Los autistas en Brasil acaban aislados y sin escolarizar, dicen sus familias

Los autistas en Brasil, pese a que pueden llegar a 2 millones según las proyecciones de los estudios científicos, carecen de oportunidades para estudiar y participar productivamente en la sociedad, denuncian sus familiares.

Teniendo en cuenta los cálculos de un estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos según el cual hoy existe un caso de autismo por cada 110 personas, el número en Brasil, un país que cuenta con 200 millones de habitantes, puede acercarse a los 2 millones.

A pesar de esta cifra abultada, los autistas se encuentran en una situación de desamparo en Brasil, donde "no hay ni un censo para saber cuántos son", denunció a Efe la periodista brasileña Andrea Bussade, madre de un chico autista.

Los autistas, una vez diagnosticados, tienen que enfrentar "la barrera de la búsqueda de un tratamiento, especialmente por la falta de profesionales preparados para lidiar con el transtorno, sobre todo en la red pública", de acuerdo con un estudio de la Universidad de Sao Paulo (USP) que refuerza las denuncias de Bussade.

La Asociación Brasileña para la Acción por los Derechos de las Personas con Autismo (Abraça, por sus siglas en portugués) denunció en mayo pasado ante el Congreso que "a menudo, el diagnóstico del autismo se utiliza como justificación para la situación degradante" en la que viven quienes padecen la enfermedad.

"El aislamiento y la negligencia es lo que agrava la condición del individuo y la desigualdad a la que se somete" a estas personas en el seno de la sociedad, apuntó la Abraça. Pese a que en 2012 la ley de protección de los derechos de las personas con transtorno de espectro autista reconoció que los autistas en Brasil tienen el derecho de acudir a escuelas regulares y solicitar, en caso de necesidad, acompañamiento especial para estas personas, la legislación no es respetada.

Las leyes de inclusión "son solo papel", asegura Bussade, quien agrega que Río de Janeiro no ofrece posibilidades educativas reales para autistas, porque no hay un currículum adaptado para ellos en ninguna escuela, aunque desde el Gobierno se diga hay "centros aptos para autistas".

Un estudio publicado en 2017 por la USP, basado en una investigación realizada en 13 centros de Atención Psicosocial Infanto-Juvenil (CAPS) en la región metropolitana de Río, confirma esta denuncia, ya que concluye que el 48 % de los autistas de entre 4 y 17 años no acude a la escuela.

"Ni aunque tengas capacidad económica puedes colocar a tu hijo en una escuela, primero porque no le aceptan -a pesar de la obligación de las leyes-, y segundo porque no tiene un método específico" para ellos, lo que acaba por desesperar a estos niños que se ven incapaces de aprender, dijo Bussade. "Dicen que no tienen plazas disponibles cuando saben que los niños tienen problemas, si tu hijo no tiene problemas entonces sí que hay espacio", denunció.

Bussade recuerda con desespero la retahíla de centros públicos y privados por los que su hijo, que ahora tiene 18 años, tuvo que pasar sin alcanzar una experiencia educativa exitosa en ninguno. En los colegios en los que "estuvo de los 5 a los 10 años, tuvo problemas todos los días" y desde que cumplió los 10 "no va a la escuela, está en casa", manifestó.

La mayoría de escuelas no aceptan a autistas a partir de esta edad, por lo problemáticos y difíciles que pueden ser en el contexto de una clase regular, de manera que la mayoría se pasan el día en sus casas o acuden tan solo 40 minutos al colegio, explicó. El tratamiento para estas personas es caro, "los medicamentos, el neurólogo, todo lo es, el método (de estudios desarrollado para autistas) teacch es carísimo, y eso me lleva a pensar en los miles de personas que no tiene capacidad económica para pagarlo", porque al final toda la responsabilidad del cuidado y educación de los autistas recae sobre las familias, subrayó.

"Conozco a una madre que tuvo que enjaular a su hijo, porque él le pegaba, y no tenía a nadie que le ayudara ni, dinero para contratar a alguien", contó. Con el fin de evitar este tipo de situaciones, Abraça reivindica en sus manifiestos que el Estado "debe apoyar a las familias de las personas con discapacidad proporcionando información y servicios para asegurar el derecho de vivir y de ser incluido en la comunidad, y así prevenir situaciones de violencia, negligencia y abandono".