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17 de May de 2022

Planeta

ONGs exigen trabajo en equipo

PANAMÁ. Las leyes y las autoridades panameñas, a las que se les exige velar por la salud y el bienestar de los animales que deambulan po...

PANAMÁ. Las leyes y las autoridades panameñas, a las que se les exige velar por la salud y el bienestar de los animales que deambulan por las calles, continúan sin brindar respuestas sobre las soluciones necesarias para hacerle frente a la sobrepoblación de gatos y perros en nuestro país. Tampoco garantizan la aplicación de las leyes existentes para mejorar su calidad de vida y evitar el maltrato. Así lo afirman agrupaciones protectoras de animales en nuestro país que reclaman ese apoyo.

El sábado pasado, la Asociación Amigos de los Animales y la Naturaleza (AAAN) presentó ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) la denuncia formal por el caso del perro que recibió dos disparos en la urbanización San Antonio, ubicada en el corregimiento Rufina Alfaro, del distrito de San Miguelito. ‘La denuncia la tuvo que poner la asociación porque ninguno de los que presenció el hecho quiere dar la cara. El hecho de que suceda un crimen o un acto de crueldad contra un animal no quiere decir que se hará cumplir la ley (70 de 2012) porque la ley no hace justicia…’, comentó Andrea Guevara, directora ejecutiva de la AAAN.

Hoy en día todo está en manos de la Ley 70 de protección a los animales domésticos, creada en octubre de 2012 en la Asamblea Nacional.

En el artículo 15, esta ley establece las sanciones que deben ser aplicadas contra los maltratadores, que van desde multas de $100 a $1,000. Sin embargo, a la hora de ponerla en práctica es cuando surgen los problemas, aseguran protectores de animales.

‘Siempre ha estado en manos del ciudadano denunciar los maltratos, pero es muy difícil que se haga cumplir la ley. Hay cobardía y frescura por parte de la gente y las autoridades’, opinó Karina Bazán, representante de la Fundación Ángeles de los Animales.

Sumado a esto, estas agrupaciones no cuentan con la infraestructura ni la logística adecuada para mantener todo un sistema de denuncias como el que se requiere.

‘Si de verdad uno quiere ayudar a un animal hay que denunciarlo y darle seguimiento. Así nosotros podemos llamar a las corregidurías y ofrecerles ayuda. Si la gente no denuncia, nunca va a haber un caso que seguir’, concluyó Bazán.

Por otra parte, Andrea Guevara opinó que ‘la ley es solo un papel escrito absurdo si no se hace cumplir’, en relación a si la ley 70 se cumple o no. ‘Tampoco existe el trabajo por parte de los entes responsables, como son el gobierno o los municipios, en educar a los policías y a los corregidores para que la conozcan y la hagan cumplir’, agregó Guevara.

En el año 1941 la Ley 12 sobre protección a los animales generó la creación de la Oficina Humanitaria. Esta oficina escuchaba las quejas referentes al maltrato de los animales domésticos y su abandono, controlaba el uso de animales en carreras cuando no estaban en buenas condiciones, dictaba los reglamentos en el desarrollo de la ley e imponía las multas o arrestos correspondientes. Las normas existían desde entonces, pero ¿se resolvió el problema?

La Ley 70 establece en su artículo 19 que el ciudadano deberá denunciar cualquier maltrato contra los animales a la Policía Nacional, a la DIJ, a los corregidores, a los inspectores municipales, a la ANAM, a la ARAP o al MIDA, pero esta parece no ser la solución.

SOLUCIONES

Los dos puntos más importantes en los que coin ciden las organizaciones que operan en Panamá para salvaguardar la vida de perros y gatos abandonados en las calles son la realización de jornadas de esterilización que además sean apoyadas por las autoridades, que actualmente no se involucran ni logística ni económicamente.

Además, las organizaciones están de acuerdo en que crear perreras municipales no solucionará nada. ‘Eso sería una locura, ese modelo se ha ido erradicando a nivel mundial, no es calidad de vida para los animales, eso sería levantar la alfombra y meter el polvo por debajo, la solución es educar, esterilizar y hacer cumplir la Ley’, aseguró Viviana Rodríguez, coordinadora de la Fundación San Francisco de Asís.