de Moscoso 58.7 millones de dólares, que fueron depositados a nombre de las fundaciones “Mar del Sur” y “Fundación Pro Educación Integral de la Niñez”, administradas por Ruby Moscoso, hermana de la presidenta y quien se desempeñaba como primera Dama. Las ONG's habían sido creadas por el gobierno para administrar la donación y “evadir la burocracia”.

Con esos dineros, se construyó el Hospital José Domingo De Obaldía por $45 millones en Chiriquí y el Museo del Tucán.

En 2004 se encontró que el museo, que costó $ 13.7 millones, era solo una gran galera vacía. Se inició una investigación pero a comienzos de 2009, la Corte Suprema dictaminó que los manejos de esas fundaciones no podían ser auditados por la Contraloría, “eran privados”.

Meses después, Shen Shu Bian, presidente de Taiwan cuando se hicieron las donaciones, fue sentenciado a cadena perpetua por corrupción.

El hijo de Omar Torrijos, Martín, llegó a la presidencia en septiembre de 2004, tras su segundo intento, con una alianza denominada Patria Nueva que obtuvo el 46% de los votos.

A medio mandato, más de un millón de dólares provenientes del FECE (Fondo de Equidad y Calidad de la Educación) fueron desviados por la jefa del despacho de San Miguelito, Joaquina Gallardo, a través de una serie de contratos con proveedores falsos y cheques a terceros. El caso, está aún en los tribunales.

La sociedad aún intentaba recuperarse del impacto por el desfalco en el FECE y una nueva ola de “chanchullos” golpeó al Ministerio de Educación.

A finales de 2007 se descubrió que en cientos de escuelas, la falta de mantenimiento de los cielo rasos de fibra de vidrio provocava alergias y riesgos a la salud.

Para resolver el problema, el Ministerio contrató directamente a empresas por la “emergencia”. Sin embargo, la fibra no desapareció, pero los dineros sí. Cerca de $ 10 millones se dilapidaron en contratos “brujos”, por los cuales Belgis Castro, entonces Ministro de Educación, se encuentra hoy detenido.

El 20 de octubre de 2008, la denuncia de un crimen cometido en 1970 sacudió nuevamente al país cuando se reveló que el Ministro de Gobierno y Justicia de Martín Torrijos, Daniel Delgado Diamante, quien había sido un alto oficial del ejército durante la dictadura, había tenido un incidente con un subordinado, el cabo Andrés García, en el cual Delgado Diamante le disparó ocasionándole la muerte.

Delgado Diamante alegó defensa propia, pero nunca fue juzgado. Luego de 38 años, una investigación periodística obligó a Delgado Diamante a salir del Gabinete y a la apertura del caso.

A comienzos de 2005 otro escándalo sacudió al país. El magistrado Adán Arnulfo Arjona denunció que sus colegas Arturo Hoyos, Winston Spadafora y Aníbal Salas habrían comprometido varios de sus fallos en casos vinculados al narcotráfico. La gravedad fue tal que el entonces presidente de la República Martín Torrijos creó la Comisión de Estado por la Justicia, que emitió una serie de recomendaciones entre ellas, la creación de un nuevo sistema para designar a los magistrados de la Corte. Las denuncias de Arjona, sin embargo, quedaron en el limbo y la efectividad de las recomendaciones aún está por verse.

“El gran defecto que tiene nuestro país es la impunidad, la ineficacia de la justicia", asegura la escritora Rosa María Britton. “Aquí tenemos el escándalo del mes como diversión. Luego sigue otro y otro, y nunca pasa absolutamente nada”.

En medio de la campaña presidencial de 2009, otro escándalo sacudió la arena política. En noviembre de 2008 el colombiano David Murcia Guzmán fue arrestado en Panamá y trasladado a Colombia, acusado de captación ilegal de fondos y vínculos con el narcotráfico.

Murcia, había creado en el país un emporio empresarial de 218 sociedades anónimas y 30 millones de dólares, en Panamá.

En febrero siguiente desde su cárcel en Bogotá aseguró haber hecho una “inversión” de seis millones de dólares a la campaña del PRD, de los cuales tres millones serían para la candidata presidencial Balbina Herrera y los otros tres para el candidato a la Alcaldía Roberto “Bobby” Velásquez. Los señalamientos de Murcia no se comprobaron pero crearon una sombra sobre la campaña oficialista de la cual no pudieron despojarse.

En las postrimerías de la década, Panamá fue testigo de otro hecho que pocos habrían imaginado 10 años antes: el derrumbe del PRD, el partido creado por el general Omar Torrijos, que durante diez de los últimos viente años (dos periodos de cinco años intercalados) había dirigido los destinos de la nación con figuras como Ernesto “Toro” Pérez Balladares y el propio hijo de Torrijos, Martín.

Las promesas incumplidas, los escándalos de corrupción y la sensación -particularmente durante el último quinquenio- de estar navegando en un barco sin capitán finalmente hicieron mella en el PRD que, debilitado, dividido y sin un liderazgo claro, terminó por perder el respaldo de los electores, que optaron por ensayar una nueva opción.

Como consecuencia llegó a la presidencia, Ricardo Martinelli, quien a la cabeza de la coalición “Alianza por el Cambio” logró derrotar al PRD con más del 60% de los votos.

El que un día se consagró como el partido con más respaldo popular en la historia de Panamá – cerca de 700 mil adherentes en 2008- ,quedaba en la indigencia electoral. “Como consecuencia de las elecciones, el PRD se sumergió en una profunda crisis política con resultados similares a los de 1990 y perdió gran cantidad de adherentes”, observa el sociólogo Marcos Gandásegui, para quien el hecho político de mayor trascendencia en la década ha sido precisamente la derrota del PRD y la llegada de Martinelli al poder. Aunque en su opinión los cambios introducidos por Martinelli hasta ahora “son puramente cosméticos”, la prueba de fuego tendrá lugar en la discusión de las reformas electorales, donde se definirá el papel y el espacio que obtendrán los grupos y candidatos independientes en la próxima contienda electoral.