Colombia advierte sobre catástrofe

Actualizado
  • 27/12/2015 01:00
Creado
  • 27/12/2015 01:00
La Corte Constitucional de Colombia anuló el decreto presidencial que permitió iniciar el llenado del embalse de la hidroeléctrica El Quimbo

El ministro de Agricultura de Colombia, Aurelio Iragorri, advirtió de que el país podría sufrir una catástrofe ambiental por el cierre de la hidroeléctrica de El Quimbo, la segunda más grande de Suramérica, ubicada en el departamento del Huila (sur).

‘Queremos advertirle al país sobre la gravísima situación que se está presentando en la represa de Betania, en donde hay 19 mil peces en cultivo. Impedir el flujo de agua tiene consecuencias catastróficas teniendo en cuenta el proceso de descomposición de la materia orgánica que representa un veneno para los peces', explicó Iragorri en una declaración a periodistas.

En este sentido, señaló que la puesta en marcha de las turbinas de El Quimbo genera la oxigenación necesaria para garantizar la vida de la fauna y flora de la región, la suspensión afecta gravemente el empleo y la seguridad alimentaria de los productores de la zona.

El pasado 10 de diciembre la Corte Constitucional de Colombia anuló el decreto presidencial que permitió iniciar el llenado del embalse de la hidroeléctrica El Quimbo, por lo que tuvo que parar sus operaciones.

PROBLEMAS DE AGUA

Iragorri señaló que si no se permite el flujo de agua la central hidroeléctrica, cuando se abra ‘el agua quedará envenenada y sin oxigeno' por lo que ‘va a matar a todos los peces de la represa'.

Asimismo, explicó que eso podría afectar a la producción de tilapias en las piscifactorías de la zona y recordó que Colombia es el segundo exportador de esos peces a Estados Unidos.

‘Cada día que pasa es más grave, sigue disminuyendo la cantidad de agua y no es posible que acabemos de un solo tajo con la producción piscícola más importante del país, con las consecuencias que conlleva derivados en los problemas de salud y ambientales para la región', concluyó.

El proyecto El Quimbo fue adjudicado en marzo de 2008 a Emgesa, empresa que pertenece al grupo italiano Enel.

La inversión total del proyecto requirió un total de $1,200 millones.

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